Pero su utilización política como herramienta electoral y de aumento del poder y control sobre la población civil ha llevado al sistema a la quiebra (las constantes reformas, alargamientos de edades, aumento del periodo de contabilización para percibir el 100%... no es más que una serie de quiebras encubiertas), que irá a mucho peor como es bien sabido por los propios políticos.
Sin embargo, el voto del pensionista hoy es demasiado grande y jugoso para decir las cosas como son y reconocer públicamente la verdadera situación del sistema (es reconocer una gran mentira a la que han llevado y mantenido a la ciudadanía durante décadas) llevando al sistema al límite por evitar hacer reformas imprescindibles desde hace años para que el coste y el reconocimiento de la mentira lo sufrieran otros en el futuro.
Esto se sigue dando hoy en día con la burda utilización política una vez más por los distintos partidos, actuando de la manera más manipuladora, oportunista y demagógica sobre el tema exigiendo lo imposible (y son bien conscientes de ello), y utilizando al pensionista como arma arrojadiza con múltiples contradicciones.
Lo que les importa no son las personas ni el bien del conjunto de la sociedad, ni los jóvenes a los que se les está hipotecando a una vida más esclava, no, les importa el poder y alcanzarlo y/o retenerlo a costa de los ciudadanos y de un bienestar ilusoria a corto plazo.
Un sencillo ejemplo de dichas contradicciones es criticar la reducción de la caja de las pensiones, empleada precisamente por el enorme déficit actual del sistema -y que seguirá yendo a más- mientras exigen o pretenden hacer ver, que con ellos se echarán atrás las recientes reformas (tomadas por PSOE primero y PP después una vez en el poder de manera obligada si no querían ver cómo se desmorona el sistema en pocos años) y caerá el maná del cielo, lo que en ningún caso es posible, y llevaría a la caja a desaparecer a una velocidad mucho mayor exigiéndose aún mayor dinero vía deuda (más impuestos futuros de los ciudadanos) para compensar el déficit.
Carlos Segovia se hace eco del reciente informe de la Seguridad Social sobre las pensiones públicas futuras y su sostenimiento.
Artículo de El Mundo:
Atender una de las reivindicaciones de la creciente movilización de pensionistas y futuros jubilados en las calles españolas exige con el actual sistema de pensiones un gran esfuerzo como país y batir récords de crecimiento de la economía.
Según una estimación confidencial de la dirección general de Seguridad Social del Ministerio de Empleo al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Producto Interior Bruto (PIB) de España debe crecer un 4,2% de media anual hasta 2050 para poder subir las pensiones como la inflación sin que se dispare en exceso el gasto del sistema. De ahí la necesidad de reformar el sistema.
La economía española está creciendo actualmente a un ritmo del 3%, que no sería suficiente para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo sin descontrolar aún más el gasto del sistema. El cálculo supone que mantener el actual crecimiento nominal del 3% y pretender a la vez subir las pensiones en torno al 1,8% que es la inflación media prevista por el Banco Central Europeo elevaría el gasto en pensiones un 52%. Se pasaría desde el 11,7% actual con respecto al PIB, a un 17,84%.
Eso obligaría a aumentar en más de 70.000 millones de euros anuales los ingresos vía subida de impuestos o de cotizaciones sociales a partir de la próxima década. Para que el coste del sistema fuera similar al actual (ver gráfico adjunto), la economía debería crecer al citado ritmo nominal del 4,2% -2,4% real teniendo en cuenta la inflación-, salvo que se tomen medidas de reforma que contengan el gasto.
Aunque no ha trascendido hasta ahora, el cálculo al que ha tenido acceso este diario fue entregado hace meses por el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel García, a la Comisión del Pacto de Toledo que está trabajando sobre ese escenario, entre otros, según fuentes parlamentarias. Fuentes oficiales del Ministerio de Empleo puntualizan que los altos cargos del Departamento no contribuyen a esta comisión como Gobierno, sino como expertos e intentando ofrecer respuesta a los escenarios por los que preguntan los diputados. Una de las peticiones es, precisamente, evaluar el coste de revalorizar las pensiones en función de la inflación.
En el caso del citado documento, el director general del Ministerio presentó una simulación de la evolución del gasto con respecto al PIB desde ahora y hasta el año 2050 y teniendo en cuenta que el número de pensionistas será un 50% mayor en aquel año que los 9,5 millones actuales. También estimando que el llamado efecto sustitución, -diferencia entre las nuevas pensiones y las que causan baja en el sistema- se mantiene constante al nivel actual.
Sin entrar en cifras, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha realizado diversas declaraciones públicas asegurando que el sistema es "sostenible y viable", pero que la fórmula más eficaz para ello es "el crecimiento y la creación de empleo".
Los expertos creen que una de las medidas ya tomadas, el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) introducido en la reforma de 2013 supone el ahorro más potente para tratar de corregir el desequilibrio de la Seguridad Social. Según esta modificación, en una situación de déficit como la actual y como la que se prevé para el futuro, las pensiones sólo podrán subir un 0,25%. "El ahorro sólo en 2018 puede ser de 1.800 millones de ahorro aplicando el 0,25% en lugar del IPC de en torno al 2% que el BCE prevé como adecuado. Eso, llevado a 2022 son más de 11.000 millones de ahorro. Y en 2027, el ahorro llegaría hasta 1,7 puntos de PIB", cifra Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas.
A cambio, amenaza con desatar una pérdida de poder adquisitivo de hasta 20 puntos a los pensionistas en los próximos 10 años, según Bandrés. En 2017 las pensiones subieron un 0,25% y la inflación media fue del 2%. Sólo hasta 2022 este experto prevé un empobrecimiento de nueve puntos.
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