Beatriz García muestra la guerra de los ayuntamientos "del cambio" contra la posibilidad de los propietarios de alquilarlo a turistas (ya sean nacionales o no), mostrando la opinión de el director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
Y es que la nueva guerra de los ayuntamientos del "cambio", o de la prohibición y arbitrariedad, hablando con propiedad, supone,
Un ataque frontal contra las libertades (imposición arbitraria a la fuerza impidiendo la capacidad de hacer el mejor uso de tu propiedad intercambiando libremente con terceras personas, saliendo ambas beneficiadas).
Una medida regresiva y antisocial, pues legislan beneficiando a las personas con mayor poder adquisitivo que puede permitirse hoteles o a favor de propietarios de viviendas unifamiliares -mucho más pudientes- que sí les permiten alquilar (caso de Mallorca), lo que supone atacar el bolsillo de los ciudadanos y limitar la capacidad de viajar y tener vacaciones de personas menos pudientes. A su vez impiden a las personas que tienen una segunda vivienda -muchas de ellas en paro o que han visto reducidos sus ingresos por la crisis- compensar dicha situación al obtener una necesaria inyección de dinero, que va en beneficio no solo de sí mismas sino de toda la sociedad (dinero no solo suyo sino del de turistas que vienen que es empleado en beneficio de otros comercios de la zona, mejorando el empleo, los salarios y la situación de otras muchas familias).
Una medida en favor de los lobbies (en este caso el hotelero), que beneficia a las grandes empresas al limitar la competencia perjudicando al ciudadano de a pie.
Una medida antieconómica y totalmente ideológica, contra uno de los principales (sino el que más) motores de crecimiento y generación de empleo en España, el turismo, donde somos la segunda potencia mundial y tenemos una gran ventaja competitiva.
Una medida, que lleva a la economía sumergida para escapar de la asfixiante garra de la Administración o a imposibilitar la actividad, reduciendo así la recaudación de las Administraciones, lo que implica peores o menores servicios (o recortes) en perjuicio de los ciudadanos.
Artículo de Libre Mercado:
Aumentan las prohibiciones | Airbnb
Los ayuntamientos legislan en tromba contra los apartamentos turísticos. En poco menos de un mes, algunas grandes ciudades como Palma de Mallorca, Valencia o Madrid han aprobado normativas (o proyectos de normativas) para poner coto a una actividad cada vez más demonizada por los llamados ayuntamientos del cambio.
El director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), José Luis Zimmermann, tiene claro que "es una cuestión ideológica". Adigital representa a las plataformas digitales de los diferentes sectores de la economía, entre las que están Airbnb o Homeaway. "No se está pensando en el interés general porque estas actividades redistribuyen la riqueza. Creen que su electorado ha abrazado el discurso apocalíptico de que las plataformas digitales vienen a destrozar los barrios, y por eso lo hacen", asegura.
La semana pasada el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que ilegalizará "el 95%" de las viviendas turísticas del centro de la capital, ya que sólo permitirá el alquiler de las que tengan un acceso independiente desde la calle. El proyecto del Gobierno que dirige Manuela Carmena consiste en dividir la ciudad en 3 áreas, todas dentro del anillo de la M-30, y aplicar una regulación más o menos restrictiva para cada una de ellas según su distancia con el centro de la capital.
Estas medidas no incluirán a los alquileres que se lleven a cabo por un periodo inferior a 90 días al año, que se consideran "economía colaborativa". Para controlar que los propietarios no exceden ese límite, el Consistorio asegura que reforzará las inspecciones. Desde el Ayuntamiento madrileño esperan aprobar el plan en un mes para llevarlo al Pleno entre noviembre y diciembre. Necesitarán el apoyo del PSOE.
El delegado de Urbanismo de Madrid, José Manuel Calvo, aseguró que su Gobierno"no está en contra del turismo, sino de la turistificación".Con este término se alude al impacto que tiene la masificación turística entre los vecinos de determinados barrios o ciudades.
"Es ridículo hablar de la turistificación por los apartamentos turísticos, lo que hay es turismofobia. Si ha crecido la conflictividad es por el modelo económico de España, que está basado en el turismo y que también tiene consecuencias negativas, sí, pero aporta entre el 11% y el 12% al PIB y nos convierte en potencia mundial", recuerda Zimmermann.
El director general de Adigital considera "lógico" que los turistas se hospeden en el centro de las ciudades "como hacemos todos cuando vamos de viaje, porque si voy a Madrid no voy a ir visitar la M-50 o las Tablas, voy al centro".
Palma, la más radical
La ilegalización masiva que pretende llevar a cabo Ahora Madrid se inspira en la que es actualmente la medida más radical de España: la de Palma de Mallorca. El Ayuntamiento balear gobernado por la coalición de PSOE, Més y Podemos, anunció a finales de abril una polémica propuesta que impide alquilar a turistas las viviendas que estén situadas en edificios plurifamiliares.Sin embargo, sí permitirá el arrendamiento vacacional en todo el municipio de casas unifamiliares.
Será el próximo mes de julio cuando entre en vigor esta distinción sin precedentes. Con esta medida las villas y los chalets mallorquines, cuyos propietarios tienen un nivel adquisitivo mayor que los propietarios de una casa situada en un bloque de pisos, quedarían exentos. Los representantes de los pisos turísticos han estallado contra la medida.
"Solo hace falta darse una vuelta por Magaluf para ver que la culpa de ese tipo de turismo no es de los apartamentos porque sus clientes se quedan precisamente en hoteles", asegura Zimmermann. A las cuestiones ideológicas, el director general de Adigital le añade "las presiones de los hoteleros" que están haciendo ceder a los políticos. "Soy padre de 4 hijos pequeños y necesito una cocina ¿por qué me quieren obligar a quedarme en un hotel cuando no va acorde con mis necesidades?", se pregunta.
"Se ha acabado comprar pisos para hacer negocio"
Otra ciudad en sumarse a la guerra contra los apartamentos turísticos ha sido Valencia. El consistorio de la capital, gobernado por Compromís, PSPV-PSOE y Valéncia en Comú, ha anunciado que va a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que solo se puedan alquilar a turistas los pisos que estén situados en la planta baja o en el primer piso de los edificios. Según sus cálculos, solo el 30% de los apartamentos turísticos que hay en Valencia cumplirían este requisito, por lo que la oferta se verá severamente reducida.
"Se ha acabado comprar pisos para hacer negocio. Se ha acabado hacer negocio con viviendas que deben cumplir un uso residencial y no lucrativo", llegó a celebrar la concejala de Desarrollo Económico y Turismo, Sandra Gómez, cuando anunció la medida.
Zimmermann califica de "despropósito" la "dispersión regulatoria" que existe actualmente en España en la que cada administración local elabora sus propias regulaciones. "Las competencias están transferidas a las CCAA y encima, estas se lo ceden a los ayuntamientos por materia de urbanismo", explica mientras pide "una regulación homogénea".
Pagar impuestos frente a prohibir
El responsable de Adigital aboga por la "regulación" de los apartamentos turísticos "frente a la prohibición". El experto cree que es posible que los ayuntamientos y Hacienda saquen partido "a ventajas y las externalidades positivas que se obtienen de las plataformas" como Airbnb. La principal es que "es trazable porque hace visibles los ingresos de los propietarios", lo que permite a la Administración hacer caja. El alquiler turístico es una actividad "que se ha hecho toda la vida, pero ahora queda registrado".
El 1 de enero de 2018 entró en vigor la obligatoriedad de que las plataformas de alquiler turístico realicen declaraciones informativas periódicas a Hacienda. Entre los requisitos, está la identificación del propietario de la casa, la de los inquilinos, el importe de la estancia o el número de referencia catastral del inmueble. Zimmermann asegura que hay partes, como el número de referencia catastral "que las plataformas no tienen y no tienen trascendencia tributaria", aunque "el importe del alquiler y los datos del propietario estoy seguro de que se podrían dar".
De continuar la estela prohibicionista, Zimmermann cree que los arrendamientos turísticos "se irán a la economía sumergida", mientras el impacto en el precio de los alquileres "será nulo".
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