Otra muestra de ineficiencia (gasto muy superior al necesario, mayores impuestos al ciudadano para sufragarlo, gestión ineficiente de los recursos desviándolos hacia donde decide megalómanamente el político y no donde son demandados por el consumidor, atribución arbitraria hacia empresa afines por mal que lo puedan hacer, centrándose éstas no en hacerlo mejor (si fuera una actividad propiamente privada) sino en sablear más de la subvención o contrata...).
Otra muestra de despilfarro de recursos y corrupción íntimamente unida a la administración pública, cada vez más intromisoria en la actividad de la sociedad civil arrogándose más y más funciones (que en ningún caso debieran arrebatar a la sociedad civil) provocando enormes incentivos al robo institucionalizado y la corrupción, que no ocurriría quitando las manos de los políticos de donde no deben tenerlas (y evitando así que los recursos escasos por definición vayan hacia donde son más demandados-necesarios.
Artículo de Voz Pópuli:
No sólo fue el mayor 'pelotazo' de la trama, sino también el que mayor perjuicio económico ha provocado al erario. Un documento elaborado por los trabajadores de Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) que denunciaron en 2014 las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura detalla que la desaladora de Torrevieja (Alicante) ha terminado provocando un 'agujero' de más de 227 millones de euros entre sobrecostes de inversión "por mala gestión" y los causados por la explotación ineficiente de la misma. El informe, que se ha incorporado al sumario y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la construcción de la instalación también se salió de lo presupuestado y el precio final se vio incrementado en más de un 18% hasta los 219 millones de euros, sin IVA. El contrato, ganado por la unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona Infraestructuras y Acciona Agua, es uno de los seis que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha incluido en la investigación de la 'Operación Frontino' que se saldó con 13 detenidos la semana pasada.
El propio magistrado destacaba en el auto del pasado miércoles por el que envió a prisión a cinco de los arrestados que esta instalación, que entró finalmente en servicio en 2015, estaba llamada a ser "la mayor de Europa" por su capacidad de producción de 240.000 metros cúbicos al día. El valor de su adjudicación en agosto de 2006 así lo corroboraba: más de 185 millones de euros, sin IVA, que iban a ser financiados en parte por la Unión Europea (UE). Sin embargo, ese precio se quedó pronto corto. Según refleja un informe elaborado por los trabajadores de Acuamed en 2013, siete años después de que se fallara el concurso, ya hubo en 2011 un modificado del precio final de más de 34 millones de euros, un 18,38% del valor inicial. De este modo, el valor final de la instalación se situaba en 219,4 millones que los técnicos consideraban "debería ser ya el precio final de una instalación eficiente". Se equivocaban.
De hecho, aquel fue sólo el primer varapalo económico que, como se encargaba de recalcar un documento que fue remitido al Consejo de Administración de Acuamed en abril de 2014 por Francisco Valiente, el directivo que denunció los amaños y fue despedido, tuvo consecuencias económicas mucho más graves para la "cuenta de resultados" de la propia sociedad estatal. Así, el informe detallaba que cuando éste se redactó ya había millonarios "sobrecostes en la inversión por mala gestión". En primer lugar, la pérdida de 55 millones de fondos europeos que debían haber servido para financiar parte de la obra. En segundo lugar, otros 27,4 millones por lo que se calificaba de "inversión con defectos o inoperativa". A ellos, sumaba otros 17 millones que reclamaba en un primer momento Acciona en concepto de "liquidación". Y, finalmente, otros 24,3 millones en "reclamaciones sobrecostes".
Los fondos de la UE
En total, 123,8 millones de euros, a la que los autores del estudio añadían una última partida: "Sobrecostes en la explotación provocados por la mala gestión". Se refierían al gasto energético necesario para el funcionamiento de la planta desaladora que no tuvo ninguna utilidad y que se elevó a 103,5 millones, según sus cálculos. Una cuantía que elevaba el cúmulo de pérdidas por encima de los 227 millones de euros. Un millonario 'agujero' que vino acompañado de graves irregularidades en el desarrollo de las obras, según destacaba el auto del juez Eloy Velasco del pasado 20 de enero. En el mismo, el magistrado señalaba que fue, precisamente, "la presión de pretender cobrar fondos europeos" lo que llevó a la dirección de Acuamed a dejar "libertad de ejecución a la contratista con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que ésta estaba acabada cuando no era así". Faltaban"ajustes, remates, había bombas con fisuras...".
Todo ello llevó a Acciona a reclamar una liquidación que "implicaba causar a la Administración 3 millones de euros de perjuicio". De hecho, el juez afirmaba que para ello, la empresa adjudicataria planteó "discrepancias en mediciones que eran mentira" y que se referían a diques y emisarios. El objetivo de la compañía, dos de cuyos altos directivos fueron detenidos por la Guardia Civil, era alcanzar esa cifra "mediante liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales". Pretendían facturar a la sociedad estatal 17 millones de euros de más (cifra que el informe de los trabajadores de Acuamed recogen en la partida "reclamaciones liquidación") aunque al final lo dejaron en 10 millones. Unas cifras infladas que provocaron que los técnicos de Typsa, la empresa que se encargó de la supervisión técnica de las obras, se negaran a firmar la liquidación final de los trabajos presentada por Acciona. Uno de ellos así lo declaró la semana pasada en la Audiencia Nacional.
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