El estrés social: una puerta abierta a la arbitrariedad

Guadalupe Sánchez analiza la puerta abierta a la arbitrariedad (y lo que sigue en cuestiones de libertades esenciales) abierta por el gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y las justificaciones políticas (que no médicas ni legales) que están empleando, indicativo de su gravedad e instrumentalización partidista. 

Artículo de Voz Pópuli: 

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE

Desde el Gobierno y la propia GuardiaCivil se resta importancia a las declaraciones del jefe del Estado Mayor de este cuerpo, concretamente a cuando afirmó que una de sus líneas de trabajo es “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno”. Pocos han prestado atención a la frase que la antecedía, aquélla en la que aseguró que “desde la Jefatura de Información se está trabajando con el objetivo de evitar el estrés social”. De hecho, la propia benemérita recurrió a esta explicación para intentar soslayar la polémica en twitter: “La labor de monitorización en la que participa la Guardia Civil está destinada exclusivamente en detectar aquellos bulos y desinformaciones que generen un gran nivel de estrés y alarma social”.

Nadie parece preocuparse por el hecho de que el Gobierno y el instituto armado hayan asumido que una de sus misiones sea monitorizar las redes sociales bajo el pretexto de algo tan indeterminado desde el punto de vista jurídico como es el “estrés social”. De hecho, buena parte de los periodistas y de la opinión pública parece haberlo interiorizado sin despeinarse. Me veo en la obligación de recordar algo muy básico pero que a menudo es olvidado: el ejercicio del poder está sometido al principio de legalidad. Ello implica que cualquier actuación de los poderes públicos que no encuentre amparo en nuestro ordenamiento jurídico debe reputarse de arbitraria y, por lo tanto, contraria a Derecho. Ni qué decir tiene que otra de las manifestaciones de este principio es que para que una conducta sea considerada delito tiene que estar descrita como tal en el Código Penal, esto es, tipificada.

Una aclaración contraproducente

Así que la pregunta es evidente: ¿Está previsto en nuestro ordenamiento que la Guardia Civil y el ministerio del Interior se dediquen a prevenir o a evitar la ansiedad social? Ya les digo yo que no, básicamente porque nadie sabe a ciencia cierta qué es ni se ha acuñado una definición jurídica de la misma. Porque nadie debe llevarse a engaño: el estrés o la alarma social no son lo mismo que los desórdenes públicos. Cuando se usan en la misma frase para justificar investigaciones policiales, se está abriendo una puerta a la arbitrariedad. Y cuando los abusos por parte del poder entran por la puerta, la libertad salta por la ventana.

Desde un punto de vista médico, algunos especialistas han descrito el estrés social como aquél generado en ciertas situaciones sociales en las que el individuo se ve expuesto a las críticas y ve amenazada la identidad social, es decir, el modo en que se le percibe por los demás. Desde luego, si empleásemos esta definición para interpretar tanto las palabras del jefe mayor de la Guardia Civil, como las explicaciones posteriores de este cuerpo vertidas en las redes sociales, la conclusión que alcanzaríamos no sería halagüeña: cambien individuo por Gobierno y ya lo tendrían. Vamos, que con sus intentos de aclaración no habrían hecho otra cosa que confirmar la verosimilitud de las declaraciones del general José Manuel Santiago sobre la minimización de las críticas al Gobierno.

Desde el punto de vista jurídico, ni el estrés ni la alarma social tiene reflejo en nuestro marco penal. De hecho, no está de más recordar que la “alarma social” se excluyó como factor para justificar la prisión provisional por la presunta comisión de un delito. Advirtió por aquel entonces el Tribunal Constitucional que la finalidad del proceso penal no es la de actuar como bálsamo sobre la sociedad. Qué ironía que sea un juez el que esté intentando ahora, desde el ministerio del Interior, resucitar esta concepción del ius puniendi del Estado como una suerte de ansiolítico social.

