El populismo y la demagogia barata alcanza a toda la política. El efecto contagio sigue su curso y en una sociedad cada vez más infantilizada (el creciente paternalismo político lleva a ello) la mentira, el tratamiento y análisis simplista, la apelación sentimentalista y la demagogia, surten más efecto en la gente que el análisis serio, racional y más complejo. En definitiva el político prefiere las mentiras piadosas a las verdades incómodas.
Y en esta guerra y exaltación de la demagogia más burda llevada al límite por ciertas formaciones como Podemos, el resto no hace más que ir en dicha dirección. Primero fue obviamente el PSOE, y ahora Ciudadanos, que no quiere quedarse atrás de la lucha de cualquier voto que ande suelto, pues la masa de pensionistas es muy jugosa. El PP (o cualquiera que esté en el poder y tiene que gestionar la situación) se queda pues solo contra la pared, conociendo (como todos conocen) las consecuencias de aceptar las alocadas (pero buenistas) pretensiones de las distintas formaciones.
Así, la pinza sobre el gobierno se cumple a la perfección. Si no sigue lo que pretenden el resto de formaciones se queda solo y acusado de ir contra los pensionistas (actuales y durante los primeros años, pues las consecuencias a medio plazo, especialmente para los actuales jóvenes y no jóvenes y futuros pensionistas serán dramáticas), lo que lleva a perder votos. Si aceptan, no ganan nada (pues todos prometían lo mismo o más) pero las consecuencias futuras serán enormemente nocivas para el país y sus cuentas (menor empleo, más impuestos, menor poder adquisitivo de las familias, menores salarios, más gasto público, más déficit y deuda, más intereses por la misma, recortes en otras partidas, recortes en cualquier caso en pensiones...). Por lo que es probable que le explotara en su cara, siendo acusado de ello (ya nadie se acuerda de las implicaciones de las pensiones en ello, que en cualquier caso llevó a cabo irresponsablemente) o en cualquier otro partido, que independientemente de lo que prometa y perjure ahora manipulando al electorado para alcanzar votos y el poder, no podrá negar ni actuar contra la realidad.
Que se lo digan a la izquierda radical de Syriza, que predicaba y manipulaba en la misma medida (y que todo era una cuestión de voluntad política y blablabla) y que en siete años ha aplicado ya trece recortes de las pensiones y cuya última reforma supone un recorte de hasta el 30% para los nuevos jubilados (con la última reforma, la pensión mínima baja de los 486 euros a los 384 euros y además se eleva de 15 a 20 años, entre otras cosas).
Javier G. Jorrín informe en el siguiente artículo de la decisión de Ciudadanos, uniéndose al populismo en las pensiones, diciendo además una cosa y la contraria.
Artículo de El Confidencial:
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, junto al responsable económico, Luis Garicano, en una foto de archivo. (EFE)
La preocupación de la sociedad por las pensiones públicas tenía que acabar estallando en las calles tarde o temprano. El sistema lleva años soportado por el proceso deflacionista que ha vivido la economía, pero ahora que ha vuelto a subir el IPC, los mayores han estallado contra la reforma del sistema de 2013 que introdujo el índice de revalorización (IRP). Las pensiones han pasado a ser 'trending topic' en Twitter y los distintos partidos de la oposición están intentando capitalizar el descontento de los mayores con el Gobierno.
Hasta Ciudadanos, que había evitado pronunciarse sobre el tema, ha decidido tomar partido. La formación liderada por Albert Rivera ha decidido decantarse del lado de los manifestantes y pide que los pensionistas dejen de perder capacidad de compra, lo que significa recuperar el IPC para la revalorización anual de las prestaciones. “Los pensionistas tienen que mantener el poder adquisitivo”, asegura Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso.
De esta forma, el Gobierno se ha quedado solo en la defensa de su reforma de 2013 y el índice de revalorización, que obligará a que la subida de las pensiones sea la mínima legal (0,25%) mientras el sistema siga en déficit. Sin cambios estructurales, este desfase presupuestario durará décadas, por lo que las prestaciones están condenadas a seguir casi congeladas durante años.
Ciudadanos no quiere resignarse a aceptar este escenario, que amenaza a los pensionistas de más edad (ya que la pérdida de poder adquisitivo sería acumulativa en el tiempo). Por este motivo, está dispuesto a defender, ya sin ocultarse, la necesidad de garantizar una subida de las pensiones equivalente al coste de la vida. La formación considera que son prioritarias otras medidas de racionalización del gasto de la Seguridad Social y de ingresos del sistema antes que condenar a los mayores a perder capacidad de compra.
Esta salida inesperada de Ciudadanos deja al Gobierno en una posición muy delicada, ya que está acorralado por todos los flancos. El PSOE presentó el martes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para subir las pensiones un 1,6% este año. Ahora que Ciudadanos ha decidido desmarcarse del Gobierno para pedir una subida de las pensiones con el IPC, el Partido Popular se quedará en minoría total para defender el sistema actual.
