domingo, 17 de enero de 2016

Caso Nóos: ¿Hacienda somos todos?

Adriá Pérez analiza la cuestión de si "Hacienda somos todos" a raíz del juicio del "caso Nóos", algo más que un caso de corrupción, empezando por el papel de la acusación popular en delitos fiscales, así como algunas falacias alrededor de los impuestos.
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Artículo de Voz Pópuli:

 

El juicio por el “caso Nóos” es algo más que un caso de corrupción. Aparte de las consideraciones morales y penales sobre el aprovechamiento de la posición social para apropiarse de dinero público, en el juicio se están dirimiendo cuestiones tan importantes como la delación de unos ciudadanos a otros como arma indirecta de represión para el pago de impuestos o el uso de la propaganda y adoctrinamiento acrítico con el Estado con el fin de legitimarlo, independientemente de lo justo que sea.

El papel de la acusación popular en delitos fiscales

Para tratar de eximir a la Infanta de un juicio o de enjuiciarla, se está discutiendo el papel de la acusación popular en los procesos penales en los casos de delito fiscal. En este sentido, y dejando aparte la trama de corrupción del caso Nóos, permitir que la sola acusación popular baste para sentar en el banquillo a alguien que no ha satisfecho una deuda fiscal es lo mismo que dejar que un grupo de personas, una turba, denuncie a alguien con quien no mantiene ninguna relación acreedora por una deuda insatisfecha. La acusación popular en delitos fiscales es una peligrosa característica más de la deriva que está siguiendo nuestro sistema fiscal que ha conseguido, sin apenas resistencia, que los propios ciudadanos se apliquen la coacción fiscal: suministrando al Estado la información privada que unos tienen de otros, haciéndole el trabajo de recaudación aplicándose mutuamente retenciones que ingresarán al Fisco, fomentando la delación y actitudes chivatas como las denuncias tributarias anónimas, o prestándose a aplaudir el escarnio público que el Estado les ofrece, cual carnaza, cuando publica la lista de los famosos morosos a su Hacienda.

¿Sí a la acusación popular por ser la Hacienda Pública un bien colectivo?

Pero el caso de la Infanta también lleva a debate la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo, manifestada, por ejemplo, en el “caso Atutxa”, que permite que la sola acusación popular siente en el banquillo al acusado en aquellos delitos "que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual". Pero, ¿es la Hacienda Pública un bien colectivo a proteger? Más que un bien colectivo, la Hacienda Pública es una mera depositaria de la ingente cantidad de recursos que coactivamente, es decir, a través del uso de la fuerza, se expropia a los ciudadanos. Independientemente de que el Estado se base en la legitimidad, la costumbre, la aceptación tácita o la obediencia de la población, nada puede desnaturalizar la figura impositiva: los impuestos son impuestos, coactivamente extraídos. Por tanto, la Hacienda Pública no es un bien colectivo sino una organización coercitiva de recaudación, por lo que esto no justifica dar entrada a la acusación popular en delitos fiscales.

¿Sí a la acusación popular porque no pagar impuestos perjudica a todos?

Se aduce el posible perjuicio que la insatisfacción de la deuda tributaria por parte de una persona supone para el resto de la población. De hecho, la acusación popular (Manos Limpias) se justifica con que "lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos", o como manifiestan insignes juristas: afecta "también al interés colectivo de los españoles en tener una buena asistencia sanitaria o en que se paguen puntualmente los subsidios de desempleo o las pensiones de jubilación". Incluso el propio TS en sentencia de 2014 afirma: "Es cierto que al final el perjuicio es económico, pero no puede olvidarse que la justificación de la pena específica radica en la inadmisible vulneración de los principios de solidaridad tributaria inexcusables en una sociedad democrática". Por tanto, la justificación de dar entrada a la acusación popular, como un comisario político propio de una sociedad totalitaria (otra medida represiva de todo el entramado de normas con consecuencias tributarias), se basa, en última instancia, en que no pagar impuestos perjudica a todos pues el que unos no paguen impuestos provoca que el resto deba pagar más para sufragar los gastos públicos. Pero tal aseveración es falsa.

