La ruina de la televisión pública valenciana (que nunca tendría que haber sido creada, ni reabierta).
Una forma de redistribución del dinero del ciudadano hacia el poder político y sus grupos afines y extractivos, con un objetivo político de consolidar el poder político vía adoctrinamiento, propaganda, compra de votos directos e indirectos y manipulación sesgada de la información en beneficio propio, junto con la imposición de una agenda ideológica que le permita crear futuros votantes en beneficio propio.
Esa y no otra es la justificación hoy de la existencia de medios públicos en la era de la información, la digitalización y la ingente oferta mediática.
Artículo de Libre Mercado:
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig | EFE
Una de las promesas de Ximo Puig cuando se presentó a las elecciones autonómicas valencianas de 2015 fue reabrir Canal 9. Dos años después de llegar al Gobierno regional , decidió poner en marcha À Punt, que cogió el relevo de Canal 9, convirtiéndose en la nueva televisión pública de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la cadena no termina de coger vuelo y registra malos datos económicos y también en términos de audiencia.
En lo económico, han tenido que acudir a un fondo de reserva para poder sacar adelante la liquidación del año pasado fuera de plazo, tal y como adelanta el diario regional Las Provincias. En cifras, la televisión valenciana cuesta 55 millones de euros al año, de los cuales 12,3 millones van para pagar los salarios de 432 empleados. Por publicidad apenas ingresan 810.000 euros anualmente, un 20% de lo que Radiotelevisión Valenciana esperaba ingresar por esta partida.
Por si fuera poco, À Punt comenzó con 531 empleados públicos, ahora hay 432 contratados, de los cuales el 75% ya estaba en el extinto Canal 9. Una plantilla demasiado grande, ya que, si se compara con Mediaset, que tiene 1.275 trabajadores, o Atresmedia, con 2.022 -en cifras de 2016- parece demasiado abultada para un canal autonómico.
Tanto es así que la empresa está en situación de desequilibrio patrimonial, una de las causas de disolución que marca la ley. Además, se ha puesto en tela de juicio los métodos de contratación y la mala contabilidad. Pero esto no es todo, ya que, en cuanto a la audiencia, À Punt tiene los peores datos de todas las cadenas autonómicas e incluso la superan las de menor presupuesto. Tan delicada es la situación que la cadena ha llegado a recibir cartas de aviso de corte de suministro por impago de las facturas eléctricas.
Empar Marco es la directora de la cadena y desde el principio se criticó su elección por su escaso perfil técnico. El consejero de Compromís Rafa Xambó, en origen el más afín a la directora, llegó incluso a pedir su dimisión la pasada semana. Sin embargo, Marco tiene encomendado el mandato hasta 2020 y ya ha asegurado que quiere seguir al frente de la cadena.
A pesar de tener una plantilla de 432 trabajadores, À Punt ha sido criticada por la baja creación de contenido propio, hasta el punto de que están tirando de reposiciones de Canal 9 para poder rellenar la parrilla. En la actualidad, la cadena elabora los informativos y, precisamente, es una de las partes más criticadas por los grupos políticos debido a su parcialidad.
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