Juan R. Rallo analiza en base al reciente estudio sobre el tema, si el Estado de bienestar atrae a los inmigrantes o no, haciendo alusión a las recientes declaraciones de Vox sobre la materia.
Artículo de El Confidencial:
Personas esperan ante una oficina de empleo. (EFE)
Durante los últimos días, algunos miembros de Vox han cargado contra la inmigración legal (no ya contra la ilegal, sino contra la legalmente instalada en nuestro país) sugiriendo que esta abusa sobreproporcionalmente de las prestaciones sociales otorgadas por el Estado español. En cierto modo, se pretende trasladar la visión de que gran parte de los extranjeros se instalan legalmente en nuestro país no para cooperar con nosotros sino para parasitarnos: no vienen a trabajar honradamente o incluso a crear empresas sino a mamar de la teta del contribuyente nacional. Ahora bien, ¿qué evidencia tenemos de que los inmigrantes realmente acuden a Europa para aprovecharse de las generosas ayudas sociales que les confiere el Estado de bienestar?
Desde luego, las motivaciones de una persona para emigrar a otro país pueden ser múltiples: cercanía geográfica, facilidad de encontrar empleo, nivel salarial, respeto hacia su identidad cultural, presencia de otros inmigrantes similares y, también, generosidad del Estado de bienestar. Desentrañar la importancia relativa de cada una de esas heterogéneas motivaciones no es sencillo porque, en el fondo, solo podemos observar la decisión final de cada emigrante, que es el resultado de todos los factores anteriores; además, tampoco cabe preguntarles por sus razones pues podrían engañarnos (si vinieran para aprovecharse de las ayudas sociales, es poco probable que lo reconocieran). En realidad, pues, para poder resolver esta cuestión, necesitaríamos efectuar un experimento social: suspender las transferencias que reciben los inmigrantes y observar cómo varían consecuentemente los flujos migratorios.
Por suerte, ese experimento social ya se ha hecho: en 2002, Dinamarca recortó a la mitad las ayudas a los inmigrantes legales extracomunitarios (pero no para los nacionales o inmigrantes legales comunitarios) y, en 2015, después de un intenso debate al respecto, las terminó restableciendo. ¿Cómo afectó este cambio institucional a los flujos migratorios? Esa es la cuestión que estudian en un reciente artículo los economistas Ole Agersnap, Amalie Sofie Jensen y Henrik Kleven.
El análisis ofrece resultados mixtos tanto para los defensores como para los detractores de la hipótesis de que los inmigrantes vienen para aprovecharse de nuestro Estado de bienestar. Por un lado, la reducción de las ayudas sociales sí produjo una reducción del flujo migratorio hacia Dinamarca, validando, de acuerdo con los autores, la idea de que existe un “efecto imán del Estado de bienestar que es grande y altamente significativo”. En particular, la entrada anual neta de inmigrantes se redujo aproximadamente a la mitad de lo que cabía esperar en presencia de las ayudas. Por otro lado, sin embargo, no se produjo ninguna oleada de salidas del país: de hecho, la caída en la inmigración neta anual solo fue equivalente al 3,7% del 'stock' de inmigrantes legales extracomunitarios; es más, esa minoración se concentró en las entradas por reunificación familiar y por asilo, pero no afectó a las entradas por permiso de trabajo.
¿Qué conclusiones cabe extraer de todo ello? Primero, los inmigrantes reaccionan a los mismos incentivos que los nacionales: a igualdad de circunstancias, preferirán instalarse allí donde puedan recibir más transferencias netas del Estado. Pero, como ya apuntó hace 20 años el economista George Borjas, cambiar de ubicación, una vez estás residiendo en un lugar, implica asumir unos altos costes que ni los nacionales ni los inmigrantes ya instalados quieren asumir (por eso no se produce ninguna salida masiva de inmigrantes cuando se recortan las ayudas): distinto es el caso de los nuevos inmigrantes, puesto que ellos sí han decidido cargar con el coste de desplazarse y, por tanto, escogen la más beneficiosa de entre las múltiples destinaciones posibles. Segundo, el recorte de las ayudas sociales afecta especialmente a aquellos nuevos inmigrantes que cabe pensar que se beneficiarán en mayor medida de las mismas: refugiados —con dificultades para trabajar durante los primeros meses— y familiares dependientes (niños, ancianos, cónyuges que permanezcan en el hogar, discapacitados, etc.). No afecta de un modo significativo, en cambio, a los muchos inmigrantes que siguen viniendo a trabajar y a prosperar (y recordemos, a propósito, que la evidencia no apoya la idea de que los inmigrantes constituyan una carga neta para el contribuyente nacional: más bien al revés).
Esto último, por cierto, tampoco tiene nada de especialmente sorprendente: si los inmigrantes asentados que trabajan están pagando impuestos (y muchos impuestos en países como Dinamarca), probablemente no cuenten con una renta disponible suficiente para hacerse cargo de sus familiares dependientes. De hecho, la lógica de Estados tan redistributivos como el danés es que los ciudadanos abonan una factura tributaria altísima a cambio de que el Estado posteriormente se la devuelva en forma de servicios públicos y de transferencias: si se mantiene la factura pero se eliminan las transferencias, el ciudadano queda cuasi depauperado.
Cuestión distinta, claro, es que los liberales consideremos que el modelo socialdemócrata basado en altísimos impuestos y enorme gasto público es un modelo a abandonar, tanto por criterios morales (es injusto) como económicos (es ineficiente). Pero entonces habrá que abandonarlo tanto para nacionales como para inmigrantes; no defenderlo para unos y restringirlo para otros. En caso contrario, pasaríamos de la hipótesis de que “los inmigrantes vienen a aprovecharse del contribuyente nacional” a la política económica de que “el nacional se aprovecha de los contribuyentes inmigrantes”.
En definitiva, la motivación fundamental del grueso de los inmigrantes es trabajar y prosperar en el país de acogida. A igualdad de circunstancias, los inmigrantes, especialmente aquellos que no van a poder trabajar, prefieren instalarse en países con ayudas sociales más generosas (sobre todo si, además, las cargas fiscales que soportan en esos países son muy elevadas). Exactamente lo mismo, por cierto, que sucede con los nacionales: si hoy no vemos desplazamientos masivos de nacionales hacia otros destinos extranjeros con ayudas sociales más amplias, es por los mismos motivos por los que no observamos salidas masivas de inmigrantes instalados cuando se les recortan las ayudas sociales, esto es, porque desplazarse implica unos altos costes fijos que no desean asumir. En el fondo, pues, los inmigrantes responden a los mismos incentivos que los nacionales: si esos incentivos no nos agradan, cambiemos para todos el marco institucional que los genera.
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