Mostraba en otro artículo reciente el escándalo de la empresa pública petrolera Petrobras, sin duda, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
Y es que no puede ser de otra manera. La corrupción aparece donde el político mete sus manos y tiene poder de decisión arbitraria y poder coactivo para influir (en lugar del mercado).
Otra buena muestra de que ocurre con la gestión pública de los recursos y de las empresas nacionalizadas (esas estratégicas que muchos pretenden tener bajo sus pies para controlarlas y beneficiarse de ellas, pero siempre en el nombre del pueblo, claro, para que haya apoyo para dichos actos).
El resultado casi siempre es el mismo:
-Una mayor ineficiencia, pues la gestión no es profesional y se supedita al poder y el dictado político.
-Mayores costes, fruto de la mayor fuerza del lobby sindical, que llevan a engordar las plantillas en número muy superior al eficiente, aumenta los salarios de dichos trabajadores muy por encima de los precios de mercado (repercutiendo negativamente en los salarios del resto de la sociedad indirectamente). Pero en el largo plazo, esta situación insostenible de las cuentas de la empresa por este y el resto de motivos obliga al despido masivo posterior.
-Provoca clientelismo y colocación a dedo de afines y familiares e incentiva que se emplee como compra de votos con colocación masivas innecesarias...
-Menores inversiones, pues los ingresos se emplean para financiar gastos políticos y compra de votos, lo que evita que se ahorren recursos para invertir en mejoras cuyos resultados vienen a más largo plazo, lo que hace que se deterioren infraestructuras, no se mejore la tecnología, y se generen menos ingresos futuros, lo que acaba matando la gallina de los huevos de oro.
-Menores ingresos y aparición de pérdidas en lugar de beneficios. Es fruto de todo lo anterior y motivado también de que no se gestionan tus recursos sino los de terceros, no hay "ánimo de lucro" empresarial (pero sí personal y de qué manera).
-El deterioro lleva en la mayoría de casos a implicar un grave deterioro fiscal de las cuentas públicas. En lugar de recaudar impuestos si ésta fuera privada, se pasa a tener que aportar dinero de los impuestos del resto de los ciudadanos y empresas para mantener el chiringuito, que se mantiene en pérdidas por la pésima gestión. El político por supuesto siempre alude a que la empresa pública no tiene un fin de obtener beneficios para justificarse, lo que lleva a empobrecer cada vez más al conjunto de la sociedad (más impuestos o recortes, más deuda y gasto público, asignación ineficiente de los recursos, menor crecimiento económico y empleo sostenible...).
-Incrementa e incentiva la corrupción y genera lobbies, pues el poder político por cuyas manos pasa todo (en lugar de por la libre voluntad y libre intercambio entre las partes), tiene un poder coactivo y arbitrario para dar y quitar por lo que para obtener algún beneficio del pastel y quitarse la competencia pasa por arrimarse al poder y ceder a su chantaje (dinero bajo mano, sobornos, favores políticos...), en lugar de competir en el mercado contra otros de manera libre donde el que gana es el que mejor sirve al cliente-consumidor, y mejor hace las cosas (mejor producto o más barato) no el que está más cerca del poder político (obtención de licencias, mayor agilidad de trámites, monopolio de servicios, asignación de contratos públicos...).
-Incrementa la injusticia, pues generalmente rige la impunidad política ante los escándalos, pues quien hace la ley hace la trampa y se protegen entre ellos, permitiendo de esta manera el robo y legitimándolo.
Este caso de una de las mayores empresas estatales de Latinoamérica ha sido aún más sangrante puesto que a todo esto ha sido a lo grande, con blanqueo y desvío de ingentes cantidades de dinero y millones de comisiones para los políticos y compras masivas de votos y congresistas para apoyar las medidas del gobierno, como muestra el siguiente artículo.
Pero nada, sigamos cada vez cediendo más competencias y poder al sector público y quitándoselas a la sociedad civil...
Artículo de El Confidencial:
Y es que no puede ser de otra manera. La corrupción aparece donde el político mete sus manos y tiene poder de decisión arbitraria y poder coactivo para influir (en lugar del mercado).
Otra buena muestra de que ocurre con la gestión pública de los recursos y de las empresas nacionalizadas (esas estratégicas que muchos pretenden tener bajo sus pies para controlarlas y beneficiarse de ellas, pero siempre en el nombre del pueblo, claro, para que haya apoyo para dichos actos).
