Otro elemento que implica una enorme presión al sistema, cada día más insostenible.
Artículo de Voz Pópuli:
Pensionistas manifestándose por las pensiones EFE
Uno de los propósitos de la reforma de pensiones del año 2011 que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era elevar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Se trata de una reforma progresiva que se está implementando poco a poco y que aún tardará años en entrar en vigor de forma completa. Este año, por ejemplo, la edad legal de jubilación será de 65 años y 6 meses y no llegará a esos 67 años hasta el año 2027. ¿Pero realmente la gente se jubila pasados los 65 años en España? Lo cierto es que no. De hecho, casi la mitad de las personas que se han retirado en los tres primeros meses del año tenía menos de 65 años.
Así se desprende del detalle de las cifras de la Seguridad Social que ha analizado este periódico. Entre enero y marzo de este año se han jubilado casi 90.000 personas. Y solo 50.500 tenían 65 años o más. Eso supone que casi unas 40.000 de los nuevos jubilados que se han dado de alta en el sistema no llegaban, si quiera, a los 65 años, el límite legal que había antes de la reforma. Esta nueva cifra pone una vez más en evidencia la fuerte presión que sufre un sistema que cada día que tiene que sostener a más pensionistas.
La foto queda así: en el primer trimestre han entrado casi 90.000 personas al sistema cobrando cerca de 1.400 euros de media. Y han salido 86.500 personas que cobraban unos 1.100 euros. Resulta bastante sencillo hacerse una idea de la fuerte presión que supone eso para la Seguridad Social española. Y eso que aún están por venir las oleadas de jubilaciones de la generación del 'baby boom', que son las que suponen el verdadero reto para las pensiones españolas.
Pero volvamos a la edad porque las cifras que podemos ver nos demuestran que algo no está funcionando y que los ciudadanos siguen optando por la jubilación anticipada en lugar de la prolongación de la vida laboral, que es lo que recomiendan todos los expertos. Si nos detenemos en las cifras del primer trimestre, vemos como los 61 y los 63 años siguen siendo la edad de referencia para jubilarse de forma temprana.
Esta tendencia lleva años repitiéndose en el mercado laboral español. El año pasado casi el 44% de las personas que decidieron jubilarse tenía menos de 65 años, cifra similar a la de 2016, 2015 y 2014, a pesar de que el Gobierno decidió endurecer el acceso a la jubilación anticipada y a la parcial en 2013 para contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Jubilarse antes de tiempo
Desde entonces, se supone que para jubilarse antes de tiempo hay que tener más edad, más años de cotización y asumir una pensión menor, puesto que los coeficientes de reducción son mayores. Sin embargo, se creo una excepción para a los trabajadores menores de 55 años despedidos antes del 1 de abril de 2013, que podían mantener las condiciones de la jubilación anticipada de la legislación previa. Pero a partir del año que viene desparece esta salvedad.
Quizá esa es la razón por la que los ciudadanos siguen accediendo de forma masiva a la jubilación temprana. Estos cambios en las condiciones acaban afectando a las decisiones de los ciudadanos. De hecho, en enero pudimos ver también cómo las jubilaciones se dispararon casi un 15% para evitar el factor de sostenibilidad que iba a entrar en vigor en 2019 y que ahora el Gobierno ha decidido posponer hasta 2023.
En cualquier caso, el Gobierno insiste una y otra vez en que hay conseguir que los ciudadanos decidan prolongar voluntariamente su vida laboral para hacer frente al reto demográfico que se avecina. Por eso, no podemos descartar nuevos cambios en la jubilación anticipada en la reforma que quiere presentar el Gobierno antes de que acabe el año. Recordemos que algunos expertos defienden incluso la necesidad de llevar la edad legal a los 70 años.
Actualmente, el Pacto de Toledo negocia a contrarreloj las recomendaciones que han de guiar la futura reforma y ha conseguido limar las diferencias sobre el punto más polémico: la revalorización de las pensiones. Han acordado diseñar un nuevo índice que pivote sobre el IPC, pero que tenga en cuenta también otros elementos para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Este paso atrás tiene una explicación: el Gobierno quiere asegurarse el consenso para la próxima reforma.
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