jueves, 26 de abril de 2018

Razones por las que España es gobernada por políticos de carrera, funcionarios y mediocres

Manuel Llamas analiza las razones por las que España es gobernada por políticos de carrera, funcionarios y mediocres y sus repercusiones. 


Artículo de El Debate de Hoy: 

La mayoría de los políticos españoles no ha trabajado nunca en el sector privado. Muchos llegan a puestos de relevancia ascendiendo simplemente dentro del partido o aprovechando los privilegios que tienen los funcionarios para dedicarse a esta actividad. 

La clase política española no se caracteriza, precisamente, por su elevado nivel de formación, tal y como pone de manifiesto la extendida práctica de hinchar los currículum mediante títulos falsos o inventados, ni por el desarrollo de una amplia y brillante trayectoria profesional al margen de la actividad pública, sino todo lo contrario. La mayoría de políticos hace carrera dentro del partido, escalando, poco a poco, posiciones hasta alcanzar el deseado cargo electo, sin más mérito que el de granjearse el apoyo de la cúpula, o bien proceden de la Administración, de modo que su experiencia laboral en el ámbito privado es más bien escasa, cuando no nula. Por desgracia, este fenómeno no es nuevo, ya que se remonta tiempo atrás, pero el hecho de que se haya enquistado conlleva una serie de problemas cuyos efectos acaba pagando el conjunto de la población, de una u otra forma.
Los datos son elocuentes a este respecto. Tan solo el 36% de los diputados del Congreso ha trabajado alguna vez en la empresa privada y este pobre resultado apenas varía si se extiende al Consejo de Ministros, dado que el porcentaje de funcionarios en el Gobierno de Mariano Rajoy ronda el 70%. Esta situación apenas ha cambiado en las últimas décadas, puesto que en los primeros años de la democracia, bajo el mandato de la UCD, su peso superaba el 80% y nunca ha bajado del 48% que, excepcionalmente, llegó a alcanzar en la era Aznar.
La razones que explican esta abrumadora preeminencia de empleados públicos y meros militantes de partido en la élite política son, básicamente, dos. En primer lugar, los privilegios que poseen los funcionarios para dedicarse a esta actividad, a diferencia de lo que sucede con el resto de trabajadores del sector privado. En muchos otros países desarrollados, especialmente anglosajones y nórdicos, existen numerosas trabas e incompatibilidades que impiden a los funcionarios dar el salto a la política, pero en España, lejos de dificultar ese tránsito, se facilita e incluso se premia. El artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público les otorga una excedencia de carácter indefinido en caso de que sean elegidos para desempeñar cargos políticos, pudiendo así reincorporarse a su antiguo puesto en cualquier momento, en la misma localidad y con las condiciones y retribuciones que correspondan en función de su categoría o carrera consolidada.
Pero es que, además, muchos de los funcionarios acogidos a esa situación de “servicios especiales” tienen derecho a recibir un complemento salarial una vez que se reincorporen a su plaza, de modo que gozarán del máximo nivel retributivo sin los requisitos de antigüedad ni la superación de los procesos de promoción interna que se exigen para el resto de empleados públicos. Es decir, los funcionarios metidos a políticos no solo conservan intacto su puesto de trabajo en la Administración al gozar de una excedencia indefinida -cosa que no sucede en caso de que decidan irse a la empresa privada-, sino que son recompensados por ello mediante aumentos salariales.
Estas prebendas constituyen un clamoroso conflicto de intereses. Curiosamente, la ley establece algunos límites para evitar que los políticos trabajen en empresas o actividades que hayan sido objeto de supervisión o competencia en el desempeño de su cargo público, pero a nadie le escandaliza que los funcionarios que acaparan el Congreso y el Gobierno legislen a favor de sus propios intereses, tal y como demuestra este tipo de medidas.

Un sueldo que no compite con la empresa privada

En segundo lugar, el coste de oportunidad explica la dificultad que sufren muchos profesionales y empresarios para entrar en política. Los trabajadores de alta cualificación y los emprendedores que tienen éxito son recompensados con ingresos muy superiores a los que, hoy por hoy, ofrece la actividad pública, de modo que carecen de incentivos suficientes para abandonar el sector privado a fin de embarcarse en una aventura cuyo futuro es incierto y el riesgo, sin duda, elevado. A pesar de lo que se suele decir, el sueldo base de los políticos españoles es reducido en comparación con otros países ricos y trabajos de responsabilidad equivalente. Cosa distinta es que los políticos intenten compensar ese déficit salarial embolsándose dietas y retribuciones extra poco transparentes o bien cayendo en corruptelas e irregularidades con el fin de enriquecerse de forma ilícita. Asimismo, a la vista del mediocre currículum que tienen muchos representantes, es evidente que ese sueldo, aun siendo bajo, está muy por encima de lo que cobrarían en caso de trabajar en el sector privado.
El nivel salarial, por tanto, aclara, en gran medida, el escaso interés que muestran los profesionales del sector privado por dedicarse a la política, al tiempo que supone un apetitoso reclamo para todos aquellos militantes y cuadros del partido que, sin necesidad de tener experiencia laboral o una mínima formación, saben desenvolverse con cierta habilidad en el juego de escalar posiciones dentro de la organización para alcanzar un cargo público. El hecho de que no dispongan de otra alternativa profesional capaz de garantizarles unos ingresos similares explica, igualmente, su absoluta obediencia a las directrices que marque el partido, así como sus reticencias a dimitir en caso de que salte algún escándalo o irregularidad en torno a su persona.
Todo ello afecta, cómo no, a la calidad institucional de España, pero también al conjunto de la economía. Que entre el 60% y el 80% de los diputados y ministros no tenga ni idea de lo que es una empresa o un autónomo, siendo ambos los grandes motores del crecimiento y la creación de empleo, constituye una tragedia, ya que esa profunda ignorancia se traduce muchas veces en leyes y regulaciones que obstaculizan la actividad económica. Asimismo, siendo funcionarios la mayoría de cargos políticos, no es de extrañar que el sector público resulte ser unos de los grandes beneficiados tanto de la actividad legislativa como del reparto presupuestario, para desgracia de los contribuyentes. España necesita dejar atrás la figura del político profesional mediante la eliminación de las prebendas funcionariales y una estrategia salarial transparente y acorde a la responsabilidad que se ejerce para atraer a candidatos de elevada experiencia y valía procedentes del sector privado.

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