Y nuevamente, aún en el primer caso, es el conjunto de la sociedad la perjudicada, pero son los pobres los más perjudicados (en términos agregados), explicando las razones del porqué.
Artículo de Voz Pópuli:
Gracias a décadas de investigación económica, hasta la fecha sabíamos que las subidas del salario mínimo tienden a generar desempleo, reducir la jornada laboral, ralentizar el ritmo de contratación, mecanizar la plaza e incrementar la pobreza entre aquellos trabajadores afectados por la misma. Sin embargo, es verdad que todos estos efectos sólo tienden a darse en aquellas industrias con una demanda lo suficientemente elástica como para no poder repercutir los mayores costes salariales en aumentos de precios. Así, quedaba pendiente responder a la pregunta de qué sucedía en las industrias con una demanda inelástica, esto es, aquellas que sí pueden trasladar los costes a los precios. ¿Acaso estos sectores no serán capaces de incrementar sosteniblemente el salario mínimo?
Pues sí, lo serán, pero a costa de muchos de los individuos más desfavorecidos de una sociedad.
Precisamente, el economista Thomas MaCurdy acaba de estimar en el Journal of Political Economy los efectos del incremento del salario mínimo en aquellos casos en los que no afecta al empleo sino a los precios. En concreto, MaCurdy se plantea cuáles fueron las consecuencias de la subida del salario mínimo estadounidense desde 4,25 dólares la hora a 5,15 dólares la hora en 1996. Para averiguarlo, calcula en primer lugar quiénes fueron los receptores de la subida del SMI; luego estima quiénes soportaron su coste y, por último, extrae el resultado neto.
¿Quiénes aumentaron sus ingresos con la subida del salario mínimo?
Por sorprendente que pueda parecer, MaCurdy pone de manifiesto que la distribución de familias con al menos un miembro cobrando el salario mínimo es bastante uniforme en todos los quintiles de renta: es decir, aproximadamente hay el mismo porcentaje de familias pobres que de familias ricas con miembros percibiendo el SMI. En concreto, el 22,6% de las familias en el quintil más bajo de renta (el 20% más pobre de la sociedad) tenían algún miembro cobrando el SMI y el 22,7% de las familias en el quintil más elevado (el 20% más rico de la sociedad) también lo tenía.
Evidentemente, en un caso puede ser el cabeza de familia quien cobre el SMI y, en el otro, el hijo universitario que quiere complementar su paga semanal con un trabajo a tiempo parcial: pero la cuestión es que cuando se decide subir el salario mínimo, los “beneficios” se distribuyen a partes iguales entre familias ricas y pobres.
De hecho, aunque computemos qué porcentaje de la subida total del SMI termina siendo apropiada por cada uno de los grupos, las diferencias son escasas: el quintil más bajo de renta se queda con el 19,9% de toda la subida salarial (17,7% después de impuestos) y el quintil más alto con el 18,6% (12,6% después de impuestos). Es decir, aunque pudiéramos intuir que las familias con menor renta trabajarán muchas más horas cobrando el SMI que las familias con mayor renta, el efecto final no es tan intenso como pudiera imaginarse.
Por consiguiente, la subida del SMI no es un programa gubernamental especialmente focalizado en beneficiar a las capas más desfavorecidas de la sociedad: a efectos prácticos, equivale a un incremento del gasto público distribuido casi aleatoriamente por la sociedad.
¿Quiénes incrementaron sus gastos con la subida del salario mínimo?
Según MaCurdy, el incremento del SMI se tradujo en aumentos de precios especialmente en sectores como bares y restaurantes, educación, alimentos o consumo personal: encarecimientos que, según la industria, fueron equivalentes a repuntes del IVA de entre el 0,04% y el 2,8%. ¿Y quiénes fueron los principales damnificados de estos mayores precios? En general, todos los grupos de renta se sintieron similarmente afectados: el quintil más bajo vio como sus gastos anuales crecían un 0,59% y el quintil más alto un 0,58%.
Si en lugar de clasificar a la sociedad por quintiles de renta lo hiciéramos por quintiles de consumo, quienes salieron peor parados fue el 20% de la población que menos consumió: padecieron un sobrecoste del 0,63% frente al 0,52% del quintil más elevado. La razón es que las familias que menos gastan en consumo concentran relativamente más sus compras en aquellos productos encarecidos a raíz de la subida del salario mínimo.
