Las intenciones del PSOE y Podemos de acabar con la separación de poderes y la independencia judicial (aún más) es ya manifiesta tras múltiples declaraciones y amenazas públicas contra dicha institución. Es la primera fase, llevada a cabo siempre en las repúblicas bananeras, populistas y bolivarianas de las que tanta afinidad (y estrategias compartidas y estudiadas) tienen alguno de los socios de gobierno.
Destruir esta independencia y poner la institución bajo su control absoluto es requisito imprescindible para maniatar a la sociedad, situarse por encima de la ley (y controlar la ley a su antojo), obtener impunidad y aumentar el control de la sociedad, sometiendo y persiguiendo al discrepante y dando rienda suelta a sus arbitrariedades, instalándose permamentemente en el poder.
Luís P. Arechederra se hace eco de la denuncia de diversas asociaciones de Jueces contra PSOE y Podemos en su intento (propuesta) de controlar la carrera judicial desde la base en un nuevo atentado contra la independencia judicial.
Artículo de ABC:
Carlos Lesmes, el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo - EFE
Dos asociaciones de jueces han criticado ya la propuesta para modificar el acceso a la carrera judicial que PSOE y Podemos han incluido en su acuerdo de gobierno. Una de ellas, Foro Judicial Independiente, ha elevado la voz con dureza y denuncia que el plan del futuro gobierno pretende controlar «desde la base» la carrera judicial.
«Estamos convencidos de que la propuesta de reforma no intenta mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, sino de controlarlo desde la base. Para algunos no es suficiente el control que se le hace en la elección de cargos discrecionales desde el CGPJ. La prueba está en que este debate no se ha trasladado a la forma de acceso a otros cuerpos de la Administración», manifestó la asociación en un comunicado difundido el pasado lunes, tras conocerse la hoja de ruta del próximo Gobierno de coalición.
El colectivo de jueces presidido por Concepción Rodríguez lamenta que ese asunto sea la principal preocupación de PSOE y Podemos en relación a la Justicia, a pesar de la «grave situación de colapso y falta de medios» que sufre el sector. Para Foro Judicial Independiente, la propuesta supone un «nuevo atentado a la independencia judicial» y prueba la «falta de interés»de los socios de gobierno por abordar los problemas reales de la Justicia.
Mérito y capacidad
El punto polémico está incluido en un apartado del programa denominado «Justicia eficaz», que incluye varios puntos. El texto literal, que no desgrana la concreción del plan, asegura que se establecerán «mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes».
Una intención sin perfilar pero que podría alterar de arriba abajo el actual modelo opositor, que se basa en los principios de mérito y capacidad. El actual sistema, regulado a partir del artículo 301 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, garantiza la igualdad de acceso a todos los ciudadanos que superen el proceso, que se articula con objetividad y transparencia. Este modelo pretende garantizar el nivel profesional para ejercer la función jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
En su comunicado, Foro Judicial Independiente también reflexiona sobre el formato actual y asegura que no se oponen a «perfeccionar» el sistema de oposición libre. «El sistema actual, consistente en la oposición, estancia en la Escuela Judicial, y prácticas en los juzgados garantiza el conocimiento del Derecho y demuestra otras cualidades personales y valores como el esfuerzo, el compromiso y la templanza, que también son importantes en esta actividad», asegura el colectivo.
Además de Foro Judicial Independiente, también se ha pronunciado la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a 1.500 jueces de un total de 5.000. La APM ironizó en su cuenta en la red social Twitter sobre la paradoja de que el acceso a la carrera judicial sea el único modelo que se pretenda modificar. «Un sistema objetivo en el que la mayoría de aprobados son mujeres, no por el hecho de serlo sino por la probada demostración objetiva de sus amplios conocimientos, como todos», señalaba el colectivo de jueces en su mensaje.
Justicia universal
Sobre el número de mujeres, Foro Judicial Independendiente también se pronuncia y asegura que dos de cada tres personas que acceden a la carrera judicial por el sistema vigente son mujeres, una «proporción que no se da en sistemas de acceso por concurso oposición o por libre designación». «Los argumentos que se usan para fundamentar la propuesta de reforma son falaces y no tienen base real», concluye sobre ese aspecto el colectivo, que sí defiende un sistema de becas públicas para opositores con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de aquellos con menos recursos.
El pacto entre PSOE y Podemos también incluye una propuesta para modernizar la administración de Justicia, agilizando la tramitación de los expedientes; y una reforma de la ley que regula el proceso penal para eliminar los plazos de instrucción que impulsó el gobierno de Rajoy. Otra asignatura prevista sería modificar la ley de justicia universal, una norma que fue acotada por el PP para limitar las causas «quijotescas» por crímenes graves cometidos en cualquier lugar del mundo.
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