Las pretensiones totalitarias del PSOE de Pedro Sánchez no tienen fin.
Si estos días conocíamos la inmoral y violenta intromisión contra uno de los derechos humanos más importantes, el derecho a la libertad e intimidad, con la medida del PSOE que permitirá al INE (Instituto Nacional de Estadística) hacer un seguimiento a través de nuestros móviles de nuestros movimientos durante 8 días (sin consentimiento alguno, por supuesto).
O conocíamos también estos días otra medida totalitaria, como el Real Decreto (los demócratas...) mediante el cual el gobierno podrá cortar sin permiso alguno nuestras conexiones a internet a todos los niveles : "las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales". Y es que ya sabemos que los políticos inician todo por cuestiones excepcionales para normalizarlo y extenderlo a todo y todos con el tiempo. Así, "podrá intervenir y controlar internet, cerrando webs y servidores sin autorización judicial, si considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional". Un movimiento que como muchos juristas consideran, es inconstitucional. Ley mordaza dicen...
Pues ahora, si extensión totalitaria continúa, en este caso con fines ideológicos, pues como ya había mostrado en otros artículos (por ejemplo en éste), su propuesta de nueva Ley de desMemoria Histórica no es más que una ley propia de un estado totalitario, con un fin evidente (y que nada tiene que ver ni con la Memoria, ni con la reconciliación, ni con aprender del pasado para que no se repitan hechos, ni con la justicia, ni nada por el estilo. Simples subterfugios para justificar una ley propia de los peores regímenes dictatoriales y represivos, empleados como armas arrojadizas contra todo aquel que ose criticarla (ya se sabe, la estupidez simplista para idiotas, pero que tan bien funciona, de que quien esté en contra es que es un "fascista", cuando dicha ley es propia precisamente de un régimen fascista, o comunista, igual da.
Artículo de Rebelión en la Granja:
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aseguró este lunes en el debate electoral a cinco que si consigue mantenerse en el Ejecutivo tras el 10 de noviembre propondrá una reforma del Código Penal para «tipificar como delito la apología del franquismo» y además de iniciar los cambios legales necesarios para disolver la Fundación Nacional Francisco Franco.
La declaración va en la línea de lo señalado por la ministra Dolores Delgado, que reiteró esta semana que España cuenta con una Ley de Memoria Histórica que puede ser «mejorada y reformada».
La promesa es, por tanto, modificar el artículo 510 del Código Penal para incluir dicha «apología» como delito. Este artículo recoge penas de prisión para quienes fomenten o inciten al «odio, hostilidad, discriminación o violencia» por motivos de ideología, creencias, pertenencia a una etnia o raza, religión, identidad sexual, enfermedad sexual o discapacidad, entre otros supuestos.
Es preciso señalar que el PSOE ya presentó el pasado año una proposición de ley para modificar la Ley de Memoria Histórica hoy vigente, también creación suya y mantenida en su totalidad por el gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta.
Una ley totalitaria con la que pretendía oficializar los puntos de vista de la izquierda española como obligatorios, preveía el secuestro de libros, la cárcel -cuatro años para particulares- y pérdida de la condición docente para los profesores que no la cumplieran, el adoctrinamiento escolar y la inhabilitación y la prisión para los cargos públicos que obstruyeran su aplicación.
La propuesta incluyó, además de las penas de cárcel mencionadas, cuantiosas multas, inhabilitaciones e ilegalizaciones, suprimiendo así la libertad de expresión y la libertad de opinión en materia histórica. Y la supresión de cualquier alusión a Francisco Franco en el más insignificante rincón del espacio público, es decir, el borrado del nombre del general de la historia.
Para un desarrollo y una aplicación más efectivos de la ley, la proposición elaborada por el PSOE contaba con la participación activa de las asociaciones de la memoria, organizaciones subvencionadas que no han hecho ningún secreto de su sectarismo.
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