El resultado casi siempre es el mismo:
-Una mayor ineficiencia, pues la gestión no es profesional y se supedita al poder y el dictado político.
-Mayores costes, fruto de la mayor fuerza del lobby sindical, que llevan a engordar las plantillas en número muy superior al eficiente, aumenta los salarios de dichos trabajadores muy por encima de los precios de mercado (repercutiendo negativamente en los salarios del resto de la sociedad indirectamente). Pero en el largo plazo, esta situación insostenible de las cuentas de la empresa por este y el resto de motivos obliga al despido masivo posterior.
-Provoca clientelismo y colocación a dedo de afines y familiares e incentiva que se emplee como compra de votos con colocación masivas innecesarias...
-Menores inversiones, pues los ingresos se emplean para financiar gastos políticos y compra de votos, lo que evita que se ahorren recursos para invertir en mejoras cuyos resultados vienen a más largo plazo, lo que hace que se deterioren infraestructuras, no se mejore la tecnología, y se generen menos ingresos futuros, lo que acaba matando la gallina de los huevos de oro.
-Menores ingresos y aparición de pérdidas en lugar de beneficios. Es fruto de todo lo anterior y motivado también de que no se gestionan tus recursos sino los de terceros, no hay "ánimo de lucro" empresarial (pero sí personal y de qué manera).
-El deterioro lleva en la mayoría de casos a implicar un grave deterioro fiscal de las cuentas públicas. En lugar de recaudar impuestos si ésta fuera privada, se pasa a tener que aportar dinero de los impuestos del resto de los ciudadanos y empresas para mantener el chiringuito, que se mantiene en pérdidas por la pésima gestión. El político por supuesto siempre alude a que la empresa pública no tiene un fin de obtener beneficios para justificarse, lo que lleva a empobrecer cada vez más al conjunto de la sociedad (más impuestos o recortes, más deuda y gasto público, asignación ineficiente de los recursos, menor crecimiento económico y empleo sostenible...).
-Incrementa e incentiva la corrupción y genera lobbies, pues el poder político por cuyas manos pasa todo (en lugar de por la libre voluntad y libre intercambio entre las partes), tiene un poder coactivo y arbitrario para dar y quitar por lo que para obtener algún beneficio del pastel y quitarse la competencia pasa por arrimarse al poder y ceder a su chantaje (dinero bajo mano, sobornos, favores políticos...), en lugar de competir en el mercado contra otros de manera libre donde el que gana es el que mejor sirve al cliente-consumidor, y mejor hace las cosas (mejor producto o más barato) no el que está más cerca del poder político (obtención de licencias, mayor agilidad de trámites, monopolio de servicios, asignación de contratos públicos...).
-Incrementa la injusticia, pues generalmente rige la impunidad política ante los escándalos, pues quien hace la ley hace la trampa y se protegen entre ellos, permitiendo de esta manera el robo y legitimándolo.
Este caso de una de las mayores empresas estatales de Latinoamérica ha sido aún más sangrante puesto que a todo esto ha sido a lo grande, con blanqueo y desvío de ingentes cantidades de dinero y millones de comisiones para los políticos y compras masivas de votos y congresistas para apoyar las medidas del gobierno, como muestra el siguiente artículo.
Pero nada, sigamos cada vez cediendo más competencias y poder al sector público y quitándoselas a la sociedad civil...
Artículo de El Confidencial:
Hace días que el miedo enturbia el sueño de decenas de personas en Brasil, en su mayoría políticos, temerosos de verse imputados en la Operación Lava Coches, que arrancó en marzo de 2014 y está a punto de reventar el delicado equilibrio político del país tropical.
Analistas y observadores coinciden en que es el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, que envuelve a la petrolera Petrobras, una de las mayores empresas estatales de América Latina, y un tupido entramado de sociedades, constructoras y personajes públicos.
Analistas y observadores coinciden en que es el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, que envuelve a la petrolera Petrobras, una de las mayores empresas estatales de América Latina, y un tupido entramado de sociedades, constructoras y personajes públicos.
Tras semanas de rumores y de muchas expectativas, el ministro Teori Zavascki, del Tribunal Supremo Federal, desvelará por fin este viernes los nombres de las 54 personas que serán llamadas a declarar en 28 investigaciones paralelas. El adalid de este macroproceso judicial es Rodrigo Janot, fiscal general de la República y, probablemente, el hombre más temido por los poderosos brasileños en este momento.
