La política del cambio no es más que la política del conservadurismo, del monopolio, de la restricción e impedimento a la revolución tecnológica, del favor y el mantenimiento del privilegio de lo lobbies y demás grupos de presión y del electoralismo mediante la compra de votos favoreciendo discriminatoriamente y mediante la ley arbitraria a ciertos grupos económicos en detrimento de otros.
Estos son hechos, como se demuestra en esta nueva ocasión con su último decreto contra Uber y Cabify.
Pero luego, bajo su constante veborrea propagandística te dirán que están en contra de las leyes injustas que tratan distinto a unos que a otros, que liderarán (como decían horas antes de esta ley) la revolución tecnológica, que hay que acabar con los privilegios, mientras privilegian a un sector (taxi) frente a otros limitando la competencia, que se preocupan de la gente y su poder adquisitivo, mientras dicha ley impiden que el consumidor (y los de menor renta son más afectados) pueda elegir cómo y con quién se quiere trasladar, aumentando vía constantes y diversas regulaciones, los precios de las nuevas alternativas (para equipararlos al taxi a base de encarecimiento legislativo) y reduciendo su oferta drásticamente (como ya hacen con los taxis para favorecer al lobby que ya está empleado en él) reduciendo las posibilidades de transporte de la gente y la competencia que pemite la mejora del servicio, la reducción del precio y de atender mejor las necesidades de la gente.
Pero esto es la política. La hipocresía institucionalizada, la manipulación constante de la gente para esconder sus propios intereses, la compra de votos con el dinero de la gente (no el suyo) para satisfacer a grupos de presión organizados a cambio de rédito electoral y el mantenimiento del poder a costa de lo que sea, pues si no "te gustan sus principios, tienen otros"...
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau | EFE
Guerra abierta contra Uber y Cabify. La alcaldesa de Barcelona,Ada Coalu, ha presentado ante el pleno del Área Metropolitana de la ciudad su propuesta para limitar las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como es el caso de Uber y Cabify, cuya aprobación se ha producido este martes.
Esta nueva normativa exigirá una licencia municipal y la aplicación estricta de la ratio 1/30 (1 VTC por cada 30 taxis) que reintrodujo el Gobierno del PP. De este modo, cada vehículo deberá contar con una licencia extra concedida por el Ayuntamiento, además de la vigente que establece cada comunidad autónoma, así como un seguro acorde a la normativa local, cumplir estrictos requisitos en materia de fiscalidad, legislación laboral y medio ambiente o tener los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, entre otras medidas.
Todos aquellos que cumplan estas exigencias entrarán en un sorteo, ya que la aplicación de la ratio 1/30 obligaría a eliminar la mitad de las licencias VTC vigentes en Barcelona. En la actualidad, en la Ciudad Condal operan 10.460 taxis frente a 799 VTC, y la intención de Colau es reducirlas a 348 licencias.
Pese a todo, esta regulación tiene importantes inconvenientes, ya que, en primer lugar, invade competencias de ámbito estatal y autonómico, vulnerando además la Ley de Unidad de Mercado, y, en segundo término, no se puede aplicar con carácter retroactivo, según los expertos jurídicos consultados por Libre Mercado. Por tanto, se da por hecho que la normativa de Coalu acabará en los tribunales y se solicitará su suspensión cautelar.
La reacción del sector
Desde la patronal de VTC alertan de que, si finalmente entra en vigor, "cientos de puestos de trabajo se verán en riesgo y las personas que buscaban en la conducción profesional una opción para ganarse la vida se quedarán sin ella. Además, lo realmente grave es que imponer una limitación con carácter retroactivo supondría un ataque a los derechos de aquellos operadores que actualmente se encuentran prestando sus servicios y que quedarán desempleados".
El presidente de Unauto, Eduardo Martín, añade que, "sea cual sea el pretexto de la normativa, la realidad es que las medidas seguirán protegiendo los privilegios del monopolio del taxi en contra de las VTC, pero, sobre todo, en contra de los ciudadanos, a quienes se les negaría la opción de elegir qué opción prefieren para moverse por la ciudad. Si la población tiene que dejar de usar progresivamente su coche privado, reducir el número de alternativas no parece tener mucho sentido".
"Blindar los privilegios del taxi refuerza su inmovilidad. El ciudadano seguirá a merced de las tarifas y suplementos que el taxi proponga. Como hemos visto en Madrid, parte del sector del taxi ha realizado mejoras para ser más competitivo, redundando así en la calidad del sector. Dudamos mucho que con estas políticas Barcelona viva la misma suerte", concluye.
Por su parte, la patronal de empresas innovadoras y nuevas tecnologías (Adigital) ya había señalado en las alegaciones que presentaron a este reglamento el pasado enero que el Ayuntamiento de Barcelona no tenía competencia para regular esta materia. Además, "el hecho de que ya exista una autorización administrativa en relación con las VTC supondría una doble carga administrativa innecesaria y desproporcionada". Igualmente, criticaron la "patente" falta de necesidad y proporcionalidad de la normativa, dado que el sector se encuentra ya fuertemente regulado a nivel estatal, pues se exige disponer de una autorización administrativa adicional para el ejercicio de la actividad.
Por último, consideran que esta medida esta orientada a frenar la entrada masiva de licencias VTC que van a llegar por vía judicial. Si la intención de Barcelona era "equilibrar el mercado respetando el ratio 1/30, la mejor solución era aumentar las licencias del taxi, pues así se aumentaría la oferta y el bienestar del consumidor", concluye esta entidad.
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