martes, 31 de marzo de 2015

Por la libertad de los trabajadores

Juan Pina analiza el fraude y engaño de las pensiones públicas de reparto y la alternativa de capitalización.


Artículo de Voz Pópuli:

Los sistemas de pensiones basados en el llamado reparto, como el nuestro, son un fracaso. Nacieron a finales del siglo XIX y principios del XX, y se han quedado obsoletos por factores como la evolución demográfica o el aumento de la esperanza de vida. El sistema se basa en una estafa: el dinero que aporta cada trabajador ni se le guarda ni se le capitaliza para su futura jubilación, sino que se le expropia a cambio de un vago derecho a una futura pensión cuyo monto, al igual que la cotización actual, decidirá a su criterio el gobierno de turno. En realidad, el dinero se destina a pagar las pensiones de los jubilados actuales, cuando no a fines tan cuestionables como adquirir deuda pública.

Los Estados nos tienen acostumbrados a hacer, con etiquetas de normalidad, cosas que a nosotros se nos tipifica con nombres delictivos. Si obligan a trabajar no es esclavitud ni secuestro sino servicio militar o social. Si manipulan el valor del dinero no es maquinación sino política monetaria. Y cuando hablan del sistema de pensiones actual, legitiman pomposamente lo que a todas luces es un fraude. Concretamente, un esquema piramidal llamado Ponzi por el famoso inmigrante italiano Carlo Ponzi, que por vez primera montó algo así en los Estados Unidos hace cerca de un siglo. Uno de los últimos escándalos piramidales fue el protagonizado por Bernard Madoff hace casi una década, y no se diferenciaba demasiado del sistema de pensiones.

Nuestro sistema está quebrado, cuesta un dineral a los trabajadores y reparte miseria en la vejez. No hay mayor injusticia social que condenar a nuestros mayores a ser una especie de “discapacitados económicos” necesitados de todo tipo de ayudas, cuando en buena lógica deberían ser el segmento etáneo más desahogado tras una vida entera de trabajo y de cotización. Lo que pasa es que el Estado se ha gastado sus ahorros y ahora les da mucho menos de lo que les correspondería recuperar. Hoy muchos trabajadores pagan triplemente: el dineral que les quita cada mes el sistema público, la aportación imprescindible al plan privado (aunque generalmente mermada por culpa del mordisco de la Seguridad Social a las nóminas), y la ayuda a sus padres y abuelos porque la pensión que les da el Estado es una broma de mal gusto.

Existe una alternativa mejor y ya está vigente, en régimen único o mixto, en bastantes países: el sistema de capitalización individual. Es particularmente interesante que Suecia, el país que siempre se nos presenta como el más acabado modelo de socialdemocracia, haya sido de los primeros en introducir un importante tramo de capitalización, ya desde 1999. En el sistema de capitalización que proponemos los libertarios —y que lamentablemente no defiende ninguno de los partidos con representación parlamentaria en España—, el dinero cotizado va a una cuenta individualizada del trabajador. Así, no se genera un derecho inconcreto a una futura pensión, sino que se va capitalizando el monto aportado por cada persona y por las sucesivas empresas para las que trabaje. El trabajador no pierde el vínculo de propiedad sobre su fondo, y esto le permite saber en todo momento cuánto tiene acumulado y estimar cuál será su futura pensión. Se traslada así a cada ciudadano las principales decisiones previsionales, por ejemplo cotizar de más sabiendo que ese ahorro se recuperará con intereses al jubilarse; o cotizar de menos si se mantiene un excedente respecto al mínimo legal por haber aportado más en etapas anteriores. Y se permite al trabajador decidir el momento de su jubilación dentro de una horquilla de años, en lugar de conformarse con la edad que el Estado fije para todos. 


Incluso si el sistema fuera gestionado por el Estado, el avance frente a lo actual ya sería muy considerable, pero nuestra propuesta es desnacionalizar (y despolitizar) el sistema para que haya competencia entre las entidades gestoras, en un marco jurídico que proteja a los aportantes ya que, en caso de quiebra, no se respondería con los fondos gestionados sino únicamente con el patrimonio propio de la gestora. De esta forma, los trabajadores podrían cambiar de entidad gestora cuando lo desearan. Y por supuesto, el fondo acumulado sería heredable si el trabajador falleciera, mientras que hoy se lo apropia el Estado.


En un sistema de capitalización individualizada, la solidaridad se gestiona mejor porque no es intergeneracional sino intrageneracional, es decir, son los trabajadores del momento los que aportan un extra para un fondo que cotiza por quienes no lo puedan hacer. De esa forma desaparecen las pensiones no contributivas ya que todo el mundo habrá contribuido al menos el mínimo legal. Mientras los arcaicos sistemas de reparto están sometidos a los vaivenes de la demografía, los de capitalización aseguran que toda la población esté cubierta. Otro efecto positivo del sistema que proponemos es generar una enorme bolsa de capital que, normalmente, terminará invertido en los mercados de valores y otros, cubriendo las necesidades de crédito de las empresas. Así, en vez de una deuda inmensa en forma de compromisos estatales, se genera ahorro e inversión. Los trabajadores ven cada mes cómo evoluciona su libreta y saben que no están arrojando su dinero al pozo sin fondo estatal, sino que están construyendo su porvenir. 
Una humanidad futura mucho más avanzada podrá prescindir de la obligatoriedad en este terreno como en tantos otros, ya que en realidad cada individuo debería decidir cómo administrarse. Pero, mientras sea necesaria, lo más urgente es individualizar el mecanismo y traer al siglo XXI lo que hoy no es más que un vestigio del peor estatismo, superado hace ya mucho tiempo por el sector asegurador e incapaz de hacer frente a las legítimas aspiraciones de las sociedades actuales. Es una reforma profunda que debemos emprender sin dilación por la libertad de los trabajadores.

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