Por consiguiente, si el reparto de beneficios derivados del alza del SMI había que entenderlo como una redistribución aleatoria del gasto público dentro de la sociedad, ¿cómo debemos entender el reparto de su coste? Pues como un aumento regresivo del IVA: las alzas de precios se concentran en torno a aquellos bienes sobreconsumidos por las rentas más bajas sin posibilidad de aplicar un tipo superreducido a los productos de primera necesidad (como sí sucede con el IVA).
¿Cuál fue el saldo final de la subida del salario mínimo?
Ya disponemos de los ingresos y de los gastos vinculados a aumentar el salario mínimo en industrias con demanda inelástica. Sólo nos queda computar cuál es su efecto neto: ¿superan los gastos a los ingresos? En términos agregados la respuesta es NO: el 22,3% de todas las familias estadounidenses tenía al menos un miembro cobrando el SMI y, en consecuencia, lograron unos beneficios netos de 370 dólares anuales como media; ahora bien, el 77,7% de las familias estadounidenses carecía de personas cobrando el SMI, por lo que sus gastos anuales medios se incrementaron en 136 dólares. Dicho de otra forma, más de tres cuartas partes de los estadounidenses pagaron 136 dólares más al año para que menos de una cuarta parte cobrara 370 dólares más: el saldo neto es de una pérdida media de 23 dólares anuales por familia (el saldo no es cero ya que no toda la subida del SMI va a parar al trabajador: parte se la queda Hacienda).
Sin embargo, el resultado que verdaderamente interesa a quienes defienden subidas del SMI no es tanto el saldo medio para toda la sociedad sino para los grupos más desfavorecidos. En este sentido, el 22,4% de las familias estadounidenses en el quintil más bajo experimentaron un incremento medio de renta de 521 dólares anuales y el 77,6% de las familias en ese mismo quintil sufrió unos gastos supletorios de 74 dólares. Como media, pues, este grupo salió beneficiado: la ganancia de una cuarta parte del grupo excede a las pérdidas de las otras tres cuartas partes. No sucede lo mismo, en cambio, con el quintil más elevado de renta: en este caso, el 22,5% de las familias más ricas ganaron 172 dólares adicionales al año a cambio de que el 77,5% de ese mismo quintil tuviese que desembolsar 250 dólares adicionales (arrojando una pérdida media por familia de 154 dólares anuales). Si ponderamos los ingresos y los gastos por el porcentaje de familias afectadas, obtenemos el siguiente gráfico:
Hasta aquí, pues, parecería que la subida del SMI es una política conveniente para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Empero, conviene repetir una vez más los resultados: el 77,6% de las familias más pobres de EEUU ven reducida su renta anual en 74 dólares no sólo para que el 22,4% de las familias más pobres la vea incrementada en 521 dólares, sino también para que el 22,5% de las familias más ricas la aumente en 172 dólares anuales. En otras palabras, los beneficiarios de una subida del SMI son un grupo muy reducido de ciudadanos que no se concentra únicamente entre los más pobres; en cambio, los contribuyentes son la gran mayoría de la población… incluyendo a los más pobres. Si la pérdida media de 23 dólares anuales para el conjunto de las familias estadounidenses no era relevante por descuidar los efectos redistributivos de la subida del SMI, tampoco parece lógico descuidar los efectivos redistributivos dentro del quintil más pobre de la sociedad: tres cuartas partes pierden; un cuarto gana.
Al final, y extrapolando con cautela los resultados del caso estadounidense, cuando el salario mínimo no destruye empleo equivale a una subida indiscriminada del IVA dirigida a financiar un aumento del gasto público repartido cuasi uniformemente entre menos del 25% de la población (con independencia de sus niveles de renta). ¿Apoyaría usted una política fiscal de este tipo? ¿Subiría el IVA a toda la población para repartir un aguinaldo entre uno de cada cuatro ciudadanos, incluyendo entre ellos a los más ricos? Si la respuesta es que no, entonces tampoco debería defender muy probablemente los aumentos de salario mínimo.
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