Juan Rallo analiza la cuadratura del círculo jaleada por políticos demagogos y oportunistas, a raíz de las recientes protestas de jubilados, exigiendo mayores pensiones.
Artículo de El Confidencial:
Cientos de jubilados se manifiestan junto a la Delegación del Gobierno en Navarra, en defensa de unas pensiones dignas. (EFE)
Miles de jubilados se manifestaron ayer por toda España para reclamar al Gobierno “pensiones dignas”. En tal reivindicación fueron acompañados por políticos de extrema izquierda, como Alberto Garzón o Íñigo Errejón, habituales defensores de la imposición de un sistema público de pensiones y enemigos de cualquier modalidad de ahorro privado de carácter complementario. El problema —o, mejor dicho, el pináculo de la demagogia— es que un sistema de pensiones exclusivamente público es incompatible con unas pensiones dignas en medio de un declive demográfico: los populistas de la jubilación estatal llevan en su pecado la penitencia.
A este respecto, recordemos tres cuestiones fundamentales que los manifestantes de ayer, espoleados por políticos manipuladores y con escasos escrúpulos, parecen olvidar.
1. Los pensionistas españoles son el colectivo que menos ha padecido la crisis
En contra de lo que sugerían los miles de manifestantes por “unas pensiones dignas”, los pensionistas españoles han capeado la crisis muchísimo mejor que el resto de la sociedad. En gran medida porque los políticos han optado por fundirse el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en comprar su apoyo electoral.
Primero, la pensión media de jubilación no ha dejado de incrementarse durante la crisis (debido a que los nuevos jubilados perciben una pensión media más elevada que los que se han dado de baja). En particular: entre 2008 y 2017, la pensión media de jubilación se ha revalorizado desde 958 euros mensuales (en 12 pagas) a 1.250: un 18,4% en términos reales (y un 30,3% en términos nominales).
Segundo, las pensiones no han perdido poder adquisitivo a lo largo de la crisis: entre 2008 y 2017, las pensiones se revalorizaron acumulativamente un 9,98%, mientras que la inflación ascendió al 10,03%. Por consiguiente, los pensionistas —al menos hasta la fecha— han conservado su poder adquisitivo.
Tercero, y justamente por los dos factores anteriores, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de los mayores de 65 años se ha desplomado durante la crisis, mientras que la del resto de la sociedad ha aumentado.
2. Las pensiones públicas españolas son extraordinariamente generosas en comparación con las del resto de Europa
Las pensiones públicas españolas son, en relación con la productividad de nuestra economía, las más generosas de toda Europa. La llamada tasa de sustitución (qué porcentaje de los salarios medios percibidos a lo largo de la vida laboral es recuperado vía pensión) superaba en 2013 el 81% (2013 es el último año comparable disponible, y desde entonces no ha podido variar sustancialmente). En otras palabras, los pensionistas españoles son los que más cobran de toda Europa en relación con quienes pagan esas pensiones (los trabajadores): en el resto del continente, ese porcentaje suele ubicarse entre el 30% y el 50%.
Fuente: The 2015 Ageing Report (Eurostat)
Es verdad que las pensiones que perciben los jubilados en los países europeos más ricos son superiores a las españolas, pero lo son por dos razones: por un lado, son superiores solo en términos absolutos (por cuanto nos comparamos con países más acaudalados que el nuestro: es como si comparáramos las pensiones absolutas de España con las de Bulgaria, Rumanía o Croacia); por otro, en prácticamente todos los países europeos existen fórmulas de ahorro privado complementario a las pensiones públicas (de modo que los pensionistas no dependen solo del cicatero sistema público). Dado que las seguridades sociales de Europa son incapaces de abonar pensiones dignas (en relación con el nivel de vida en esas sociedades), socialmente se promueve el ahorro privado complementario: algo a lo que los manifestantes de ayer, y los políticos que los congregaban, son alérgicos.
En definitiva, ¿tienen los jubilados españoles motivos para quejarse hasta la fecha? No, en absoluto: las pensiones públicas españolas no se han deteriorado durante la crisis y permanecen muy por encima de las del resto de Europa —en relación con los ingresos del país—. Ahora bien, a partir del año que viene esta situación sí va a cambiar y los políticos no van a poder hacer nada para evitarlo.
3. Las indignas pensiones públicas van a ser recortadas y no podremos hacer nada por evitarlo
Las muy generosas pensiones públicas españolas no van a ser sostenibles a lo largo de las próximas décadas. Al cabo, esas pensiones dependen en gran medida de la demografía y esta va a empeorar muy intensamente (en el año 2050, apenas contaremos con una ratio de un trabajador por pensión). De ahí que los políticos del PP y del PSOE, a través de las reformas de 2011 y 2013, hayan planificado un recortazo de las pensiones públicas hasta 2050: en concreto, dentro de 30 años, la tasa de sustitución de las pensiones será casi un 40% inferior a la actual (dejándola en torno al 45%, esto es, todavía por encima de la mayor parte del resto de Europa).
Pero ¿qué sucedería si, como defiende Unidos Podemos, derogáramos las dos reformas-tijeretazo anteriores? Pues que el gasto público se dispararía: en concreto, sin ambas reformas, los desembolsos estatales en pensiones entre la actualidad y 2060 aumentarían una media de 5,3 puntos del PIB por año (no digamos ya si, como pretenden muchos manifestantes de ayer, las pensiones se revalorizan por encima del IPC).
Fuente: La salud financiera del sistema público de pensiones español. Análisis retrospectivo, proyecciones de largo plazo y factores de riesgo (Fedea).
¿Son mucho 5,3 puntos del PIB? Pues, prácticamente, toda la recaudación anual por IVA. ¿Puede la economía española soportar un impuestazo equivalente a duplicar la carga del IVA? Lo dudo mucho: en esencia, porque quienes también soportarían ese coste serían los presuntos beneficiados por el aumento de las pensiones (si tomamos el modelo francés como referencia, el rejonazo impositivo lo padecen trabajadores y pensionistas).
En suma, desengáñese: las pensiones públicas se recortarán y la calidad de vida de los pensionistas se deteriorará justo por ser pensiones exclusivamente públicas. Si miráramos al resto de la muy socialdemócrata Europa, entenderíamos que, como poco, hemos de complementar el deficiente sistema público con el dinamizador ahorro privado: pero en España nadie —especialmente entre quienes se manifestaron ayer— acepta semejante mensaje. Reclaman la cuadratura del círculo: sostener un sistema insostenible al tiempo que jalean los factores que lo vuelven inexorablemente insostenible. Piden lo imposible para ocultar su responsabilidad en apuntalar ideológicamente el mismísimo sistema público que se está desmoronando delante de sus narices.
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