Impacto de género

Juan Rallo analiza el pueril empleo del dinero del ciudadano para propagar ideología con fines políticos y enriquecer a afines llevado a cabo por Ahora Madrid con los estudios de "impacto de género" de las obras de la M30. 

Artículo de su página personal: 

Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento para hacer frente a la emergencia social que presuntamente estaba viviéndose en las calles de la Villa y Corte. Una vez alcanzado el consistorio, empero, buena parte de su acción política se ha centrado en propagar ideología de izquierdas a cuenta del contribuyente madrileño. El último de tan lamentables episodios podemos encontrarlo en los dos estudios solicitados por Carmena, con un coste conjunto de 52.337 euros, para estudiar el “impacto de género” que acaso haya ocasionado el soterramiento de la M-30. A simple vista, semejante encargo sobresale como un absoluto despropósito sin conexión alguna con la realidad. Mas, de acuerdo con los jerarcas de Ahora Madrid, las obras públicas sí pueden conllevar impactos de género que merecen ser estudiados: por ejemplo, en términos promedios, las mujeres usan más intensamente el transporte público o permanecen más tiempo en casa que los hombres, de modo que aquellas obras que penalicen el transporte público o incrementen la contaminación acústica de las zonas residenciales tenderán a perjudicar más a las mujeres que a los hombres.

La justificación podrá parecer rebuscadamente ridícula, pero es algo peor que eso: se trata de una justificación perversa dirigida a subvencionar de manera camuflada una ideología —la ideología de género— cuya finalidad última es instrumentar las diferencias sexuales para generar conflictos y tensiones artificiales dentro de nuestras sociedades. A la postre, es verdad que el soterramiento de la M-30 fue una decisión política que, como todas, tuvo beneficiarios y damnificados: y, desde luego, los políticos deberían tener en cuenta tales perjuicios a la hora de adoptar y evaluar sus decisiones. Ahora bien, la importancia de los damnificados a ojos de un gobernante no debería ser ni mayor ni menor por el (políticamente irrelevante) hecho de que éstos sean hombres o mujeres: todos ellos son ciudadanos con idénticos derechos y, por tanto, merecedores de una misma consideración por parte de las administraciones públicas. Así pues, lo que en todo caso debería estudiarse es cuántos han sido los agraviados y cuán intenso ha resultado el menoscabo experimentado, pero no cuál es su sexo —ni tampoco su raza, religión, ideología política o orientación sexual— con el propósito de convertirlo en un criterio de configuración de las políticas públicas. Si Ahora Madrid quiere subvencionar la ideología de género, que lo haga con el dinero de sus afiliados pero no con el de todos los contribuyentes madrileños.