No es para menos. En Brasil no se recuerda otro escándalo parecido. El también bautizado como ‘caso Petrolão’ está hundiendo, lenta e inexorablemente, la principal empresa del país, Petrobras, con 87.000 empleados y una producción diaria de cerca de dos millones y medio de barriles de crudo. La operación, que arrancó justo hace un año en una gasolinera –de ahí el nombre–, investiga un esquema de lavado y desvío de dinero en esta empresa pública, responsable del 35% de las inversiones en Brasil.
En esta telenovela petrolífera no falta ningún ingrediente: desde sobornos sobre las obras públicas licitadas a empresas privadas (es decir, un 3% de los miles de millones invertidos por el Gobierno acababa en los bolsillos de varios políticos) hasta blanqueo de dinero a través de negocios como gasolineras, lavanderías y hoteles; también un cambista que sacaba las divisas fuera de Brasil utilizando empresas fantasma (y que además se paseaba en su yate junto a políticos influyentes), la compra de una refinería hipervalorada en Pasadena, Texas, con el pago en B de 1,5 millones de reales (casi cinco millones de euros) para el exdirectivo de turno, o propinas en negro de hasta 800.000 reales (253.000 euros) al PT, el Partido de los Trabajadores, del que tanto Lula da Silva como Dilma Rousseff son las cabezas visibles.
“Por la información que se ha filtrado hasta ahora, parece claro que se trata de un esquema sistemático de desvío de dinero”, señala a este diario Geraldo Tadeu, analista político y director del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro (IUPERJ). “Esta trama de corrupción puede haber tenido un origen político, pero acabó derivando en casos de enriquecimiento personal ilícito. No cabe duda de que ciertas personas fueron colocadas en puestos estratégicos para gestionar áreas importantes, de las que se podían extraer fondos de forma constante para varios fines”, añade.
Además del PT, el PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) y el PP (Partido Progressista), ambos aliados del Gobierno, son dos de las agrupaciones políticas que más se han beneficiado de esta trama. Otras dos formaciones (el PSB, del fallecido candidato a la presidencia, Eduardo Campos, y el PSDB) también estarían involucradas.
“Había un esquema políticamente montado para extraer beneficios. Dado que el sistema los protegía, los protagonistas de este escándalo empezaron a desviar fondos también para fines personales”, explica Tadeu. Se calcula que entre 2004 y 2012, cerca de 10.000 millones de reales (3.175 millones de euros) fueron destinados a sobornar a políticos y altos cargos de Petrobras.
9.500 euros mensuales por congresista comprado
Atrás queda el Mensalão, que en su momento fue considerado el mayor caso de corrupción de Brasil. Hoy parece una minucia en comparación con su hermano mayor, el Petrolão.
El Mensalão era un sistema de compra sistemática de votos con el fin de asegurar el apoyo necesario al Ejecutivo de Lula. En otras palabras, ciertos parlamentarios eran untados para que el PT tuviese la mayoría suficiente para llevar a cabo su programa de Gobierno. Se estima que en la era Lula se desviaron 141 millones de reales (unos 45 millones de euros), o sea, 30.000 reales al mes (9.500 euros) por cada congresista comprado.
El Mensalão era un sistema de compra sistemática de votos con el fin de asegurar el apoyo necesario al Ejecutivo de Lula. En otras palabras, ciertos parlamentarios eran untados para que el PT tuviese la mayoría suficiente para llevar a cabo su programa de Gobierno. Se estima que en la era Lula se desviaron 141 millones de reales (unos 45 millones de euros), o sea, 30.000 reales al mes (9.500 euros) por cada congresista comprado.
A partir de 2012, el Mensalão se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Los interrogatorios televisados de los imputados conseguían audiencias dignas del Gran Hermano, al igual que las sesiones del juez Antonio Di Pietro en la Italia de los años 90, durante el caso Manos Limpias. El país entero se paralizaba para ver a los imputados declarando en directo. Era la primera vez que algo por el estilo acontecía en Brasil.
“Aun así, no hay comparación. El caso Petrobras, al igual Mensalão, tiene compra de votos y parlamentarios, y corrupción de políticos a varios niveles, pero además hay enriquecimiento ilícito, relación con las constructoras… Es como la piovra. Y es aún más grave, porque implica cantidades de dinero mucho mayores. En el Mensalão se hablaba de retiradas de 60.000 reales (19.000 euros) de las cuentas bancarias o de sobres de 200.000 reales (63.500 euros). Si miramos a los 88.000 millones de reales (casi 28.000 millones euros), que es el agujero contable de Petrobras, la diferencia salta a los ojos”, señala Tadeu.
