martes, 12 de enero de 2016

Podemos y la (imposible y fraudulenta) multiplicación de grupos parlamentarios

Ángel J. Sánchez analiza la imposible y fraudulenta (tanto en términos jurídicos como en términos políticos y económicos) multiplicación de grupos parlamentarios que pretende llevar a cabo Podemos junto con todos sus socios.
¿Qué gran jugada, no? Pues no puede ser.
Artículo de El Confidencial:
Foto: Pablo Iglesias (c) cerró la campaña de Compromís-Podemos junto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (d), y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
El pasado verano, tras la formación de los nuevos gobiernos municipales y autonómicos, comenzó a hablarse de las negociaciones entre Podemos y diversas formaciones nacionalistas de izquierda (Compromís en la Comunidad Valenciana, ICV o BCN en Comú en Cataluña, Mareas en Galicia…). A fin de encauzar dichas negociaciones, y en línea con los planteamientos participativos y plebiscitarios del nuevo partido, a las 11:40 del pasado 17 de julio (como recogían todos los periódicos en sus ediciones digitales), Pablo Iglesias hizo público, en su cuenta de Twitter, un contundente mensaje: “Vamos a someter a referéndum nuestra estrategia de alianzas. En Podemos decide la gente”.

Dicho y hecho. Como las votaciones masivas no deben requerir demasiada organización ni información previa, ese mismo día se inició el proceso de votación (“por sorpresa”, afirman, sin duda maliciosamente, 'El Mundo' y 'El País' en sus ediciones digitales de ese día; 'ABC' e 'Infolibre', tal vez peor informados, hablaban de que la votación sería “en los próximos días”), que terminó el 22 de julio. Y la “estrategia de alianzas” se sometió a “la gente” en los siguientes términos (según la propia web de Podemos):
"¿Aceptas que el Consejo Ciudadano de Podemos, en aras de seguir avanzando en la construcción de una candidatura popular y ciudadana, establezca acuerdos con distintos actores políticos y de la sociedad civil siempre que 1) los acuerdos se establezcan a escala territorial (nunca superior a la autonómica), 2) se mantengan siempre el logotipo y el nombre de Podemos en el primer lugar de la papeleta electoral incluso si eso implica concurrir a las elecciones generales en algunos territorios con fórmulas de alianza (Podemos-X)?".
El resultado fue rotundo. Siempre según el mencionado enlace, se registraron 44.792 votos, de los cuales 1.025 (un 2,29%) fueron en blanco. De los demás, 37038.00 [sic] fueron 'síes' (el 84,63%), y 6729.00 [sic, otra vez] 'noes' (el 15,37%).
Quedaba así claro el compromiso con una estrategia de alianzas de ámbito estrictamente territorial, y basada en la preponderancia de Podemos: sus “logotipo y nombre” deberían aparecer “siempre… en el primer lugar de la papeleta electoral”, admitiéndose como máximo “en algunos territorios”, concurrir “con fórmulas de alianza (Podemos-X)”.
En ese contexto, ya entonces llamaba la atención que se manejase con soltura (implícita, y a veces expresamente) la idea de que Podemos no tendría inconveniente en “facilitar” la formación de grupos parlamentarios propios (valenciano, catalán, gallego), otorgando a estas minorías “voz propia” en el Congreso. Tal idea era sencillamente imposible, por ignorar completamente el hecho de que el artículo 23.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados (RCD) dispone, tajantemente: “En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”.
Dicho en otros términos, si Podemos -como afirmaba, y como “decidió la gente”- solo aspiraba a pactos de “escala territorial (nunca superior a la autonómica)”, y la fórmula es de coalición (“alianza (Podemos-X)"), todas las formaciones que lo acepten habrían de integrar sus eventuales representantes en el Grupo de Podemos, llámese este como se llame. Decir otra cosa implicaba ignorar ese dato (tal vez, muchos politólogos, pero pocos juristas), o simplemente mentir: nadie puede ofrecer lo que no tiene.
Ciertamente, esa decisión no se respetó. Como es sabido, Podemos concurrió a las elecciones en diversos territorios en candidaturas de denominación variada, pero que la incluían, aunque no en primer lugar (fórmula “Podemos-X”). Aparecen, así, Compromís-Podemos-És el Moment, en la Comunidad Valenciana; En Comú Podem, en Cataluña, o En Marea (Podemos-En Marea-Anova-EU), en Galicia.
En todo caso, esta circunstancia podía resultar políticamente sorprendente en quien basa su mensaje en la crítica a la política tradicional (esa 'partitocracia', tan denostada por tantos, ideológicamente tan distintos), apelando a que decida “la gente”; pero no afecta jurídicamente a la posible formación de grupos parlamentarios separados. Porque, como acaba de recordarse, esta no depende de la denominación de las listas electorales, sino (entre otras cosas) de que los diputados, “al tiempo de las elecciones”, pertenezcan (o no) “a formaciones políticas que… se hayan enfrentado [o no] ante el electorado”. Y es evidente que los diputados de Compromís, En Marea, o En Comú no se han enfrentado a los de Podemos en las elecciones. Es más: todos los análisis de resultados (incluyendo las declaraciones de los líderes de Podemos), asumen que tales diputados forman parte de su bloque político. Eran candidatos promovidos por Podemos (véanse sus candidaturas en su página web). Y gracias a ellos, Podemos tiene 69 diputados (sin ellos, serían 'solo' 42, casi igual que los 40 de Ciudadanos).
