lunes, 27 de abril de 2020

Unidas Podemos: Las contradicciones de un populismo a conveniencia

José María Triper analiza las contradicciones del populismo de conveniencia que es Unidas Podemos. 
Artículo de El Economista: 
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Era el fin de semana del 18 y 19 de octubre de 2014. En el recinto de la plaza de toros de Vista Alegre Podemos, que nació como un movimiento social, celebraba su Asamblea Fundacional como partido político. Allí, ante miles de simpatizantes Pablo Iglesias tomaba la palabra y en un discurso enardecido proclamaba que "todo partido necesita un líder, y yo estoy dispuesto a sacrificarme para ser vuestro líder". Un mensaje de marcados tintes franquistas, como me recordaba un veterano compañero de los muchos que asistíamos al evento. O de dictadura bananera, le corroboré yo.
Viene esto a cuento como exponente de lo que es Podemos, de sus derivas u contradicciones desde que era sólo un embrión de partido hasta hoy que forma parte del Gobierno de España, desde donde juega a ser gobierno y al mismo tiempo oposición para desgastar al inquilino de La Moncloa que les mantiene en contra de muchos "barones" de su partido y ministros socialistas.
Podemos no es un partido ideológico sino un partido caudillista. Puede haber referentes ideológicos y personas con ideas, pero la única cohesión entre sus agrupaciones y sus gentes es la adhesión incondicional al líder, a sus planeamientos y propuestas. Y el que se mueve "no sale en la foto", frase que se atribuye a Alfonso Guerra pero que ha encontrado en Pablo Iglesias su más fiel ejecutor.
En Podemos la ideología es algo secundario frente al objetivo primordial de la conquista del poder. Y para ello no importa las incongruencias, las contradicciones y las renuncias temporales. Lo mismo defienden la aniquilación del sistema y la Constitución de 1978 que utilizan esa misma Carta Magna como coartada en sus discursos electorales o institucionales, como prometen lealtad a la Constitución y al Rey que piden el cambio de régimen y convocan caceroladas contra la Corona, incumpliendo la palabra dada.
El episodio más reciente lo hemos vivido esta misma semana con la condena a 19 meses de prisión a Isabel Serra, diputada de UP en la Asamblea de Madrid por lesiones, e insultos a una mujer policía. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha sido criticada, cuestionando incluso la independencia judicial, por el vicepresidente del Gobierno y varios de sus ministros, que deberían ser, por razón del cargo, los primeros en acatar las decisiones judiciales y respetar los cauces del Estado de Derecho. Y lo hacen con el silencio, que otorga, del Presidente del Gobierno y del ministro de Justicia.
Del sapo de Delgado a la purga de Errejón
Antes de esto, la primera y más comentada incongruencia de Podemos fue la protagonizada por Pablo Iglesias y su pareja Irene Montero al comprar un chalet de lujo en Galapagar, pagando 600.000 euros, para criar a su hijos. Una "suerte" de la que que se ufanaba Iglesias recientemente en Congreso, mientras la mayoría de sus simpatizantes y votantes pasan el confinamiento en viviendas de 50 metros cuadrados.
El propio Pablo Iglesias declaraba, al poco de entrar en el Ejecutivo que "hacer política es navegar sobre las correlaciones de fuerzas y, por lo tanto, navegar sobre las contradicciones". Una praxis que le ha llevado de rechazar la monarquía a aplaudir al Rey desde el banco azul o a tragarse el sapo del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, cuando antes habían pedido insistentemente su dimisión como ministra de Justicia. Lo mismo que tragaron con la continuidad de Tezanos en el CIS, al que desde la oposición habían demonizado.
Pero la sucesión de contradicciones o doble moral es amplia y viene de lejos, Recordar que una de las primeras polémicas que le explotó en las manos a Podemos fue la beca a Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga para hacer una investigación para la que nunca acudió a clase.
El mismo Iñigo Errejón que fue depurado y prácticamente obligado a abandonar el partido tras el congreso de Vista Alegre II, en el que fueron depurados todos los opositores a las tesis de Iglesias y su aparato, rompiendo así uno de los principios fundacionales de Podemos que, decían, había nacido con vocación de recoger todas las opiniones y ponerlas en común.
Y eso por no hablar de su posicionamiento como abanderados del feminismo y de la libertad sexual cuando nunca han protestado contra las violaciones, asesinatos y vulneración de los derechos de las mujeres en Irán, Afganistán, la India, o Venezuela.

La libertad de expresión

Y especialmente grave es la obsesión de Unidas Podemos y su líder con los medios de comunicación, sobre los que nunca ha ocultado nunca su intención de controlar, manejar y nacionalizar, en un claro ataque a la libertad de expresión que es uno de los principios esenciales de nuestra Constitución y del Estado de Derecho.
Desde las primeras negociaciones fallidas entre Sánchez e Iglesias para formar coalición de Gobierno, este último siempre puso entre sus principales ambiciones el control de RTVE y esta misma semana hemos conocido también que el propio Iglesias y el presidente del Gobierno, mantuvieron el pasado lunes una reunión de urgencia en la que el líder de Podemos exigió a Sánchez seguir por el camino de la censura para cortar de raíz los mensajes negativos. Lo que concuerda con el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, quien un día antes en la que revelaba la orden del Ejecutivo central de trabajar para "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

Las nacionalizaciones y la reforma laboral

Especialmente controvertida es la defensa que hace Iglesias de la Constitución y de su artículo 128, en el que se expresa que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Una subordinación que interpreta torticeramente para avalar sus intenciones estatalizadoras, omitiendo deliberadamente el artículo 349 de la Carta Magna en el que se establece que "nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización. Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado". Algo similar ocurre con la reforma laboral, cuya derogación era una exigencia irrenunciable de los podemitas y que ahora, desde dentro confirma por boca de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz que no habrá derogación, porque "yo no puedo dictar una norma que diga derogo toda la reforma laboral del PP, porque hay muchos preceptos y normas afectadas. Sería una persona irresponsable si dijera esto. Por tanto, técnicamente no es posible".

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