El triunfo de la impunidad
Y cómo no, la impunidad que tradicionalmente arropa a los políticos brasileños ha triunfado una vez más. Esta semana se ha sabido que el Tribunal Supremo Federal ha anulado la pena de cuatro años y ocho meses para el expresidente del PT, Jose Genoino, una de las cabezas de turco del Mensalão. Esta decisión ha enfurecido a la mitad del país, que votó en contra de Dilma Rousseff porque considera que es “el Gobierno más corrupto de la historia”. Según la ONG Transparencia Internacional, Brasil ocupa junto a Italia, Grecia y Rumania el puesto 69 en el ranking sobre la percepción de la corrupción en el mundo, que analiza 175 países.
Retrocediendo en el tiempo, el escándalo de los enanos de los Presupuestos marcó la década de los 80. “Era un grupo de parlamentarios que desviaron recursos de los Presupuestos federales a través de enmiendas a favor de sí mismos”, explica Tadeu. Los diputados envueltos no gozaban de mucha repercusión nacional, de allí el nombre del caso: eran, pues, enanos del poder en el Congreso Nacional. Aun así, consiguieron robar cerca de 100 millones de reales (32 millones de euros).
“Hubo un diputado que desvió fondos para un hospital privado de su propiedad, en Nova Iguaçú, un municipio de la periferia carioca. Después declaró que había ganado 286 veces la lotería”, recuerda Tadeu. Una explicación parecida a la que en su momento ofreció el cacique de Castellón, Carlos Fabra, para justificar su patrimonio. Paradójicamente, es la misma que ha esgrimido esta misma semana David Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados.
Otros casos sonados de corrupción en Brasil son los relacionados con la privatización de grandes empresas estatales como Telebras y Siderbras, en la época de los presidentes Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso. En los años 90, la venta de Telebras generó ingresos equivalentes a 19.000 millones de dólares del momento, y convirtió a la empresa española Telefónica en el primer operador de telefonía de Brasil. Pero las acusaciones de corrupción y favoritismo acabaron empañando la gestión de Cardoso.
El Escándalo de las Sanguijuelas también tuvo mucha resonancia en 2006. Conocido como la Mafia de las Ambulancias, consistió en un desvío de dinero público del área de salud por parte de exdiputados. Hubo 80 parlamentarios y senadores investigados, 48 detenidos y 53 órdenes de busca y captura.
Pero, sin duda, el Petrolão supera todos estos casos por su complejidad y el volumen del dinero desviado. Es un mazazo para la delicada economía brasileña, aquejada de problemas estructurales como la inflación y la recesión. En el último trimestre de 2014, las acciones de Petrobrás se desplomaron, perdiendo el 38% de su valor. Y, como siempre, son los trabajadores los que pagan el pato. Concretamente, está aconteciendo en Itaboraí, en la periferia de Río de Janeiro, donde Petrobras posee el Comperj (Complejo Petroquímico do Rio). En este municipio hay cada vez más antiguos empleados, procedentes del nordeste pobre del país, que duermen en la calle tras haber perdido su trabajo.
Es el caso de Andino Duarte, de 44 años, analfabeto y sin medios para regresar a su tierra, en el estado de Sergipe. “Busco trabajo todos los días, pero sólo veo personas que están siendo despedidas. Si vuelvo a mi ciudad, mis hijos, que me ayudaron a pagar el billete para Río de Janeiro, pensarán que soy un fracasado. No puedo decepcionarlos”, admite Andino en el diario O Globo.
En la época de bonanza, por esta ciudad llegaron a circular hasta 30.000 trabajadores. Hoy sólo quedan 10.600, según datos de Petrobras. Itaboraí ya registra un 70% de paro y el riesgo de favelización del municipio es alto. “El Gobierno chupó demasiado de Petrobras, en todos los sentidos. Para mantener el precio de la gasolina en un valor por debajo del mercado, se perdieron por lo menos 60.000 millones de reales (19.000 millones de euros).
Los analistas habían avisado de que esta política de precios causaría daños enormes a la economía”, remata Tadeu.
Los analistas habían avisado de que esta política de precios causaría daños enormes a la economía”, remata Tadeu.
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