La única opción que le queda a Rajoy para mantener su reforma de 2013, ahora que se ha quedado en minoría, es vetar esta proposición en el Congreso por implicar un aumento del gasto público. Una decisión que podría tener un coste político muy elevado para el partido. Mientras tanto, los sindicatos siguen convocando movilizaciones para agitar más la calle. Tal es el nivel de presión contra el Partido Popular al que se está llegando que la oposición considera, tras las últimas reuniones con el Ejecutivo, que tendrá que aceptar una subida de las pensiones este mismo año. El coste de revalorizar las prestaciones con el IPC se sitúa en el entorno de los 1.500 millones de euros anuales, una cuantía que el Gobierno podría aceptar para comprar la calma social.
Por si fuera poco, UGT ha recurrido ante los tribunales el real decreto del Gobierno con el que ha subido las pensiones un 0,25% este año. El sindicato quiere forzar al Ejecutivo a que lo tramite como real decreto-ley para que así tenga que someterlo a trámite parlamentario. UGT argumenta que la decisión del Gobierno vulnera la ley, ya que la subida de las pensiones tiene que incluirse en los Presupuestos Generales del Estado o tramitarse a través de un real decreto legislativo, esto es, someterse a la aprobación del Congreso. “El Ejecutivo parece tener miedo al control parlamentario”, denuncia el sindicato, ya que “sabe que está en minoría”. Y más ahora, que cuenta también con la oposición de Ciudadanos.
Para el Gobierno, esta actitud de la oposición, incendiando las calles y buscando la confrontación, es “desleal”. Para la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el debate para decidir el futuro de las pensiones debe limitarse al seno del Pacto de Toledo. “Algunos hacen del debate de las pensiones un debate desleal”, denunció el martes Báñez, porque en el año 1995 se acordó “sacar este tema del debate político”.
La ministra pide a la oposición que deje a un lado las soflamas que tanto preocupan a la sociedad y se centre en buscar acuerdos en el Congreso. La comisión del Pacto de Toledo lleva casi un año y medio de reuniones sin que haya conseguido un acuerdo para actualizar las recomendaciones. Báñez ofrece a los partidos la posibilidad de mejorar las pensiones, pero para ello es necesario que se cierre un acuerdo en el Congreso.
El control del gasto
Esta postura de Ciudadanos respecto a la revalorización anual de las pensiones no significa que el partido haya comprado las tesis de la izquierda. Al contrario, la formación considera que es necesario controlar el gasto en pensiones para garantizar que el sistema sea sostenible (algo de lo que no han hablado ni el PSOE ni Podemos). Para Ciudadanos, es tan importante la sostenibilidad como la solvencia, ya que es la única forma de garantizar la supervivencia de la Seguridad Social. Por ese motivo, considera que hay que adoptar medidas que contengan el aumento del gasto como consecuencia del envejecimiento demográfico.
En este sentido, la formación considera que el sistema ha de tener algún método de ajuste de la cuantía mensual de la pensión en función de la esperanza de vida de las diferentes generaciones. Cuanto más vivan los jubilados, más tiempo cobrarán la prestación y, por tanto, exigirán un mayor esfuerzo a la Seguridad Social.
Para atajar este problema, el Gobierno introdujo en su reforma de 2013 el factor de sostenibilidad, un ajuste que introduce una corrección en las nuevas pensiones (no para quienes ya están jubilados) en función del incremento de la esperanza de vida. Para Ciudadanos, es necesario mantener el factor de sostenibilidad o algún otro mecanismo de ajuste automático para evitar que el gasto se dispare con el envejecimiento de la población. “No podemos taparnos los ojos a la realidad demográfica”, explica Roldán.
Para Ciudadanos, uno de los problemas más graves del sistema público de pensiones es su opacidad, lo que provoca los niveles de incertidumbre que viven hoy los jubilados y los cotizantes. La formación pide avanzar en la transparencia: “O sabemos lo que vamos a cobrar o no podremos tomar decisiones fundadas en la información”, señala el responsable económico de la formación.
En el sistema español, que es de reparto, los trabajadores son quienes pagan las pensiones con sus cotizaciones. Además del esfuerzo que realizan para aportar a la Seguridad Social, los ocupados también tienen que ahorrar para su retiro, lo que supone una carga muy elevada para unas rentas salariales muy deterioradas durante la crisis. Para Ciudadanos, la prioridad para mantener unas pensiones dignas es mejorar el mercado laboral español. “Es el eje en el que hay que trabajar”, señala Roldán, empleo de calidad, competitivo y con una buena remuneración, para lo que son necesarias reformas estructurales que aumenten la productividad del país. Si se consigue, será posible financiar mejores pensiones.
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