martes, 17 de junio de 2014

Las fundaciones estatales contrataron con unos sobrecostes de hasta el 17%

Ciertamente no es ningún misterio ni tiene que venir el Tribunal de Cuentas para denunciarlo. 

La falta de transparencia, la falta de control de los proyectos pagados, la falta de principios económicos en la gestión de los fondos públicos, con elevados sobrecostes es el día a día en el funcionamiento de las distintas fundaciones estatales dependientes de los distintos ministerios. 



Artículo de El Economista:

El Tribunal de Cuentas denuncia las irregularidades a la hora de hacer contrataciones en las que incurrieron siete fundaciones dependientes del Estado en el año 2012. El reciente informe de la institución fiscalizadora pone de manifiesto un amplio espectro de deficiencias, que van desde la falta de transparencia hasta la pérdida del control de los proyectos pagados, pasando por la actuación "en contra del principio de economía en la gestión de fondos públicos".

El problema del sobrecoste fue especialmente, notorio en el caso de la Fundación Genoma España, fundada en 2002, en la que el Tribunal destaca que, a la hora de evaluar la contratación de un determinado proyecto, tuvo el mismo peso una oferta valorada en 100.000 euros que otra de 120.000, aun cuando "en la práctica la diferencia entre ambas suponía un 16,7% del presupuesto total de licitación".

Es más, de acuerdo con el informe fiscalizador Genoma España llevó a cabo la valoración del precio aplicando un "criterio no previsto en el pliego de las condiciones".

La confusión y la ausencia de transparencia han sido frecuentes en la manera de operar de las fundaciones estatales sometidas a escrutinio. Sobresalen otras dos organismos relacionados con la investigación científica como son el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, con un activo total de 10,3 millones, ver apoyo) y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt; activo: 0,02 millones), donde se observó una forma de proceder en la que "resultó alterado el orden de conocimiento y de valoración por el órgano de contratación de los elementos de la oferta susceptibles de valoración objetiva".

Los problemas también pueden surgir una vez que el contrato ya se ha celebrado. Y así ha ocurrido en lo que concierne a las Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal) y también con el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN); en ambos casos el informe fiscalizador resalta el hecho de que "la gestión de los pagos ha sido bien contraria a las previsiones legales, infringiéndose la regla del servicio hecho, o bien contraria a los principios contractuales". En ocasiones, también se ha producido dejadez a la hora de supervisar los resultados y la manera de operar en los proyectos que se financiaron con recursos públicos. Así ocurrió en el caso de la Fundación Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa, activo: 1,8 millones) y el Tribunal de Cuentas es taxativo desde este punto de vista: Enresa perdió siquiera parcialmente en algunas ocasiones el control de las actividades que financia".

El descontrol también ha llegado al extremo de que en otro de los organismos que se ha puesto bajo la lupa del Tribunal de Cuentas, CNIC, los pliegos no especificaban los medios a través de los cuales los licitadores tenían que acreditar que se encontraban en situación de solvencia económica.



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