Las residencias de ancianos, grandes sufridoras de la pandemia se han sentido abandonados cuando eran de imperiosa necesidad la ayuda con lo que exigen abrir una investigación judicial para dirimir las responsabilidades de la administración en la gestión de este asunto.
Artículo de Libertad Digital:
Trabajadores sanitarios trasladan a ancianos que han dado positivo en el test de coronavirus. | EFE
El Gobierno no ha querido o no ha podido concretar el número de ancianos que han muerto en las residencias de mayores a consecuencia del coronavirus o con síntomas similares. Pero los datos enviados por las comunidades autónomas y que ya están en poder del Ministerio de Sanidad dicen que unos 16.000 ancianos habrían muerto desde que se desató la pandemia. Esto supondría que siete de cada diez muertos con coronavirus en España estaba en una residencia de ancianos, siempre ateniéndose a los datos ofrecidos por la cartera de Salvador Illa.
Como publicó Libertad Digital hace unos días las residencias de ancianos se vieron obligadas a compran test privados ante la falta de abastecimiento del Gobierno, una denuncia que corrobora este martes el director del Grupo Bastón de Oro, una empresa con 20 años de experiencia y que regenta siete residencias de ancianos en Madrid, Barcelona y Tarragona. Miguel Jiménez Cervera asegura en La Vanguardia que, según sus proveedores, "el Gobierno prohibió la venta de EPI a las residencias de ancianos".
Jiménez denuncia la falta de medios materiales que tuvieron cuando se inició la epidemia de coronavirus y cómo la administración no atendió las reiteradas peticiones que hicieron desde sus centros: "Nos encontramos con una situación para la cual no estábamos preparados, porque nosotros no teníamos que prepararnos para esta situación porque no la esperábamos, pero sí los medios gubernamentales y el Ministerio de sanidad y no se habían preocupado".
"El Gobierno incautó los medios de protección en todos los centros, incluso en clínicas y hospitales y todos hicieron lo que hicimos nosotros: hacer las mascarillas manualmente y hacer las batas de protección manualmente. Fuimos mejorando las EPI pero teníamos muchos empleados contagiados", lamenta. Por eso, se dieron cuenta de que "la única forma de paliar este problema era aislar a todos los residentes de nuestras residencias".
Miguel Jiménez asegura que han sido "los grandes olvidados, lo que es un absurdo porque según las estadísticas el 87% de fallecidos en este tiempo son mayores de 80 años y porque proveedores nuestros nos han dicho que el Gobierno les ha prohibido expresamente vender a las residencias".
El presidente del Grupo Bastón de Oro está convencido que cuando se supere la crisis del coronavirus habrá que abrir una investigación judicial para dirimir las responsabilidades de la administración en la gestión de este asunto: "Una vez que pase esta crisis tendrá una repercusión judicial porque este abandono no puede pasarse por alto. El sentimiento que tenemos de abandono es profundísimo".
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