Juan R. Rallo analiza la nueva confiscación (robo) a los trabajadores que supone el último acuerdo del PP con el PNV a raíz de las pensiones.
Ya se sabe en política. Todo por la compra de votos presente y mantenerse o alcanzar el poder.
Y no hay partido que no haga lo mismo (de hecho, todos apoyan la medida, o pretenden ampliarla), pues el populismo y el clientelismo político es lo que prima hoy en las democracias actuales, donde el arbitrio político prima sobre las decisiones (y derechos naturales) de las personas.
Artículo de El Confidencial:
Mariano Rajoy (d), durante una reunión con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. (EFE)
Es bien sabido que Rajoy ha comprado el apoyo parlamentario de los nacionalistas vascos a sus Presupuestos Generales a cambio de elevar las pensiones contributivas en un 1,6% tanto en 2018 como en 2019. Desde los altavoces propagandísticos del Ministerio de Hacienda, se nos ha intentado persuadir acerca del moderado impacto financiero que conllevaría tal medida: apenas unos 1.611 millones de euros en 2018 y unos 3.354 millones en 2019. Tan es así que Montoro incluso ha jurado haberse dotado ya de las herramientas tributarias necesarias para sufragar ese desembolso extraordinario sin necesidad de sobrecargar todavía más las cuentas de la Seguridad Social: entre ellas, el tramposo e injusto impuesto sobre las tecnológicas estadounidenses.
Lo que convenientemente olvida mencionar el PP es que los sobregastos derivados de revalorizar el conjunto de las pensiones al 1,6% durante dos años no acabarán en 2019, sino que se extenderán durante las próximas décadas: a la postre, semejante revalorización se consolida dentro del sistema de pensiones y, por tanto, incrementará sostenidamente el gasto hasta que sus beneficiarios actuales causen baja de la Seguridad Social. Por ejemplo, si el gasto en pensiones de este año es igual a 100 y lo aumentamos un 0,25% durante cada ejercicio, los desembolsos anuales al cabo de una década serán 102,5. Si, por el contrario, incrementamos el gasto un 1,6% durante los dos primeros años y un 0,25% durante los ocho ejercicios siguientes, los desembolsos anuales al cabo de una década ascenderán a 105,3. En otras palabras, revalorizar las pensiones más de un 0,25% en 2018 y 2019 supone incrementar permanentemente los gastos de pensiones más allá de 2018 y 2019. ¿Pero en cuánto?
Afortunadamente, cinco profesores de la Universidad de Valencia han efectuado tales cálculos y el resultado resulta verdaderamente descorazonador: el valor actual —esto es, tomando en cuenta que un euro dentro de 30 años es mucho menos valioso que un euro hoy— de los sobregastos acumulados por revalorizar las pensiones en 2018 y 2019 un 1,6% (frente al 0,25% inicialmente previsto) asciende a 39.409 millones de euros. Ese sería el importe que la Seguridad Social debería arrebatarnos hoy a todos los contribuyentes para costear tan solo con ese pago único el conjunto de desembolsos futuros que se derivarán de su anunciada revalorización pensional.
No es verdad, por tanto, que el coste total de esta medida acordada con el PNV apenas ascienda a unos 5.000 millones de euros, sino que sus repercusiones financieras a medio-largo plazo van a ser hasta ocho veces superiores a la cifra anunciada. Y en caso de que los avatares de los trapicheos parlamentarios llevaran a revalorizar las rentas de los pensionistas actuales también un 1,6% en 2020, el coste se dispararía hasta los 57.221 millones. Nada comparable, eso sí, con el desparrame de 201.163 millones de euros que supondría extender semejante práctica anual hasta 2054.
Además, y esto resulta tanto o más relevante que lo anterior, Montoro nos han mentido sin escrúpulo alguno cuando prometió que la revalorización pensional de 2018 y 2019 iba a ser sufragada exclusivamente con el impuesto a las tecnológicas estadounidenses: dado que el grueso del sobregasto se consolidará en forma de subidas estructurales de la cuantía de las pensiones, tal alza será soportada en su práctica totalidad por las finanzas de la Seguridad Social. En concreto, 36.390 de los 39.409 millones de euros que costará la medida serán pagados por la Seguridad Social, es decir, por el conjunto de trabajadores afiliados —coercitivamente— al sistema. Si les pasáramos tamaña factura a los cotizantes actuales, estaríamos hablando de una mordida de casi 2.000 euros por trabajador.
Esa, más de 35.000 millones de euros o casi 2.000 euros por trabajador, es la magnitud del atraco del que todos vamos a ser víctimas para que el Partido Popular pueda aprobar sus cuentas en el presente ejercicio y así llegar vivo a las siguientes elecciones generales. Todo ello, claro, con la complicidad del PNV y del resto de formaciones políticas que, como Ciudadanos, apoyarán tan nefastos Presupuestos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario