Joaquín Batista se hace eco del creciente cerco al castellano en las escuelas de la Comunidad Valenciana, en el objetivo claro y evidente por parte del nacionalista Compromis de llegar a la absoluta inmersión lingüística paso a paso, como paso necesario y previo para objetivos siguientes (y el adoctrinamiento y la generación de sentimiento nacionalista como generación de masas afines es indispensable, como bien se está viendo en Cataluña) en su camino excluyente.
Artículo de Las Provincias:
Un grupo de alumnos se dirige a clase. / J. M. / EFE
El curso que viene todos los centros públicos y concertados que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional tendrán que modificar su actual proyecto lingüístico, el que define en qué lengua se imparten las diferentes asignaturas o módulos. Y todo apunta a que el cambio implicará una nueva reducción del peso del castellano en la enseñanza, algo que ya sucedió en los dos ejercicios previos en Infantil y Primaria. Una pérdida de protagonismo que favorecerá al valenciano y también al inglés, pues la literalidad de la Ley de Plurilingüismo obliga a aumentar su exposición en la gran mayoría de los centros. La situación ya está siendo advertida desde las zonas castellanohablantes, donde representantes de las familias están levantando la voz y pidiendo medidas de gracia para evitar perjuicios a su alumnado.
La ley nacida en Les Corts con el visto bueno de la conselleria de Vicent Marzà establece que el nuevo modelo se aplicará a los cuatro cursos de la ESO y a los dos de Bachillerato y FP, lo que afectará al mayor volumen de alumnado hasta la fecha, alrededor de 364.000 estudiantes, según la estimación realizada en base a los datos por niveles que publica el Ministerio de Educación y partiendo de la premisa de que el alumnado será más o menos similar al de años anteriores. Eso sí, no se ha contado la educación para adultos, itinerario en el que también se aplicará la citada norma.
Los centros tendrán que elaborar su proyecto lingüístico de centro (PLC) entre febrero y marzo. Y los porcentajes son los mismos que en Primaria: al menos el 25% de las horas lectivas de toda la etapa deben ser en castellano y en valenciano, y entre el 15% y el 25% en inglés, dejando el resto a decisión del centro. La única excepción se da en Bachillerato, donde la lengua extranjera puede quedarse en un 10%.
Aunque hay lugar para la autonomía de las escuelas, existe una limitación importante: en Secundaria es necesario adaptarse a lo establecido por sus centros adscritos, es decir, al PLC de los colegios o niveles de Primaria de donde promocionan los alumnos. Así lo explica la conselleria: «Se tiene que partir de los porcentajes que marcaron los centros adscritos y adaptarlos al contexto y las necesidades de los de Secundaria. La continuidad se tiene que entender como un camino para avanzar, crecer y aumentar en los objetivos de la enseñanza plurilingüe, que son más aprendizaje de lenguas extranjeras y de lenguas minorizadas y oficiales en el territorio».
Dicho de otra forma, más valenciano y más inglés. Además, el punto de partida ya indica por dónde irán los tiros. Los primeros y únicos datos oficiales de la administración establecieron que más de la mitad de las escuelas de Primaria (el 53,9%) fijaron en su PLC que más del 45% de las horas lectivas de la etapa se daban en la lengua propia. Por contra, optaron por mayor presencia del castellano el 33,6%. El resto se movió en porcentajes intermedios.
Existe otro factor a tener en cuenta. La ley obliga a la administración a promover que los centros implanten programas lingüísticos donde el 50% del tiempo lectivo sea en valenciano y el 25% en inglés (el resto para castellano), y para ello contempla incentivos en cuanto a la dotación de personal docente o sobre actividades complementarias, medidas que también se facilitarán a escuelas donde la mayoría del alumnado no sea valenciano hablante, haya un elevado porcentaje de estudiantes en riesgo de exclusión o tengan muchos recién llegados.
En la actualidad la mayoría de centros de Secundaria aplica los programas lingüísticos de los años 90: el de valenciano (PEV) y el de incorporación progresiva (PIP). En el primero sólo se da en castellano la asignatura lingüística, mientras que en el segundo, basado en el español, la lengua propia debe llegar hasta dos materias (además de la de Valenciano). La posibilidad de que estos dos modelos convivan como sucede actualmente desaparecerá, y todos los alumnos tendrán que estudiar con los mismos porcentajes de lenguas vehiculares.
El último factor que augura un retroceso del castellano es el punto de partida. Aunque tampoco han trascendido datos recientes, en el 2016-2017 Educación informó de que la mayoría de centros, en la ESO, aplicaba un programa basado en el español (616 frente a los 317 de los que optaron por el valenciano, contando dos veces a los de doble línea). Aunque habrán variado algo, debe producirse un cambio claro para cumplir los objetivos de la ley y con la realidad implantada en Primaria.
«La ley nos ampara para estar exentos en más materias»
La Plataforma de Ampas de Torrevieja ha sido una de las organizaciones que ha levantado la voz contra el avance del plurilingüismo. En los centros de zonas castellanohablantes, como es el caso, en Secundaria funcionan programas lingüísticos donde por regla general sólo se vehicula en la lengua propia la materia lingüística. Sin embargo la ley obligará a sumar al menos dos más para poder cumplir con el mínimo exigido.
«Se trata de una lengua de uso nulo en la mayoría de familias, más allá de la asignatura de la escuela», explican desde la asociación, que a través de un comunicado ha mostrado preocupación sobre cómo puede afectar al alumnado. «No están preparados para seguir las explicaciones en una lengua que en su mayoría no dominan», explican, poniendo el acento en la «complejidad de los contenidos que requieren un lenguaje más específico».
Entre las medidas que plantean está el interpretar la exención del valenciano de manera amplia, que no sólo se aplique a la materia lingüística. A su juicio, debería ser concedida por los directores y abarcar todas las materias que se impartan en la lengua autonómica. «La ley nos ampara», defienden, en referencia al Estatuto, que habla de territorios que pueden ser «exceptuados de la enseñanza y del uso».
Desde la Confederación Covapa también inciden en la preocupación de zonas como la Vega Baja o el área de Requena, que ha derivado en «muchísimas quejas por el aumento de asignaturas en valenciano a alumnos exentos».
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