Es el maravilloso mundo de la banca pública en manos de políticos, que tanto gusta.
Corrupción y dinero público en manos de políticos que se conceden créditos para desarrollar operaciones en otros países sin requisito alguno, dinero para empresarios afines, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
Pero oye hay que nacionalizar la banca y ponerla en manos de más políticos, que éstos sí serán honrados, aunque tengan más poder y los mismos incentivos a aprovecharse de su posición de poder.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este lunes al ex político y banquero José Luis Olivas junto a otras ocho personas en el marco de la denominada 'operación Coral'. Están acusados de diversos delitos de corrupción derivados de actividades desarrolladas por Bancaja y Banco de Valencia, informaron fuentes de la investigación.
Olivas, quien fue presidente de la Generalitat Valenciana entre 2002 y 2003 por el Partido Popular en sustitución de Eduardo Zaplana, fue presidente tanto de Bancaja como de Banco de Valencia. El resto de detenidos son también ex altos cargos de ambas entidades y dos empresarios. Los arrestos han tenido lugar en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Palma de Mallorca. Además se han practicado seis registros en domicilios y empresas de Barcelona y Valencia.
La operación tiene relación con la concesión de una serie de créditos bancarios para desarrollar operaciones en el Caribe que, según creen los investigadores, se concedieron sin cumplir los requisitos necesarios. Fuentes de la investigación han precisado que los dos empresarios detenidos son los propietarios del grupo Mar Confort, Juan Ferri y José Baldó.
Un total de nueve detenidos
La Guardia Civil ha confirmado esta operación por medio de un comunicado en el que no cita las identidades de los detenidos, pero sí precisa los delitos que se les imputan presuntamente: apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental.
La investigación se inició en el año 2014 como consecuencia deuna denuncia presentada por el representante legal de Bankia, tras la intervención por el Banco de España del Banco de Valencia. En ésta, se informaba de irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Gran Coral para la inversión inmobiliaria en el Caribe mexicano, eludiendo los procedimientos de control interno de las entidades financieras.
El grupo Gran Coral fue creado por varios empresarios del levante español con la participación societaria de las propias entidades que financiaban las operaciones inmobiliarias.
En el análisis de la información recabada en relación a las operaciones investigadas se apreciaba el trato de favor dispensado por las entidades financieras al citado grupo empresarial que, una vez recibida la correspondiente financiación para los diferentes proyectos, desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
250 millones de quebranto
Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias en el Caribe Mexicano, superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
La operación está siendo realizada por agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de la Unidad Central Operativa, apoyados por otras Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación. Los trabajos están siendo coordinados por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
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