Juan Rallo derriba el mito que propagandísticamente pretende extender Podemos y sus coaliciones (no solo incluye Madrid, también afecta al caso de Valencia por ejemplo) de la buena gestión en Madrid, al reducir la deuda alrededor del 50% desde que gobiernan.
Hay dos causas de ello, y ninguna se puede atribuir a sí mismos (que de hecho intentaron saltarse la norma (y junto al PSOE y nacionalistas intentaron derribarla) que les ha llevado a ello contra su voluntad, y que supuso además la intervención del Ayuntamiento).
Tan fácil es de ver esto además, que el acuerdo presupuestario antes de elecciones entre PSOE y Podemos ya incluía dicha eliminación para dar barra libre a los ayuntamientos para poder gastar "sin límite".
Artículo de El Confidencial:
Carmena, frente al Ayuntamiento de Madrid. (EFE)
Una de las grandes medallas que se ha querido colgar la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (y también, de paso, el exconcejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato), es que su gestión de las finanzas del consistorio ha resultado tan acertada que ha logrado una reducción histórica de su endeudamiento. Y, en efecto, a finales del año 2014, los pasivos del ayuntamiento totalizaban la abultadísima cifra de 5.936 millones de euros. A cierre de 2018, pocos meses antes de que Carmena concluya su primera legislatura, apenas suponen un monto de 2.762 millones de euros, esto es, han experimentado una muy notable reducción del 53%.
A tenor de los datos, ¿quién no querría atribuirse semejante éxito? Máxime cuando la elección de Carmena vino precedida de fundados temores sobre la incapacidad de la izquierda radical para administrar de un modo razonable las finanzas públicas: tomando como referencia el antecedente de Syriza en Grecia, parecía que una candidata aupada por Podemos e Izquierda Unida nos iba a empujar a la bancarrota. Y no solo no ha sido así sino que la solvencia de la capital se ha saneado de un modo extraordinario. Pero ¿realmente todo ello ha sido mérito de Carmena? No.
En el año 2014, todavía bajo la Administración de Ana Botella, el Ayuntamiento de Madrid contaba con un superávit de 1.331 millones de euros, resultado de unos ingresos no financieros de 4.926 millones de euros y de unos gastos no financieros de 3.595 millones. Cuando una Administración disfruta de superávit presupuestario, también cuenta con capacidad de financiación, esto es, con margen para extender crédito a otros sectores económicos o, como es el caso que nos ocupa, para amortizar su propio endeudamiento histórico. Y eso es precisamente lo que sucedió en 2014, año en el que la deuda de la capital disminuyó en 1.100 millones de euros (merced, como decimos, al superávit de 1.331 millones).
Tal ejercicio no fue, además, una excepción en la gestión municipal de Ana Botella: en 2013, el superávit ya había sido de 1.168 millones (lo que permitió minorar la deuda en 698 millones de euros), y en 2015 (primer año de gobierno de Carmena pero con los presupuestos aprobados un ejercicio antes por la Administración Botella), de 1.568 millones de euros (lo que a su vez facilitó una amortización de deuda de 1.169 millones de euros).
En otras palabras, Carmena recibió de manos de Ana Botella un enorme superávit presupuestario merced al cual ha conseguido amortizar alrededor del 50% de la deuda pública que también se encontró como alcaldesa. Su mérito no ha sido poner las finanzas municipales en orden sino, en todo caso, no haber dilapidado la herencia recibida: a la postre, si te encuentras con 6.000 millones de euros en deuda pública y, a su vez, con un superávit anual de unos 1.000 millones de euros, la mera inercia te conduce a repagar pasivos por una suma acumulada de 4.000 millones de euros al cabo de una legislatura.
Acaso pudiera replicarse, no sin aparente razón, que entonces sí cabría aplaudir a Carmena por haber conservado durante cuatro años el superávit que recibió de Botella: esto es, por no haber disparado exageradamente el gasto público hasta el punto de devorar todo el ahorro financiero gestado previamente. Pero tampoco esto es mérito de Carmena, sino de Montoro: a la postre, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 12.1 que las corporaciones locales han de constreñir su incremento de los desembolsos municipales a la regla de gasto fijada por el propio ministerio, de modo que, aun cuando Carmena hubiese querido comerse el superávit desbocando el gasto público, no habría estado legalmente autorizada a ello.
Y, de hecho, Carmena —empujada por su cesado exconcejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato— sí trató de saltarse la regla de gasto de Montoro: motivo por el cual el Ministerio de Hacienda hubo de intervenir al Ayuntamiento de Madrid y forzar al consistorio a que mantuviera sus finanzas en orden. Por consiguiente, ni siquiera cabe reconocerle a Carmena el mérito de las buenas intenciones en materia de reducción de deuda: de haber sido por ella, el gasto público habría aumentado mucho más de lo que lo ha hecho y, en contrapartida, la deuda se habría reducido mucho menos.
En definitiva, Carmena no ha sido la artífice de la muy notable reducción de endeudamiento que ha experimentado el Ayuntamiento de Madrid durante los últimos cuatro años: no gestó el superávit con el que se ha amortizado la deuda y durante sus cuatro años de mandato ha intentado fundírselo en finalidades distintas al pago de esos pasivos. Si hay que buscar a algunos responsables del saneamiento financiero de la capital, necesariamente habrán de ser Ana Botella (por gestar el superávit presupuestario que permite año tras año pagar la deuda) y Cristóbal Montoro (por, a efectos prácticos, prohibir que Carmena dilapide el superávit). No hay más.
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