martes, 16 de enero de 2018

España, a contracorriente: cada vez más países endurecen la concesión de ayudas sociales

Diego Sánchez de la Cruz muestra la distinta tendencia que está produciéndose en los países desarrollados de Occidente, y el opuesto camino que recorre España al respecto de la concesión de ayudas sociales. 
Y es que pese a las falsas promesas, el creciente e insostenible gasto estructural de los países occidentales, incentivado por las promesas políticas, las regalías y compra de votos, la demagogia política y el populismo, así como el cortoplacismo (gasto a corto plazo mientras gobierno, ya lo pagará otro) llevan a destrozar las economías, dilapidar el capital ahorrado durante generaciones, fagocitar la creación de riqueza, reducir la productividad, desincentivar el ahorro, la inversión y el emprendimiento, estancar el crecimiento, aumentar los impuestos, reducir los salarios, trabar la generación de empleo, imposibilitar la independencia financiera de la gente, haciendo dependientes a cada vez más personas, provocar creciente conflicto social y luchas de poder entre lobbies y grupos de presión varios por hacerse con las herramientas de poder político y presionarles para adquirir crecientes ventajas y privilegios a costa del resto de la sociedad. 

La implosión de los mal llamados Estados del bienestar trae trágicas consecuencias a muchos niveles, y vamos lanzados de cabeza al pozo...
Artículo de Libre Mercado: 
Austria, uno de los países que endurece las ayudas sociales | Efe
Spain is different. Para bien o para mal, nuestro país suele moverse cómodo nadando a contracorriente. Una nueva muestra de ello la tenemos en el terreno fiscal, donde nuestros políticos insisten una y otra vez en aumentar las ayudas sociales, pese a que cada vez son más los gobernantes de Occidente que abogan por hacer todo lo contrario y limitar el acceso a dichos programas de gasto público.
Quizá el primer paso lo dio en Alemania hace quince años el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schroeder, cuando las distintas reformas laborales diseñadas por la Comisión Hartz se tradujeron en un replanteamiento del subsidio por desempleo. El país teutón optó por recortar los beneficios concedidos a los desempleados, limitar el derecho a rechazar ofertas laborales y seguir cobrando la prestación, aumentar el umbral mínimo de cotización para percibir las ayudas…
El segundo movimiento significativo tuvo lugar hace ocho años en Reino Unido. El entonces primer ministro, David Cameron, anunció que su intención era imponer un tope a las transferencias y ayudas sociales que puede recibir cada familia. En 2012, la propuesta de Cameron había entrado en vigor, con un techo de 26.000 libras por hogar y año. Cuatro años después, en 2016, el gobierno tory le dio una nueva vuelta de tuerca a este programa y fijó el nuevo tope en 20.000 libras.
Austria, Suiza y EEUU
Algo similar es lo que acaba de plantear el nuevo Ejecutivo de Austria, liderado por el joven Sebastian Kurz. El nuevo primer ministro ha llegado al gobierno prometiendo "revisar los programas de ayudas sociales, que están mal diseñados y deben ser revisados". El objetivo es cerrar el grifo de ayudas a los inmigrantes que no hayan trabajado y cotizado y adoptar un tope de 1.500 euros mensuales por familia que aplicaría al resto de la población.
Otro ejemplo reciente es el de Suiza. Desde el pasado 1 de enero, el país helvético niega la ciudadanía a cualquier trabajador extranjero que haya percibido ayudas sociales en los últimos tres años. La norma contempla, eso sí, la posibilidad de desactivar este veto si se devuelven al Estado los pagos recibidos.
Estados Unidos podría sumarse pronto a esta lista. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, está preparando un documento orientado a reducir el presupuesto asistencial a base de introducir condiciones más exigentes para el cobro de los subsidios. La Casa Blanca tiene otras prioridades en 2018, pero Donald Trump sí ha admitido que está dispuesto a hablar de recortes en distintos programas que suman un gasto total de 275.000 millones de dólares. ¿Llegará el debate a España?

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