miércoles, 11 de junio de 2014

Fomento coacciona a los ciudadanos

Juan R. Rallo analiza el reciente comunicado del Ministerio de Fomento donde amenaza con sancionar con hasta 18.000€ a las personas y empresas que proporcionen servicios de transporte discrecional de viajeros sin la pertinente autorización administrativa. 

Otra muestra de la coacción sistemática sobre el conjunto de los ciudadanos en favor de políticos y grupos de interés. 


Artículo de El Economista:

El reciente comunicado del Ministerio de Fomento amenazando con sanciones de hasta 18.000 euros a las personas y empresas que proporcionen servicios de transporte discrecional de viajeros sin la pertinente autorización administrativa pone de manifiesto, una vez más, la verdadera naturaleza de la inmensa mayoría de regulaciones que emanan del Estado: coacción sistemática sobre el conjunto de los ciudadanos ideada en favor de los propios políticos o de los grupos de presión que los rodean. Hoy los taxistas de Madrid comienzan una huelga de 24 horas para quejarse del supuesto intrusismo en el sector
A la postre, el departamento de Ana Pastor ha tenido que salir a la palestra para amilanar a los loables protagonistas de ese conjunto de innovaciones disruptivas -llámense Uber, BlaBlaCar o Cabify- que están revolucionando el panorama del transporte discrecional de viajeros merced a su capacidad para sortear las oligopolísticas regulaciones que los políticos habían impuesto en provecho de los taxistas.

Estas sencillas -y gratuitas- aplicaciones para los teléfonos móviles permiten arrendar o compartir los gastos de un automóvil con conductor para llegar al destino deseado al menor coste posible. Son magníficos ejemplos de la creatividad empresarial dirigida a mejorar las vidas de los ciudadanos ofreciéndoles un servicio de calidad, accesible y barato: es decir, son magníficos ejemplos de los beneficios que tiende a proporcionar un mercado libre y competitivo.

Y frente al dinamismo innovador del mercado libre, la represión irracional de Fomento: el Ministerio rápidamente ha aparecido para amenazar con sanciones a todos aquellos particulares y empresas que, sin la autorización administrativa VTC, utilicen estas aplicaciones para ofertar o demandar servicios de transporte discrecional por carretera; los oferentes podrán sufrir un rejonazo de hasta 18.000 euros y los demandantes, de hasta 600.
Ciertamente, en la actualidad sólo es posible arrendar vehículos con conductor siempre que éstos cuenten con la autorización administrativa VTC. En este sentido, la amenaza de Pastor no perjudicaría a Cabify (cuyos vehículos "de lujo" sí cuentan con la autorización VTC), pero sí podría afectar a Blablacar (dependiendo de si se entiende que concurre ánimo de lucro a la hora de dividir los gastos de desplazamiento) y desde luego a Uber (si los vehículos contratados mediante esta aplicación no contaran con las muy limitadas VTC). ¿En qué se diferencia Uber de BlaBlaCar?

¿Es por nuestro bien?


Pero más allá de la taimada inoportunidad de unas amenazas gubernamentales desgraciadamente amparadas por la legislación vigente, la pregunta de verdad relevante que el susodicho comunicado matonil de Fomento apenas responde es la siguiente: aun cuando la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres justifique la imposición de sanciones a aquellas personas y empresas que proporcionen servicios de transporte discrecional de viajeros sin la pertinente autorización administrativa, ¿qué justifica que esa descabellada exigencia no sea derogada ipso facto por nuestros próceres?

Fomento defiende la exigencia de autorización administrativa apelando a la necesidad de "asegurar que el servicio recibido por los usuarios reúne unas condiciones de seguridad y calidad adecuadas". Pero si ése fuera el verdadero motivo detrás de esta regulación, el instrumento adecuado sería el del certificado administrativo, que no la autorización: es decir, bastaría con que Fomento otorgara certificados de calidad a aquellos vehículos que cumplieran sus estándares mínimos y, a partir de ahí, permitiera a los usuarios contratar libremente ora vehículos con calidad certificada por la administración ora vehículos con calidad no certificada por la administración. En tal caso, las sanciones sólo deberían dirigirse contra aquellas personas o empresas que ofrecieran servicios de transporte discrecional afirmando contar con un certificado administrativo del que carecen: es decir, deberían dirigirse exclusivamente contra quienes cometen fraude.

El oligopolio de los taxis


Pero no: el verdadero motivo detrás de esta caza legalizada de brujas es proteger el oligopolio de los taxis sobre el transporte discrecional terrestre. Evidentemente, ningún usuario que de manera voluntaria emplee alguna de estas nuevas aplicaciones sale beneficiado de que le sancionen o de que, en el extremo, le prohíban utilizarlas. Las taxistas sí salen, en cambio, beneficiados por eliminar a posibles competidores... o, al menos, eso es lo que muchos taxistas piensan. De hecho, hoy los taxistas de Madrid comienzan una huelga de 24 horas para quejarse del supuesto intrusismo en el sector.

En realidad, la vulnerabilidad del sector del taxi ante estas imparables innovaciones disruptivas se debe, justamente, a su extrema dependencia del sistema de licencias y a su genuflexo sometimiento a las muy restrictivas regulaciones estatales que han terminado por matar su capacidad de adaptación a las auténticas necesidades de sus clientes. Lo que los taxistas necesitan es libertad para recuperar el terreno competitivo que los políticos les han hecho perder, no más protecciones estatales que sólo terminarán condenándolos a una progresiva marginalidad. La solución no es perseguir a la competencia, sino mejorarla; la solución no es perseguir al cliente, sino servirle eficazmente.

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