De ser cierta, ¿si se bajan los impuestos un año, no deberían los obligados tributarios seguir pagando los mismos impuestos que anteriormente para sostener el gasto público? ¿Están los obligados tributarios obligados (de nuevo) a ignorar las leyes fiscales que contemplan deducciones o bonificaciones porque de lo contrario se provoca que los que no se las aplican tendrían que pagar más? Además, ¿no es contradictorio que si se sustrae coactivamente renta al obligado tributario, trabajará o producirá menos, por lo que dejará de generar bases imponibles y, por tanto, pagará menos impuestos?

Por otra parte, el bienestar de los demás puede promoverse de otra manera que financiando una monstruosa cantidad de regulaciones que alumbra el Congreso año tras año y que, por cierto, muchas promueven la desigualdad económica beneficiando a unos (grupos de presión) o, directamente, perjudican a otros a través servicios públicos ineficientes (por ejemplo, el educativo, que a muchos condena a salir al mercado sin serles útiles lo estudiado)? Por tanto, podría incluso defenderse que, si realmente nos preocupa el bien común, deberíamos guardarnos de entregar nuestro dinero a un proveedor tan ineficiente como el estatal. Por lo que pensar que no pagar impuestos nos perjudica a todos es, de nuevo, falso. La única manera de ser un buen ciudadano no es exigirle pagar impuestos a Montoro, Monedero, Francisco de la Torre o Zapatero? El Estado no tiene el monopolio de la bondad.

El argumento de que si uno no paga impuestos nadie lo haría no es cierto. Si uno no quiere los servicios públicos no significa que todos no los quieran. Estos últimos podrían adquirirlos y financiarlos por medio de tasas (a excepción de, por ejemplo, servicios más problemáticos como la defensa, o el mantenimiento del orden, actividades que consumen la minoría del gasto público y que exigirían impuestos mucho más bajos). La financiación vía tasas no implica que todos deban pagar la misma tasa. En el mercado también se ofrecen esquemas de precios teniendo en cuenta el nivel de renta. Si no se promueve este sistema es precisamente porque ello daría pie a la organización de la sociedad basada en la voluntariedad y cooperación, y no en el sometimiento al poder político.

Porque, ¿para ser civilizados no hay más remedio que pagar impuestos? Todo lo contrario: son el precio de la incivilización porque se asientan en la organización coactiva de la sociedad. Con los últimos avances empresariales en áreas como la educación y la sanidad, cada vez es más difícil pensar que no podría haber una industria educativa o sanitaria, libre, vanguardista y eficiente que, por supuesto, contemple infinidad de mecanismos para integrar a los menos favorecidos (becas, seguros, empresas sociales y del tercer sector, economía colaborativa, Internet, vías por descubrir, etc.).

Acción popular no por malversación de fondos públicos sino por no pagar impuestos

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no parece sensato justificar aplicar penas de cárcel, dar entrada a la acusación de cualquiera, reducir los derechos del obligado tributario, etc., por lo que el propio TS califica como, al final, un "perjuicio económico", es decir, la no satisfacción de una deuda por parte del súbdito fiscal, algo que puede ser muy discutible, como muestra este artículo.

Además, llama poderosamente la atención que los partidarios de introducir la acusación popular para enjuiciar a la Infanta busquen, no que determinadas personas no se apropien del dinero de los impuestos sino en asegurarse de que paguen impuestos.

Conclusión

En lo que sí tiene razón la abogada del Estado del caso Nóos es en que "Hacienda somos todos" es pura propaganda de una falsedad. Como diría Anthony de Jasay, esa es la auténtica educación para la ciudadanía: en lugar de adquirir conocimiento, se inculca los valores del Estado que, por supuesto, no incluyen tener una visión siempre crítica y examinadora del nivel de impuestos, de la justicia de las leyes (fiscales) y la vigilancia sobre el poder (que siempre tiende a aumentar). Que no queramos organizarnos libremente no significa que debamos enorgullecernos de hacerlo basándonos en la coacción, impuestos, y en usar métodos represivos como la acusación popular para enjuiciar a conciudadanos por no satisfacer la deuda al Estado.

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