Como ya he apuntado, ni el estrés ni la alarma social tienen nada que ver con los delitos de desórdenes públicos. Estos exigen comportamientos que alteren la paz ciudadana, que fue definida por el Tribunal Supremo (STS 987/2009) como "el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia, permitiendo el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas".

Ideología y simpatías políticas

No parece por ahora que ese estrés social que tanto preocupa al Gobierno haya mutado en una alteración de la convivencia ciudadana que impida el ejercicio de derechos fundamentales. Más bien al contrario: la sociedad española se muestra bastante dócil ante la limitación de los derechos fundamentales impuesta precisamente por el propio Gobierno para luchar contra la pandemia. Aquí nadie duda de que puedan existir comportamientos concretos en las redes que hayan podido incurrir en algunos de los tipos penales vigentes. Lo que se rechaza es que las investigaciones no se limiten a estudiar estos hechos concretos, sino que se realicen de manera prospectiva. No es lo mismo patrullar las calles que las redes, básicamente porque en la vía publica no solemos, por lo general, externalizar nuestra ideología y simpatías políticas, ni exponer datos personales. Lo de equiparar las investigaciones prospectivas de las redes con el patrullaje callejero no tiene un pase.

Dado que la intervención del Gobierno y de los FCSE para monitorizar el estrés social en las redes sociales no se sostiene desde planteamientos médicos o jurídicos, no cabe más que analizarla desde un punto de vista político. Porque lo que de verdad preocupa, al menos a mí, es que el intento de implantar un relato benevolente sobre la gestión gubernamental de la crisis se traduzca en la restricción de derechos fundamentales que no guardan relación alguna con el ámbito sanitario y la lucha contra el coronavirus. Me refiero a la libertad de expresión.

Otro aspecto político destacable es el de la coherencia. O más bien, la falta de ella. Llama poderosamente la atención que aquéllos que usaron los bulos para generar estrés y alarma social con los que azotar al Gobierno desde la oposición ahora se muestren horrorizados por los efectos que éstos puedan producir en la sociedad española.

Me acusarán de sesgo retrospectivo, pero no puedo evitar recordar cómo en el año 2014 Pedro Sánchez prometía nada menos que funerales de estado para las víctimas del “terrorismo machista”. O cuando desde las filas del PSOE personalidades como Adriana Lastra o Carmen Calvo, o de Podemos como Irene Montero, agitaban el avispero feminista con el pretexto de la sentencia de “La Manada”, dando a entender que el sexo no consentido no es delito en España. ¿Acaso este tipo de declaraciones no perseguían generar estrés y alarma social con un fin netamente político? ¿Todos los simpatizantes y votantes del PSOE y Podemos que replicaron en las redes sociales este tipo de eslóganes estaban colaborando a la difusión de bulos y desinformaciones tendentes a generar alarma y estrés social? ¿Alguien anunció su monitorización por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? En la respuesta a estas preguntas radica, quizá, el quid de la cuestión: no les preocupan ni los bulos ni la desinformación ni la ansiedad social que éstos les puedan generar a ustedes. Es una mera cuestión de conveniencia. Los bulos y la desinformación son buenos en la medida en la que les permitan obtener rédito político y malos en caso contrario. Son su juguete y no quieren compartir, no hay más.

La versión oficial

No me gustaría terminar sin antes permitirme un consejo: huyan de quienes intentan identificar la verdad con la versión oficial. Porque las fuentes oficiales fueron las que desmintieron el encuentro de Ábalos con Delcy en el aeropuerto de Barajas, las mordidas del 3%, la trama de la Gürtel, la de los ERES o los GAL. Como hace no mucho me señaló John Müller, el camino hacia la verdad es, muchas veces, largo y difícil de transitar. Está lleno de baches, errores y rutas alternativas. Nada más incompatible con la verdad que el que alguien se erija en su único portavoz. Usted es libre para creerme o no: lea otras opiniones y decida por sí mismo. En eso consiste la libertad, no dejen que nadie les prive de la misma.