Alcaldes y autonomías lanzan su ‘Plan E’ para ganar votos ante las elecciones

Como no podía ser de otra manera, a la mínima oportunidad, y jugándose uno el seguir en el poder, los alcaldes y las distintas autonomías vuelven a la carga del gasto para comprar voluntades y votos. ¿Las consecuencias de ello? Qué más da. Ya los sufrirá un político posterior ante la ingenuidad del votante, que pensará que el que destrozó las cuentas hizo "mucho" por él (lo que ve, lo que no ve es la ruina y la hipoteca que le crea), y el que llega es muy malo pues tiene poca capacidad de actuación y de despilfarrar tan alegremente (aunque la deriva política actual y la manipulación y monopolio monetario de la moneda les permite seguir haciéndolo) y mucha necesidad de corregir los excesos e irresponsabilidades del pasado (que se mantienen con ellos también en el presente puesto que sus incentivos y objetivos son los mismos).


Así que año de elecciones, años de despropósito público y de incremento de gasto, no importa en qué tipo de plan.

Por ejemplo, la Administración Local ha aumentado el gasto (enero de 2015 sobre el mismo mes del año pasado) en un 46%, muy por encima del 28% que se registra incorporando el resto de administraciones. Y no se salva nadie, diputaciones (+51% de gasto), ayuntamientos, comunidades autónomas...y el producto estrella es...efectivamente, la obra pública!
 

Artículo de El Confidencial:
 

Los datos son concluyentes. La licitación pública, después de años de ajuste, ha vuelto a crecer. Y lo hace de forma relevante. Nada menos que un 32% el año anterior respecto de 2013. Es evidente que la comparación se hace sobre bases muy bajas tras años de recortes, pero lo relevante es que el crecimiento es especialmente llamativo en el caso de los ayuntamientos, cuya licitación oficial ha crecido nada menos que un 50,4%. Como sostiene un alto cargo de Seopan, la patronal de estudios del sector de la construcción, “han vuelto las alegrías”.

  Ni que decir tiene, como asegura este directivo, que el crecimiento tiene que ver con el ciclo electoral. El próximo 24 de mayo, todos los ayuntamientos españoles y la mayoría de las comunidades autónomas celebrarán elecciones territoriales, y eso es lo que explica el aumento de la inversión pública. El problema, como señala Seopan, es que en la segunda parte del año -tras las elecciones-   “ocurrirá lo contrario”. Y lo que no es menos importante para sus intereses “veremos cómo se paga”.

  Un dato refleja la aceleración de la inversión pública por parte de las corporaciones municipales. La Administración Local ha aumentado el gasto (enero de 2015 sobre el mismo mes del año pasado) en un 46%, muy por encima del 28% que se registra incorporando el resto de administraciones. Existe, sin embargo, una diferencia. Mientras que el gasto de los ayuntamientos que son capitales de provincia crece a un ritmo del 37%, en el caso del resto (de menor tamaño en términos generales) el avance se sitúa en el 61%. Las diputaciones, con gran influencia política sobre los pequeños municipios, han gastado un 51% más en enero que el mismo mes del año pasado.  

Los datos muestran, en concreto, que las corporaciones locales (incluidas las diputaciones, los cabildos y los ayuntamientos) gastaron el año pasado en obra pública licitada 256 millones de euros al mes, una cifra similar a los 263 millones de 2011. Es decir, antes de los ajustes que aplicó el PP nada más llegar al Gobierno.
 
¿Y en qué se gastan los ayuntamientos u otras administraciones los créditos presupuestarios? Las cifras oficiales muestran un crecimiento de nada menos que un 75% el año pasado en carreteras y vías urbanas, según los datos del Ministerio de Fomento.
  Estas cifras, sin embargo, no reflejan en su totalidad el gasto público en construcción, toda vez que muchas obras de escasa cuantía no son licitadas a través de anuncios o convocatorias oficiales. Estas pequeñas obras, como la regeneración de parques públicos o el arreglo de las aceras, se realizan con plazos muy ajustados. Y eso es lo permite acumular las obras durante los meses inmediatamente anteriores a la fecha electoral.
 

Un comportamiento errático
 

El año pasado, según Fomento, la licitación oficial total creció casi un 33%, básicamente por el impulso inversor de las sociedades públicas que dependen del Ministerio de Fomento (Adif o Aena). Ahora bien, mientras que el grado de ejecución del departamento de Ana Pastor es muy elevado -en torno al 98%- no ocurre igual con las empresas públicas, con un comportamiento mucho más errático.

El peso de las entidades territoriales en relación al gasto público es determinante. Casi el 54% de la licitación pública procede de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, lo que da idea de su importancia en términos económicos. Las cifras oficiales muestran que la licitación oficial en construcción ascendió el año pasado hasta los 9.207 millones, y hay que tener en cuenta que en 2012, el año del gran ajuste del gasto público, apenas se alcanzaron los 5.908 millones. En 2010, se llegó a sobrepasar los 21.590 millones coincidiendo con el lanzamiento por parte del anterior Gobierno Zapatero del llamado Plan E.

  Esta expansión de la obra pública explica en parte el fuerte ritmo de creación de empleo en la construcción. Hasta el punto de que el número de cotizantes ha aumentado en términos anuales nada menos que un 6,7%. Por lo tanto, más del doble de lo que está creciendo el Régimen General de la Seguridad Social. Tan sólo en febrero -un mes muy frío que no favorece precisamente la actividad del sector de la construcción por razones climatológicas- el avance respecto a enero fue del 4,2%, cuando incorporando todos los sectores productivos el aumento fue de apenas el  0,72%.

  Otro indicador refleja el impulso de la licitación pública, tanto en edificación no residencial como en obra civil (carreteras o vías urbanas). El consumo de cemento ha vuelto a crecer tras siete años de brutales caídas. Hoy se consume, en cualquier caso, apenas la quinta parte de cemento que en 2007, lo que refleja el desplome del sector. Ahora empujado por la cercanía de las elecciones locales y autonómicas.