La mezcla de ignorancia supina, populismo exacerbado, extremismo ideológico, primacía del cortoplacismo clientelar, nulo sentido común ni visión de la realidad y anteposición por el sillón y poder frente al interés y bienestar de los ciudadanos es lo único que explica la decisión por parte del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) de subir otra vez el salario mínimo legal en 2021.
Y es que si las subidas previas supusieron la destrucción/no creación de más de 100.000 puestos de trabajo (gente que bien es despedida, bien hubiera sido contratada y fue forzada a mantenerse en el desempleo), en una situación de crecimiento económico, se puede imaginar uno (que no esté cegado por la ideología y al dictamen de su amado líder correspondiente) cuál es el resultado en medio de una de las mayores crisis económicas de la historia, con la destrucción de más (de momento) de 100.000 empresas, con costes impositivos (otra aberración económica única en Europa llevada a cabo por este gobierno) al alza y trabas crecientes, y en una situación de confinamientos constantes de diverso grado.
Una situación en la que decenas de miles de empresas están al borde de la desaparición en España con motivo de los efectos provocados en la economía por el paso del coronavirus, el Gobierno sigue apostando por su versión más frívola, cuando en España precisamente "el desempleo era ya históricamente el principal problema estructural de la economía. La nueva medida será especialmente nociva para las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 99% del tejido empresarial de este país."
"Entre la demagogia -que crea expectativas- y la credibilidad -que produce resultados-, Sánchez ha elegido el primer camino para parapetarse en el poder, aunque el final de esa vía conduzca a un callejón sin salida para millones de españoles. El argumento de que la subida del SMI mitigará desigualdades tiene los pies de barro porque no hay mayor desigualdad que la que se produce entre las personas con empleo y los parados."
Una situación que afecta especialmente a los sectores más afectados por la pandemia. Es decir, precisamente "aquellos que se han visto obligados a cerrar durante meses, que han visto hundirse su facturación por las restricciones sanitarias y que no esperan recuperar una cierta normalidad hasta dentro de bastante tiempo, como es el caso de la hostelería, el turismo, el comercio o el ocio, que conjugan una elevada vulnerabilidad a la pandemia con un alto peso de trabajadores en niveles cercanos al SMI. La medida supone disparar aún más sus costes, lo que llevará al cierre de la empresa o al despido de x trabajadores adicionales."
Esto "implica un incremento del coste del empleo de 360 euros al año (si se hace una subida leve como en principio afirman), una vez que se incluyen las pagas extra y el coste de la Seguridad Social. Con ello, el coste mínimo de contratar a un trabajador o mantener un empleo asciende a casi 18.000 euros al año, algo que puede resultar muy difícil de asumir para aquellos empresarios que han perdido gran parte de sus ingresos y su colchón financiero durante los últimos meses. Además, llama la atención que este incremento se produzca en un momento en el que los precios de consumo están en retroceso, con un descenso del 0,8% con respecto al año pasado, lo que se traduce una ganancia de poder adquisitivo para los trabajadores. De hecho, también resulta sorprendente el incremento de los sueldos públicos y de las pensiones en este contexto, ya que la mejora su capacidad de compra y la de aquellos trabajadores con sueldos bajos que logren mantener su puesto contrasta con el descenso de la renta de aquellos que han sufrido un ERTE o un despido, con las mayores dificultades para encontrar un nuevo empleo.
Además, hay que tener en cuenta que este incremento se produce después del alza del 5,6% que tuvo lugar este año y la del 22,3% en 2019. En apenas cuatro años, desde 2016, el SMI se ha disparado un 45%, nueve veces más que el salario medio y doce veces más que los precios en este mismo periodo. "
Y por último hay que considerar que España está entre los países europeos con un salario mínimo más elevado medido en términos de capacidad de compra, una comparativa importante para comprender el poco margen de subida que pueda tener España, siendo que el SMI de España está más cerca del salario mediano que en el grueso de los países del entorno, también medido en términos de poder adquisitivo, lo que implica que una subida artificial por ley supone un mayor daño para el empleo (o para las horas trabajadas y cobradas o para los salarios de los trabajadores que están por encima de dicho nivel para contrarrestar la medida).
Artículo de Libertad Digital:
No contento con que España sea el único gran país europeo que sube los impuestos en plena crisis económica, el Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretende dar otra vuelta de tuerca a una legislación letal para la preservación y creación de empleo como la referida al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Así, y a pesar de la inicial oposición de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que pretendía congelarlo en los actuales 950 euros al mes, la extrema izquierda podemarra se ha impuesto y el Ejecutivo finalmente ha confirmado que se subirá –sin concretar importe– con independencia de cuál sea la posición de la patronal.
Dado que la última subida del SMI destruyó empleo antes incluso de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, elevar coactivamente una vez más el umbral salarial por debajo del cual queda prohibido ofrecer un empleo a un trabajador será demoledor para la agricultura, la hostelería, los jóvenes y, en general, los trabajadores menos cualificados, en un momento especialmente angustioso. De hecho, la solución no sería simplemente congelar el SMI vigente sino transitar hacia una legislación de salarios libres que no usurpara el derecho que debería asistir a cada trabajador a la hora de fijar cuál es su particular salario mínimo, por debajo del cual no aceptaría una oferta laboral. De esa forma, España formaría parte de los países que carecen de las coactivas legislaciones de salario mínimo, que por cierto suelen ser los que tienen salarios medios más altos y más bajas tasas de paro.
Los políticos deben alejarse de la demagogia y entender de una maldita vez que la cuantía de los salarios no depende de la generosa voluntad del legislador, sino de la productividad del trabajador y de la libre concurrencia entre los que ofrecen y demandan empleo. Fijar por encima de esa libre concurrencia el salario que ha de percibir un trabajador no implica mejoría alguna para éste, sino que le condena al desempleo o a la economía sumergida. De hecho, hasta socialistas como Calviño y el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, vincularon en su momento la subida del paro a las contraproducentes subidas del SMI aprobadas por Sánchez.
Sea como fuere, queda nuevamente en evidencia que Podemos y el sector podemizado del PSOE son los que llevan las riendas en un Ejecutivo presidido por un sujeto al que lo único que le quita el sueño es la idea de desalojar la Moncloa. Así las cosas, no es de extrañar que España sea y vaya a seguir siendo el país que lidere, junto a Colombia, el ranking de paro de la OCDE.
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