José Luís Montesinos analiza la cuestión de la defensa propia a raíz del reciente e intolerable caso de encarcelar a la victima de robo, violencia y tortura en tu propia propiedad, teniendo que pagar además indemnización (además de la cárcel) por proteger a su familia y pertenencias.
Artículo de Desde el Exilio:
Cualquier daño sufrido en el transcurso de un allanamiento debería ser considerado como defensa propia. Cualquier daño también es la muerte. Así de sencillo. Así de crudo.
Pueden ustedes pensar en unos indeseables entrando en su casa, mientras su familia duerme, acercándose a sus hijos. “Me los cargo” es una respuesta del todo aceptable. Moral y éticamente correcta. Sin embargo, el código penal español, como en tantas otras circunstancias prefiere los paños calientes y la puntita nada más a coger el toro por los cuernos, llamar a las cosas por su nombre y aplicar lo que en conciencia todos y cada uno de los ciudadanos aplicaríamos.
La legítima defensa en este país es a duras penas un eximente, cuando actuar en defensa propia es algo instintivo y necesario y por tanto legítimo para la propia supervivencia en muchas ocasiones. Quien sufre una agresión no tiene en muchos casos otra salida que repelerla con violencia. Parece que el legislador prefiere que nos dejemos las huellas digitales marcando el 112 y esperando que la operadora envíe a la patrulla de guardia. Y que sea lo que Dios quiera. Todos conocemos ejemplos y muchos hemos colgado desesperados el teléfono alguna vez. No hay que extenderse en ello.
Sin propiedad no hay vida. La noción intelectual de poseer nuestro cuerpo es innata y por todos experimentada. Mi cuerpo es mío. Nadie puede hacer uso de mi cuerpo sin mi permiso. Consideremos además que, para desarrollar ese cuerpo, para crecer y para vivir, es necesario apropiarse, hacer propios, comida o vestimenta, medicamentos a veces. Casa o herramientas que utilizamos para obtener o conservar alimentos y vestidos, para seguir creando vida. De esta forma en un momento dado integraremos dentro de ese cuerpo que es nuestro todos los elementos que creemos que nos ayudarán a seguir existiendo. Esos elementos son nuestros y acaban por formar parte de nosotros. Sin propiedad no hay existencia.
Bajo este prisma una violación del espacio privado sería equivalente tanto si ese espacio está en nuestro cuerpo como en nuestras pertenencias, por lo que el castigo debería ser equivalente. Alguien que lucha por no ser violado bien pudiera equipararse a alguien que lucha por no ser robado y las consecuencias para el agresor, sean las que fueren, consideradas legítima defensa y libres de cargo para el agredido.
Parece, no obstante, que lo suyo es quedarse esperando a que vengan los agentes de la ley. Ya se sabe, siempre hay uno cerca, mientras no los necesite. Así nos quiere el Estado. Esperando desarmados. El Estado nos ampara dice, mientras los ejemplos en sentido contrario se comentan en las calles, desde el anciano de Canarias al robo de los Tous. Bien distintas son las garantías procesales – aquí nadie ha dicho que tras un tiroteo o una agresión no se abran las pertinentes diligencias para investigar y esclarecer lo que haya ocurrido hasta el último detalle – de proteger a quien no toca. La Ley debe proteger al que tiene la razón de su lado. No al débil, ni al pobre, ni al analfabeto. Si no tienen la razón, no es de justicia dársela. Al fin y al cabo, todos tenemos una familia desestructurada de cuando en cuando.
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