domingo, 31 de enero de 2016

Las subvenciones del sector público se disparan un 19% en pleno ciclo electoral

Carlos Sánchez muestra cómo las subvenciones del sector público se han vuelto a disparar en pleno ciclo electoral. Y es que ya se sabe, hay que comprar votos (con el dinero de terceros) como sea. El daño que esto suponga a la economía (subidas de impuestos, destrucción de empleo indirecto, mala asignación de recursos, competencia desleal, discriminación, mayor desequilibrio de cuentas -futuros recortes y aumentos de impuestos-, mantenimiento de lo ineficiente a costa de lo eficiente...) no importa. 
Otra muestra de lo que es la política y el insostenible sistema de intervención y clientelismo que tenemos. 

Artículo de El Confidencial:
Foto: El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. (EFE)EFE
El año 2015 ha vuelto a ser prolífico en términos de ayudas públicas. Aunque los datos no están cerrados -se refieren al mes de noviembre-, es muy probable que el volumen total se sitúe ya muy próximo a los niveles históricamente elevados que se registraron inmediatamente antes de que estallara la crisis económica.
Las cifras más recientes reflejan, en concreto, que, durante los 11 primeros meses del año pasado, las distintas administraciones públicas concedieron 8.297 millones de euros en subvenciones al sector privado (no se contabilizan las transferencias internas del sector público), lo que representa un crecimiento del 18,8% respecto del mismo periodo del año anterior.
La cifra es significativa, porque supondrá a final de año prácticamente la tercera parte de lo que pagará el Reino de España para financiar el servicio de la deuda pública. O más en concreto, el volumen de subvenciones entregadas hasta noviembre supone la quinta parte del déficit público generado hasta esa fecha. O una cantidad muy similar a lo que Bruselas exige recortar a España para cumplir los objetivos de desequilibrio presupuestario.
El incremento de las subvenciones públicas ha sido creciente desde 2012, cuando, tras los ajustes derivados de la crisis, la Administración se vio obligada a recortar las ayudas. Ese año, el volumen total de subvenciones cayó hasta los 10.004 millones, pero desde entonces ha ido creciendo hasta los 11.400 millones de euros en 2014, lo que representa un 1,1% del producto interior bruto (PIB). En esa cifra no se incluyen las ayudas de Estado aprobadas por la UE, que se acercan a a los 3.000 millones de euros.
La ley considera subvenciones la entrega dineraria o en especie sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, “destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro”. Es decir, que se trata de cantidades a fondo perdido siempre que se cumplan determinados requisitos. La cuantía máxima se concedió en 2009, cuando las subvenciones alcanzaron los 12.485 millones. De esta cantidad, el 44% se entrega para subvencionar los productos y el resto, la producción.
La política de subvenciones a empresas y particulares afecta a todos los sectores económicos: fomento de la biodiversidad, vivienda protegida, cultura, escuelas taller, transporte, zonas de promoción económica, procesos de reindustrialización o sectores en reconversión industrial. Además de inmigración o incluso la remodelación de barrios. Y ello sin incluir los beneficios fiscales que disfrutan los agentes económicos privados, y que merman la recaudación fiscal. Ni, por supuesto, las prestaciones sociales de carácter económico. No tienen carácter de subvenciones, por ejemplo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

Publicidad y transparencia

El Gobierno, en el marco de la reforma de la Administración, ha configurado una Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), que ha entrado en funcionamiento el pasado 1 de enero tras su reforma, como sistema nacional de publicidad de subvenciones, con el fin de promover la transparencia y facilitar que sirva como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. Y en este sentido, la Intervención General de la Administración del Estado publica en su página web las convocatorias de subvenciones y las subvenciones concedidas. En estos momentos, y desde finales de 2014, ya hay acceso público a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Pese a este esfuerzo por la transparencia, lo cierto es que son numerosos los informes del Tribunal de Cuentas en los que se censura el mal uso de estas ayudas públicas. En un reciente informe sobre las subvenciones concedidas por el Ministerio del Interior, por ejemplo, se advertía sobre la existencia de serias deficiencias.
En particular, se recriminaba la existencia de carencias en las bases reguladoras, respecto del plazo y forma de presentación de solicitudes; también respecto del régimen de compatibilidad con otras subvenciones y a la forma de acreditación de determinados requisitos. Igualmente, se detectaron incoherencias entre el contenido de las bases reguladoras y el de las convocatorias de subvenciones, además de falta de acreditación documental del cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, la notificación de la concesión fuera de plazo y la falta de justificación total o parcial de algunas subvenciones o la inclusión de justificantes de gasto no subvencionables.
La ley establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva. Y se considera concurrencia competitiva cuando el procedimiento se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas. No siempre se cumple ese extremo.

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