Tras las elecciones, ¿reforma de las pensiones?

Juan Rallo analiza, a raíz del reciente informe del Banco de España sobre la situación de las pensiones públicas en España, el reto que asume el país en esta materia, y que irresponsablemente no es afrontado por los partidos políticos por una cuestión de electoralismo cortoplacista. 

Analiza las posbilidades que se abren al respecto y las graves consecuencias de seguir obviando el problema y retrasando las soluciones. 

Artículo de El Confidencial: 

Cientos de pensionistas se manifiestan en Bilbao para pedir pensiones públicas dignas. (EFE)

Concluidos cuatro años de interminables elecciones, toca ponerse manos a la obra y gobernar. No porque la sociedad civil necesite de políticos que tutelen su futuro, sino porque esos políticos han instalado numerosas bombas de relojería en muy distintos ámbitos de nuestras vidas que deberían proceder a desactivar. Una de esas bombas es el sistema público de pensiones: un esquema de reparto piramidal donde los pensionistas presentes cobran en función de las contribuciones que efectúen los trabajadores actuales; un esquema de reparto piramidal que, en consecuencia, se expone a unas fuertes tensiones en aquellos momentos en que la demografía no acompaña.

Y durante las próximas cuatro décadas, la demografía no acompañará. De acuerdo con el análisis efectuado por el Banco de España dentro de su informe anual de 2018 sobre la economía española, nuestra tasa de dependencia —definida como la ratio entre los mayores de 66 años y las personas entre 16 y 66 años— se duplicará desde el actual 26% hasta un rango entre el 52% y el 56% a comienzos de los cincuenta. Y, en tal caso, el gasto en pensiones tenderá a dispararse desde el presente 10,6% del PIB hasta un porcentaje alrededor del 17% del PIB. Unos 6,5 puntos más del PIB de gastos para la Seguridad Social que, en términos contantes y sonantes, equivaldrían a casi 80.000 millones de euros actuales: esto es, más de lo que estamos recaudando cada año por IRPF.

Nótese que tal explosión del gasto público va a llegar sí o sí a menos que modifiquemos nuestra arquitectura institucional: no se trata de un negro augurio que acaso jamás se materialice. No, el ritmo de envejecimiento de la población española es relativamente previsible y las promesas (irreales) que el sistema de Seguridad Social está realizando a los actuales cotizantes también están determinadas: por consiguiente, el margen de error en los pronósticos de gasto previsional durante las próximas décadas es bastante estrecho.

Siendo así, ¿cómo hacer frente a esta explosión de los desembolsos estatales? Si abandonamos el reino de la política ficción y de la economía del unicornio, la (deplorable pero real) premisa de la que tendremos que partir es que semejante desparrame del gasto público tendrá que afrontarse con recortes. En este sentido, el Banco de España también propone diversas vías tanto para aplicar tales tijeretazos cuanto para contrarrestar el empobrecimiento que generarán entre quienes los sufran:

• Retraso de la edad de jubilación. Pese a que en 2017 la edad legal de jubilación alcanzará los 67 años, esto no será suficiente para contener el aumento del gasto. En principio, el banco recomienda poner coto a las jubilaciones anticipadas para que la edad real se aproxime a esos 67 años. Sin embargo, no habría que descartar que la edad legal también se termine elevando por encima de los 67. A la postre, cuanto más tarde nos jubilemos, menos años de pensiones deberá abonar la Seguridad Social.
• Factor de equidad intergeneracional. La reforma de 2013 del PP contenía un factor de equidad intergeneracional por el cual se recortaba la pensión de los nuevos entrantes al sistema conforme se fuera alargando la esperanza de vida del país. El propósito de esta medida era mejorar la proporcionalidad entre las cotizaciones devengadas a lo largo de la vida laboral y las rentas cobradas como pensionista: esto es, que una generación de pensionistas no cobre en conjunto más que otra por vivir durante más años. Para ello, el factor de equidad intergeneracional compensaba el mayor número de años durante los que una persona estará cobrando una pensión con un recorte en sus ingresos anuales. Este factor de equidad intergeneracional debería haber entrado en vigor este año y, de momento, se ha retrasado hasta 2023.

• Cuentas nocionales. Para lograr una mayor transparencia sobre cuáles serán las prestaciones sociales que recibiremos en el futuro, el Banco de España recomienda importar el modelo de cuentas nocionales sueco: es decir, simular una cuenta de ahorro individual en la que se depositen nuestras aportaciones a la Seguridad Social y a la que se le asigne una rentabilidad virtual. Tales sumas determinarían subsiguientemente el importe a recibir a nuestra jubilación y, merced a ello, contaríamos con margen para reaccionar ante pensiones que preveamos demasiado bajas.
• Ahorro privado complementario. Si las pensiones futuras se van a recortar sí o sí, no solo convendrá alertar a los ciudadanos de ello (vía cuentas nocionales) sino también facilitar que ahorren durante su vida laboral para poder complementar sus insuficientes pensiones públicas futuras. ¿Cómo fomentar el ahorro? El Banco de España no entra en esta cuestión, pero sería necesario avanzar en las supercuentas de ahorro personal fiscalmente bonificadas.
• Rentas vitalicias. España es un país con un enorme volumen de ahorro concentrado en un activo fuertemente ilíquido: la vivienda. Los pensionistas tienes dos opciones para con ese ahorro ilíquido: o legarlo a sus herederos (salvo que el Estado se lo confisque vía impuesto sobre sucesiones) o transformarlo en una renta periódica que refuerce las insuficientes pensiones públicas. A este último respecto, las rentas vitalicias en forma de hipotecas inversas podrían ser una solución que, de momento, no ha despuntado pero que acaso cobre vigor en el futuro conforme las pensiones públicas vayan recortándose.

En suma, el problema es más que cierto y las opciones políticas para contrarrestarlo no son excesivas: por eso, necesitaríamos algún gobernante que cogiera el toro por los cuernos, reformara la Seguridad Social para devolverla a la senda de sostenibilidad y fomentara el ahorro previsional complementario entre los españoles. Por desgracia, nuestros políticos tratan de escurrir el bulto para no generar rechazo entre sus votantes: por mucho que ya haya terminado el ciclo electoral, ninguno querrá aprobar un recorte de las pensiones que pueda enemistarlo con el colectivo de los pensionistas. Cuanto más tarden en mover fichas impopulares, tanto mejor para ellos y tanto peor para todos los demás.

Y es que, como recuerda el Banco de España, cuanto más se retrase la adopción de los (inevitables) recortes, más sobreproporcionalmente habrá que concentrarlos en las generaciones futuras: en lugar de distribuirlos equitativamente entre varias generaciones —presentes y venideras—, estamos cargando a los pensionistas de mañana con una losa que terminará por aplastarlos. Para entonces, eso sí, no busquen ni a Sánchez, ni a Casado, ni a Rivera ni a Iglesias para exigirles responsabilidades: otros serán los políticos —y, sobre todo, los ciudadanos— que se comerán semejante sapo.