Paga extra, temporales, ERTE… ¿Vienen recortes salariales para los funcionarios?

Diego Sánchez de la Cruz analiza la más que real posibilidad forzosa de un recorte salarial a los funcionarios ante la enorme crisis fiscal que se avecina, de mayores dimensiones que la producida en la Gran Recesión reciente. 

Sería la ejecución de otra previsión y advertencia que he hecho estos últimos años que acontecería tarde o temprano fruto de la irresponsabilidad fiscal política, que seguía con elevados déficits y aumentos del gasto público, aumentos artificiales de plantillas públicas (y aumentos de sueldos pese a no eliminar el déficit ni cuadrar las cuentas) que en situaciones de recesión conllevaría un riesgo para la solvencia estatal, y obligaría a tomar medidas de ajuste y recortes, perjudicando en gran medida a las mismas personas que aplaudían o defendían dichas medidas de descontrol fiscal. 

Artículo de Libre Mercado:

Funcionarios de la Agencia Tributaria | EFE

La pandemia del coronavirus ha desencadenado una profunda crisis económica que no ha tardado en provocar un hondo desequilibrio fiscal. El Banco de España cree que el déficit público se moverá entre el 7% y el 11% del PIB durante el año 2020, lo que supone regresar a los peores niveles de la pasada recesión.

El desplome de la recaudación explica el grueso del descalabro en materia de estabilidad presupuestaria. De momento se han publicado distintas estimaciones sobre la dimensión de la caída de los ingresos y todos ellos coinciden en subrayar la precaria situación en la que quedarán las cuentas públicas. Para el Fondo Monetario Internacional, la pérdida de rentas fiscales será superior a los 30.000 millones de euros. En el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales plantean un descenso aproximado de 42.000 millones. Por su parte, la Universidad de Valencia baraja un descenso aún más acusado, en el entorno de los 90.000 millones. La horquilla de estimaciones es aún muy ancha, en gran medida porque existe una notable incertidumbre sobre la dimensión que tendrá la caída del PIB.

Por el lado del gasto, los cálculos disponibles también son heterogéneos. El Fondo Monetario Internacional cree que los desembolsos van a expandirse en 55.000 millones de euros. Desde el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales son más conservadores y creen que el aumento del gasto será de 20.000 millones. Por su parte, el think tank europeo Bruegel cree que el repunte de los desembolsos alcanzará los 14.000 millones. De nuevo, hay diferencias acusadas entre unos y otros cálculos, que se explican principalmente por el monto de ayudas que será imputado al déficit. En este sentido, no hay que olvidar que buena parte de las medidas anunciadas por el gobierno son avales a préstamos empresariales, de modo que el grueso de su posible coste fiscal puede trasladarse a ejercicios posteriores.

Es evidente, pues, que sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el impacto que tendrá la pandemia en las cuentas públicas, pero también es innegable que todos los informes arrojan un escenario sombrío que nos devolvería a los peores momentos de la Gran Recesión, cuando la quiebra y el "rescate" de España fue una posibilidad real. Ante esta situación, el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para pedir margen de actuación a los socios europeos, pero las tensiones financieras son ya evidentes y la austeridad que tanto criticaron PSOE y Podemos vuelve a formar parte de la conversación.

¿Llegó la hora de los ajustes?

En este sentido, en los últimos días se han publicado distintas informaciones que plantean un posible ajuste en el gasto asociado a los salarios de los más de tres millones de trabajadores que están en nómina de las distintas capas administrativas del Estado. En 2018, esta partida supuso 127.000 millones de euros, lo que supone el 60% de la recaudación tributaria para el conjunto de dicho ejercicio.

Según La Razón, una de las opciones que podría estar explorando el gobierno es la de cancelar la subida salarial del 2% que había entrado en vigor a comienzos de año. La medida podría ir acompañada de un ajuste del 15% del sueldo de los altos cargos de la Administración. El ahorro fiscal resultante de esta medida sería de 3.212 millones de euros.

Otro de los escenarios que está encima de la mesa es el de la aplicación de algún tipo de ERTE que reduzca el salario de los empleados públicos que, ahora mismo, estén al margen de su actividad profesional. La propuesta surge del Círculo de Empresarios, que aboga por introducir esta medida de forma temporal para aliviar, en la medida de lo posible, el descuadre de las cuentas públicas.

¿Qué otras opciones podría tener el Ejecutivo encima de la mesa? En la anterior crisis, el gobierno del PSOE anunció la anulación de la paga extra que perciben los empleados públicos a final de año. Ahora, el calendario dirige todas las miradas a la paga extra de verano, cuyo desembolso se antoja más complicado en un contexto fiscal como el actual.

Por otra parte, la vía de los despidos de empleados públicos con contrato temporal también puede convertirse en una fórmula de reducción del gasto salarial de las Administraciones Públicas. Según la última Encuesta de Población Activa, España tiene 3.253.300 trabajadores a sueldo del Estado, de los que unos 905.300 asalariados son temporales. La no renovación de temporales y el despido de contratados podría ser otra fórmula de ajuste de dicho personal, en línea con lo ocurrido entre el tercer trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2013, cuando el número de trabajadores temporales de las AAPP bajó de 814.000 a 560.000.

Es más, la semana pasada, el Gobierno aprovechó el último decreto ley para iniciar el traspaso a la Seguridad Social de las pensiones de más de 600.000 funcionarios que están dentro del régimen de las Clases Pasivas. Aunque esto no tendría que suponer ningún cambio para los beneficiarios, las prisas del Ejecutivo socialista para llevar a cabo esta modificación han levantado las sospechas de los trabajadores públicos.