jueves, 19 de abril de 2018

El Gobierno ultima una ley para saltarse al Supremo y salvar al taxi de Uber y Cabify

Otro ejemplo de lo que es la política y su objetivo esencial, que desde luego no es como ilusamente creen algunos que es el bien común o general, la igualdad de oportunidades o la libre competencia para que cada uno busque de la mejor manera posible como satisfacer mejor las necesidades del resto de la sociedad. 

Su objetivo es el poder, evitar el ruido mediático, la búsqueda de votos y la satisfacción de lobbies (en detrimento del conjunto de ciudadanos) para obtener apoyo a cambio. 

En este caso el PP con su pretensión de nueva ley para blindar al sector del taxi (menos oferta, más beneficios para el lobby, mayores precios para los ciudadanos y menos disrupciones innovadoras en favor del bienestar de la gente). 

Manuel Ángel Mendez se hace eco de este asunto en este artículo. 


Artículo de El Confidencial: 

Foto: El ministo de Fomento, Íñigo de la Serna (derecha), junto al de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)El ministo de Fomento, Íñigo de la Serna (derecha), junto al de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. (EFE)

Jugada del Gobierno para evitar que el conflicto del taxi le estalle (aún más) en las manos. [...] Llega justo cuando el Tribunal Supremo se dispone a emitir la sentencia en el caso que enfrenta a la CNMC y a Fomento para liberalizar el sector. Se espera que el alto tribunal dé la razón a la CNMC y elimine todas las trabas a Uber y Cabify, algo que el Gobierno no se puede permitir si quiere evitar un conflicto social de primer orden. ¿Solución? Elevar a rango de ley las limitaciones existentes a las VTC para dejar fuera de juego al Supremo. Una medida que algunas fuentes jurídicas y políticas, incluso dentro del Partido Popular, han querido calificar de "cacicada".
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El Ministerio de Fomento ha elaborado un borrador del decreto-ley de tres páginas, al que ha tenido acceso Teknautas, en el que describe dos de las limitaciones clave que seguirá imponiendo a los coches VTCque operan con Uber y Cabify: el cumplimiento del ratio 1/30 (un vehículo VTC por cada 30 taxis) y la obligación de realizar menos del 20% de los servicios en otra comunidad autónoma, algo que en el sector se conoce como 'habitualidad'.

Extracto del borrador de proyecto de real decreto-ley que el Gobierno planea aprobar en unos días para saltarse la sentencia del Supremo.

Estas dos limitaciones llevan en activo desde noviembre de 2015 en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) y son justo las que el Tribunal Supremo puede tumbar en los próximos días en su sentencia del caso que enfrenta a la CNMC con Fomento. De hacerlo, el alto tribunal liberalizaría de un plumazo el sector. "Sería la muerte definitiva del taxi. [...]  explica a Teknautas Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi).

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"El Gobierno está elaborando una norma para proteger a unos, el sector del taxi, en detrimento de otros. Es un claro abuso del poder ejecutivo, se cargan la separación de poderes al intentar saltarse la sentencia del Supremo tramitando de urgencia algo que no cumple el requisito del artículo 33 de la Ley del Procedimiento Administrativo. No es un asunto de interés público, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, por lo que no puede ser tramitado de urgencia", señala una fuente del sector del transporte conocedora de los planes de Fomento.

[...] "Lo de las 100.000 familias y el conflicto social es una cortina de humo. En el fondo hacen más fuerza los grandes 'lobbies' propietarios de licencias VTC, que están tributando una millonada en comparación con el taxi. Si se liberaliza de repente el sector, se derrumbaría el valor de las licencias VTC, y eso a los inversores que han metido millones y millones en ellas no les interesa. Prefieren que las cosas sigan como están", explica. "Este decreto-ley no va sobre las familias, va sobre cómo el Gobierno quiere favorecer a los suyos: a Fedetaxi, afín al PP, y a los grandes 'lobbies', inversores y especuladores de licencias VTC, que prefieren que todo siga igual por mero interés económico".

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Si los magistrados del Supremo entienden que el decreto-ley se ha creado a mala fe para evitar la sentencia, pueden pedir su suspensión y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. "Habría bastantes posibilidades de que el Constitucional lo tumbara en base al incumplimiento del artículo 86 de la Constitución. Es muy difícil argumentar que existe 'extraordinaria y urgente necesidad' para aprobarlo, cuando podrían haberlo hecho desde 2015 o incluso 2011. Qué casualidad que lo hagan justo ahora, a las puertas de la sentencia del Supremo, ¿no?", explican fuentes del sector.

La normativa 'in extremis' del Gobierno supondrá un pulso inédito al Supremo. Para el sector del taxi, se trata de una cuestión de vida o muerte. Para el Gobierno, se trata de escoger entre lo malo y lo peor.Qué tiene más coste político, ¿quedar en evidencia por saltarse al alto tribunal o lidiar con huelgas, enfrentamientos violentos, carreteras colapsadas e inversores millonarios cabreados? Según una fuente conocedora de los planes del Gobierno, "les ha podido el miedo a que el conflicto del taxi les pase factura electoral. Prefieren asumir un riesgo jurídico que social. Es pura política"."

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