martes, 12 de abril de 2016

Corrupción, moral y Estado

Fernando Méndez analiza la cuestión de la corrupción, la moral y sus predicadores, la cercenación actual de la libertad y el grado de respeto de la propiedad privada y del tamaño del Estado al respecto. 

Artículo de El Economista: 
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Vivimos un esperpento de lo político, donde nada es lo que parece; abundan por doquier las medias verdades y las distorsiones de la realidad, cuando no la falsedad; todo es un auténtico juego de malabares o de prestidigitación, donde la libertad de las personas no para de sufrir y de ver invadidos, si no cercenados o destruidos, sus ámbitos, en una sanción categórica de la máxima evangélica ?la Verdad os hará libres?. O sea, que la mentira, la falsedad, el engaño, la falacia, la hipocresía, la inexactitud, la incertidumbre... nos quita libertad.
En términos científicos, la verdad es enormemente compleja y difícil de tener o de encontrar y lograr. Por eso debemos huir siempre de pretender poseerla pues no sólo es más fácil, sino más realizable o alcanzable, la refutación de nuestras proposiciones, hipótesis o teoremas, es decir la demostración de su falsedad, que no la verificación de las mismas, o demostración de su veracidad.
Y no vale el argumento de que lo anterior no puede aplicarse al campo de la política porque este sea aparte o distinto, no discute de las mismas cosas o maneja otros ámbitos o aspectos; pues, como la mayor parte de las disciplinas, la política también trata de los seres humanos y su universo, centrándose -como la economía- en las relaciones sociales, y debe aplicar en lo posible criterios lógicos. Tal consideración peculiar o distintiva de la política suele hacerse, precisamente, para justificar que el comportamiento, las acciones y conductas, las maniobras, actividades y actuaciones de las personas que en ella se mueven, sean, muestren o favorezcan las peores y más rechazables actitudes del comportamiento humano, transitando por lugares opacos, difusos, ambivalentes, dúctiles, torcidos o sutiles, modos que muchas veces incluso se alaban como formas inteligentes de hacer política.
Así, en la denominada corrupción de quienes desarrollan su actividad y se ganan su vida en política hay, evidentemente, aspectos de moralidad (más colectiva y práctica) o ética (más individual y teórica) que, por otra parte, no son distintos a los valores, hábitos o costumbres del conjunto de las personas o individuos que constituyen la sociedad. No es baladí, ni casualidad, que en sociedades con larga tradición de escaso valor o poco afecto por la propiedad privada, por el respeto a lo que es de cada uno, legal y legítimamente ganado, ya sea poco, mucho o muchísimo, el hurto o usurpación de lo que todos aportamos, a lo común o propio, de nuestro esfuerzo y trabajo, incluida la rapiña de las autoridades públicas, esté relativamente extendida como práctica.
Ha sido, y todavía es costumbre, especialmente por parte de los nuevos predicadores de una falsa progresía, quienes se arrogan el monopolio de la moral y la ética e incluso buscan imponernos sus propias ideas, creencias y visiones particulares en un alarde de despotismo y tiranía, ver con muy malos ojos y siempre con culpa, pecado o vicio la acumulación de riqueza, llegando a estipular como máximo aceptable cualquier renta o ganancia que sobrepase los 60.000 euros brutos (aquí el socialismo de derechas confluye con el de izquierdas). Y, desde luego, la condena de la desigualdad, casi nunca referida como desigualdad ante la ley, que es la verdaderamente cercenadora de nuestros derechos humanos en un mundo donde todos somos complejamente diferentes, se hace bandera en este escenario.
Desvirtuar el concepto y el valor de la propiedad significa, entre otras cosas, debilitar el valor de la vida, primer y principal derecho de propiedad con que contamos las personas. Y de ahí para abajo, según la consideración -tanto moral como legal- del delito: una sociedad permisiva y comprensible (en términos de penas de hecho) con el crimen, el asesinato, con los hurtos o robos, con la ocupación de lo ajeno o con cualquier delito relativo a la propiedad, no puede, por mera incongruencia, hipocresía o ausencia de lógica, juzgar con dureza a defraudadores, corruptos, prevaricadores o estafadores de lo público, a pesar de que se hace, poniendo en evidencia ese trato distintivo ante la ley y sobre todo ante la opinión pública, por parte de los políticos, de unos u otros. Esto, que ocurre en nuestra sociedad, tendrá y ya tiene consecuencias nefastas.
Hace poco veía, en una serie norteamericana de televisión, que una persona era arrestada y llevada a juicio porque figuraba como prestataria morosa de un libro perteneciente a la biblioteca pública y había ignorado hasta tres apercibimientos más un requerimiento judicial de devolución, con multa, que había recibido. Eso, aquí, nos parece desmesurado.
Otros aspectos relacionados con la corrupción política o administrativa tienen que ver con el tamaño de lo administrado, es decir, del Estado y con la arbitrariedad y opacidad, o si se prefiere transparencia, de dicha administración y gestión, que en realidad viene a ser lo mismo. Reducir la cuantía de la administración, de lo político, en nuestras vidas de los actuales niveles a un 30% o menos, reduciría las oportunidades, aunque nadie hable de esto. Pero aún más importante sería establecer reglas, límites, instituciones adecuadas para minimizar al máximo la arbitrariedad del poder; del verdadero poder: el que dispone de la policía, la justicia y las armas, pero también la capacidad legislativa.

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