Es un tema que ya había tratado un par de veces (aquí y aquí) ante las presiones y posibilidades de que esto se llevara a cabo. Y como no podía ser de otra manera, el político reacciona otorgando privilegios al grupo de presión (para ganarse su apoyo) en perjuicio del interés general (que o no es consciente o no se ve afectado tan directamente como para movilizarse estando además disperso o no apoyar al partido de turno por dicho hecho menor). Aunque desgraciadamente, estos hechos se producen en todo ámbito y sector llegando a una situación realmente perjudicial (tanto en términos de libertad, como en términos de coste para el bolsillo del ciudadano), evitando a su vez o retrasando la prosperidad y el surgimiento o cristalización de ideas innovadoras (y por tanto evitando el éxito de o perjudicando a emprendedores) que incrementen el bienestar de la sociedad (al ofrecer nuevas opciones o servicios que mejoran la calidad del mismo o lo ofrecen a un precio más bajo).
En consecuencia, este es otro gráfico ejemplo del dañino efecto que tiene para el bienestar y la libertad de los ciudadanos el intervencionismo político, cada vez más presente en la vida de los ciudadanos al que va arrinconando hasta decidir por él o imponerle lo que debe y no debe hacer, con quién y de qué manera.
Artículo de ABC:
El mismo día que el sector de los taxistas de Madrid anuncia la convocatoria de una huelga que paralizará los servicios durante 24 horas, el Ministerio de Fomento ha anunciado que impondrá multas de hasta 600 euros a usuarios de coches compartidos que operen sin licencia. Es decir, aquellos que utilizen aplicaciones como Uber o BlaBlaCar, el centro de las disputas del gremio de los taxistas.
Pese a que el ministerio no especifica nombres de empresas, recuerda que los usuarios que no cuentan con la correspondiente autorización de transporte para operar incurren en una «infracción muy grave» que puede conllevar multas de entre 401 y 600 euros.
La sanción para las empresas o personas que promuevan, oferten o presten estos servicios sin tener dicha licencia administrativa puede oscilar entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 euros en caso de reiteración.
En un comunicado, el Departamento que dirige Ana Pastor indica que estas multas están fijadas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Este texto establece que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración.
Así, Fomento indica que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de esta legislación «ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares».
Según recuerda el Ministerio, dicha autorización de transporte tiene como fin «asegurar que el servicio que reciben los usuarios reúne las adecuadas condiciones de seguridad y calidad».
«Circunstancias que no son posibles de presumir cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigidos para obtenerla», según subraya Fomento.
Así, Fomento asegura que, en coordinación con las comunidades autónomas, en cuanto tiene conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente, «realiza todas las actuaciones de inspección y control precisas y establece, en su caso, las sanciones que corresponden cuando existan conductas contrarias a la mencionada legislación».
Además, Fomento asegura que ha trasladado a las inspecciones de otros Departamentos (como Empleo o Agencia Tributaria) los posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias «para asegurar el pleno cumplimiento de toda la legislación vigente».
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