En consecuencia, la formación de grupos separados es jurídicamente imposible. Pero, sorprendentemente, ese dato parece ignorarse. Aún hoy, los medios de comunicación siguen hablando (a veces, con admiración: ¡qué grandes estrategas son!) de los ¡cuatro! grupos de Podemos, que configurarían un Congreso de los Diputados con 10 grupos parlamentarios (PP, PSOE, C’s, Podemos, ERC, DiL, PNV… y Compromís, Mareas, En Común Podem), además del Mixto…
Pues bien: tal posibilidad no solo es, como decimos, imposible. Además, seríaclaramente fraudulenta. Por eso, precisamente, se eliminó. Porque, aunque a algunos pueda sorprender, la situación no es nueva, y ya ha habido quien intentó lo mismo. De hecho, el citado 23.2 RCD  –una norma discutible, pero prácticamente indiscutida- se adoptó en 1982 precisamente para evitar la multiplicación de grupos parlamentarios de una misma formación, de ámbito autonómico (PSOE, PSC, PSE, PSA…). Después (1986-87), su aplicación favoreció la ruptura de la Coalición Popular, al impedir que dos partidos distintos, pero coaligados (AP y PDP) pudieran tener 'voz propia' en la Cámara. Y, sin ir tan lejos, ha sido uno de los principales obstáculos para que los diputados socialistas catalanes hayan podido obtener -como se planteó en algún momento- un Grupo Parlamentario propio (el PSC), distinto del Grupo Socialista.
¿Por qué se hace esto? No es un mero capricho. En primer lugar, porque sería un fraude político que quienes se presentan juntos a las elecciones (compartiendo campaña, liderazgos nacionales y programa) luego se dispersen para multiplicar su presencia en cada debate, en cada sesión… Dicho en otros términos, si Compromís, ICV o En Marea se han coaligado con Podemos para presentarse en bloque ante el electorado, no pueden actuar como sujetos independientes en todos los procedimientos que el ordenamiento parlamentario pone a disposición de los grupos. Si tal cosa ocurriese, ¿por qué los nueve diputados de Compromís-Podemos-És el Moment podrían intervenir en nombre de los valencianos, cuando estos han elegido a otros 11 del Partido Popular, siete socialistas o cinco de Ciudadanos, que no podrían hacer lo mismo? Otro tanto cabría decir de los seis diputados de En Marea, apoyados en Galicia por los líderes de Podemos frente a otras opciones que lograron tantos o más escaños que ellos (11 el PPdG, seis el PSdG-PSOE); o de los 12 catalanes…
En definitiva, habiendo concurrido a las elecciones en coalición con Podemos, esos diputados y partidos 'territoriales' solo podrán obtener "voz propia" compartiendo los tiempos adjudicados al Grupo de Podemos… si Podemos quiere (como hacía en la última legislatura la Izquierda Plural, donde IU compartía tiempos y turnos con ICV, CHA…); o en el Mixto (que divide sus turnos de intervención; por eso, ya hace muchos años, González Lizondo pudo hacer gala de su valencianismo sacando en un debate una naranja, que entregó a Felipe González).
Pero, aun siendo tal vez esa la dimensión más importante, el fraude no sería solo político. Porque, lógicamente, cada Grupo Parlamentario goza de unos recursos (humanos, materiales y económicos) que le permiten desarrollar su labor. Según el artículo 28.1 del citado RCD: “El Congreso pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios, locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su Presupuesto, una subvención fija idéntica para todos y otra variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos”, en las cuantías que fije la Mesa de la Cámara.
En concreto, y según revela la web del Congreso, en aplicación de dicho artículo cada grupo percibe una subvención fija (que no ha variado desde 2010) de 28.597,08 euros mensuales; además de otra variable de 1.645,49 euros mensuales por diputado. O sea: un grupo, 'per se', equivale a algo más de 17 diputados. Adicionalmente, cada grupo tiene despachos (y personal) para su portavoz, para sus diputados… Con cuatro grupos, Podemos recibiría casi 115.000 euros mensuales, mientras los demás (PP, PSOE, C’s, ERC, etc.) 'solo' percibirían 28.597… Y también más despachos, más personal retribuido directamente por el Congreso, etc. Sin necesidad de hacer una campaña propia, y jugando 'a rebufo' de la potente marca nacional de Podemos, Compromís percibiría los mismos medios que ERC, o En Marea los mismos que el PNV…
Dicho en otros términos: si Podemos (con sus diversas etiquetas y socios) tuviera cuatro grupos parlamentarios, tendría cuatro turnos para intervenir en cada debate, frente a uno de los populares, socialistas, de C's… Pero, además, multiplicaría por cuatro los medios mínimos (despachos, subvenciones, personal retribuido por el Congreso…) establecidos para cada grupo. Qué listos, ¿verdad? Así, cualquiera.

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