El número de empleados públicos vuelve a romper la barrera de los tres millones

Carlos Sánchez se hace eco de la EPA, que indica que el empleo público, tras dos años de crecimiento ha vuelto a superar los 3 millones de empleados, en niveles nuevamente de precrisis (2007-2008), crecimiento de empleo por interés político (especialmente concentrado en Comunidades Autónomas), sin haber aumentado competencias. 

De esta manera, el gasto salarial en empleo público se acerca nuevamente al máximo histórico del 2009 (125.564 millones de euros), en una economía como la española que no es ni de lejos suficientemente productiva para sostener el elefantiásico gasto público que realiza, con déficits enormes y el brutal crecimiento de la deuda que lleva a cabo. Y todo esto acompañado de crecientes impuestos confiscatorios que ahogan la capacidad adquisitiva del ciudadano y la capacidad productiva de la empresa (haciendo la economía menos productiva y destruyendo muchísimos más empleos en el sector privado de los que crea artificialmente y por interés político en el público), empobreciendo de esta manera más a la sociedad (o impidiendo que sea más rica de lo que sería). 

Artículo de El Confidencial:

EFE

Ocurrió en el tercer trimestre de 2008. Durante ese periodo, el empleo público -del conjunto de las administraciones- rompió por primera vez la barrera de los tres millones de ocupados. En concreto, 3,04 millones de funcionarios y asimilados laborales. Era al comienzo de la recesión. Pese a ello, y en el marco de una política fiscal expansiva diseñada por el Gobierno Zapatero para combatir la crisis, el empleo público continuó creciendo. Hasta los 3,30 millones en el tercer trimestre de 2011, poco antes de las elecciones generales.

¿Qué sucedió a partir de ese momento? Pues que el cambio de orientación en la política fiscal -comenzaron los recortes- provocó una tendencia descendente en el empleo público. Hasta un mínimo de 2,90 millones en el cuarto trimestre de 2013. Por lo tanto, una disminución de las plantillas públicas equivalente a 400.000 puestos de trabajo destruidos desde el nivel máximo.

¿Qué ha ocurrido en el último trimestre de 2015? Según la Encuesta de Población Activa (EPA), un hecho altamente simbólico. El número de empleados públicos ha vuelto a situarse por encima de los tres millones. En concreto, 3.000.700 trabajadores al servicio de alguna de las administraciones.

No se trata de un fenómeno puntual vinculado a un hecho extraordinario. El número de empleados públicos lleva creciendo de forma casi ininterrumpida desde hace dos años, lo que refleja un evidente cambio de tendencia que, incluso, se está acelerando. La EPA muestra que la ocupación en el sector público crece a un ritmo anual del 2,5%, ya muy cerca del 3% que avanza el empleo en el sector privado.

Este cambio de tendencia se concentra, precisamente, en las administraciones de mayor tamaño (central y autonómica), mientras que tanto las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones y cabildos) como las empresas públicas han perdido efectivos. El caso más llamativo es el de las comunidades autónomas, que han creado nada menos que 99.500 puestos de trabajo desde el cuarto trimestre de 2013, que marca el fin de los ajustes en el sector público.

Hoy, los gobiernos regionales tienen contratados a 1,68 millones de empleados públicos, el triple que la Administración central. Si bien hay que tener en cuenta que en esas administraciones se concentran los servicios públicos más intensivos en mano de obra y en prestaciones sociales: educación o sanidad. En todo caso, el periodo electoral, que suele tener un efecto dinamizador sobre el empleo público por razones políticas, puede explicar lo que ha sucedido en los dos últimos años, ya que en ese periodo no han aumentado las competencias.

Ese aumento del empleo público explica, lógicamente, el crecimiento de la nómina de asalariados al servicio de alguna Administración. Desde un máximo de 125.564 millones en 2009 -cuando comenzaron los recortes en sueldos y plantillas-, se pasó a los 114.938 millones en 2014, pero esa tendencia se habrá revertido con seguridad en 2015, año en el que la nómina de funcionarios habrá vuelto a subir.

Empleo público y temporalidad

La Encuesta de Población Activa, igualmente, ofrece otra información relevante. Buena parte del empleo que se está creando es de carácter temporal. En concreto, el 21,4%, uno de cada cinco contratos, es de duración determinada.

El porcentaje es ligeramente inferior al del sector privado (cerca del 26%), pero pone de manifiesto que también el sector público echa mano de la temporalidad para ajustar sus plantillas. El porcentaje, en todo caso, es inferior al que había antes de la crisis, cuando la precariedad laboral en las distintas administraciones alcanzó el 40%. Incluso por encima del sector privado. Con la crisis, muchos de esos empleos desaparecieron, y eso explica que la temporalidad haya caído hasta prácticamente la mitad. Han sido los trabajadores con empleos más precarios quienes han soportado más la recesión.

Hoy, según la EPA, 657.700 trabajadores públicos tienen un contrato de naturaleza temporal, y de ellos, algo más de la tercera parte cubre la ausencia total o parcial de un empleado.

¿Son muchos o pocos empleados públicos? Los datos de la comisión para la reforma de la administración pública que creó el actual Gobierno en funciones al principio de la legislatura muestran que, con cifras de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los 10 países de la Unión Europea (UE) con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%). El actual Gobierno en funciones se ha puesto como objetivo situarlo en el entorno del 38% durante los próximos años.

Si se atiende a la estructura del gasto, desde el punto de vista funcional, el gasto social y en servicios públicos básicos representó el 65,92% del gasto público y cerca del 30% del PIB, sin contar los intereses de la deuda pública. Y en cuanto al personal, en la Administración central y las CCAA solo el 25% de los empleados públicos se encuentra en las estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicado a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia.