Es la realidad y efectos nulos (o más bien contraproducentes) que provoca la política socialista de la redistribución coactiva (es realmente una re redistribución, pues el mercado ya redistribuye de manera voluntaria y en función del valor añadido que llevas a cabo en el proceso productivo que desemboca en cada transacción).
El caso Andaluz es un perfecto ejemplo (a nivel internacional se puede mostrar muy bien también). Es una sencilla cuestión de incentivos y naturaleza humana que pretenden obviar una vez tras otra, con los efectos consecuentes.
Según la teoría de la redistribución, las regiones ricas distribuyen su riqueza a las pobres, de manera que éstas consiguen alcanzar a las ricas y limar las diferencias. Pero esto es un pensamiento simplista que pasa por alto muchas variables.
Así, Andalucía, una de las regiones más pobres de la Unión Europea (el análisis es el mismo dentro de España, que hace exactamente lo mismo con los mismos pésimos resultados), ha recibido más de 100.000 millones de euros en ayuda para el desarrollo (desde numerosos ámbitos y con diversos objetivos), pero tras décadas de ayuda, Andalucía sigue a la cola entre las regiones más pobres de Europa.
La explicación es sencilla, y se basa en la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de los incentivos en el comportamiento de las personas.
Cuanta mayor es la pobreza de la región, los políticos reciben más y más fondos públicos de otras regiones (a cambio de nada) que pasan por sus manos, y en consecuencia, menos incentivos tendrán a gestionar mejor y hacer que dichos fondos lleguen a la gente de manera productiva, pues ello supondría la eliminación de dichas ayudas. El político ve "llover del cielo milmillonarios fondos" con los que puede beneficiarse electoralmente. Así, crea numerosas agencias de todo tipo, en la que coloca a miles de afines y personas del partido, generando enormes redes burocráticas y funcionariales que habría que deshacer en caso contrario, de desaparecer dichas ayudas (en caso de salir de la pobreza). A su vez, el gobierno, lejos de hacer políticas que crean tejido productivo, productividad...lo que hace es crear mediante subvenciones y dádivas redes clientelares inmensas entre las que reparte parte de los fondos con los que compra voluntades y consigue mantenerse en el poder (pues deshacer dichas inmensas redes clientelares que impregnan toda la sociedad no son desmontables, y no hay político que no se suicide políticamente si trata de deshacerlas).
La consecuencias es una economía de sostenidos mediante dinero ajeno y expolio impositivo a los cada vez menos productivos generando discursos de odio hacia el que está fuera de la dependencia estatal para justificar más expolio en base a discursos basados en la envidia, el conflicto, la "justicia social"...
Los incentivos a políticas responsables son nulos, y la capacidad para cambiarlo cada vez menores. El ciudadano es cada vez más dependiente de las dádivas del gobierno, dado la destrucción de la economía productiva (institucionalmente expoliada, parasitada y trabada), cada vez con menos oportunidades de generar riqueza, y el político cada vez se ve con más poder (todo pasa por sus manos).
Sin esta ayuda externa, el político se vería obligado a llevar a cabo políticas que generen riqueza (reducir trabas al intercambio, seguridad jurídica, instituciones que respetan la propiedad privada y los contratos...), que es precisamente lo que ha ocurrido en aquellos lugares que han tenido éxito (buen ejemplo de ello es analizar lo que ha ocurrido en el sudeste asiático y en África al respecto de la ayuda externa y la dispar evolución de sus economías).
La redistribución (coactiva, pues la cooperación social en libertad ya redistribuye de múltiples maneras, enriqueciendo a sus integrantes) NUNCA es la salida de los problemas, pero es demasiado tentador para el político y el político intromisivo, demagogo y populista.
M. Moguer informa en el siguiente artículo.
El caso Andaluz es un perfecto ejemplo (a nivel internacional se puede mostrar muy bien también). Es una sencilla cuestión de incentivos y naturaleza humana que pretenden obviar una vez tras otra, con los efectos consecuentes.
Según la teoría de la redistribución, las regiones ricas distribuyen su riqueza a las pobres, de manera que éstas consiguen alcanzar a las ricas y limar las diferencias. Pero esto es un pensamiento simplista que pasa por alto muchas variables.
Así, Andalucía, una de las regiones más pobres de la Unión Europea (el análisis es el mismo dentro de España, que hace exactamente lo mismo con los mismos pésimos resultados), ha recibido más de 100.000 millones de euros en ayuda para el desarrollo (desde numerosos ámbitos y con diversos objetivos), pero tras décadas de ayuda, Andalucía sigue a la cola entre las regiones más pobres de Europa.
La explicación es sencilla, y se basa en la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento de los incentivos en el comportamiento de las personas.
Cuanta mayor es la pobreza de la región, los políticos reciben más y más fondos públicos de otras regiones (a cambio de nada) que pasan por sus manos, y en consecuencia, menos incentivos tendrán a gestionar mejor y hacer que dichos fondos lleguen a la gente de manera productiva, pues ello supondría la eliminación de dichas ayudas. El político ve "llover del cielo milmillonarios fondos" con los que puede beneficiarse electoralmente. Así, crea numerosas agencias de todo tipo, en la que coloca a miles de afines y personas del partido, generando enormes redes burocráticas y funcionariales que habría que deshacer en caso contrario, de desaparecer dichas ayudas (en caso de salir de la pobreza). A su vez, el gobierno, lejos de hacer políticas que crean tejido productivo, productividad...lo que hace es crear mediante subvenciones y dádivas redes clientelares inmensas entre las que reparte parte de los fondos con los que compra voluntades y consigue mantenerse en el poder (pues deshacer dichas inmensas redes clientelares que impregnan toda la sociedad no son desmontables, y no hay político que no se suicide políticamente si trata de deshacerlas).
La consecuencias es una economía de sostenidos mediante dinero ajeno y expolio impositivo a los cada vez menos productivos generando discursos de odio hacia el que está fuera de la dependencia estatal para justificar más expolio en base a discursos basados en la envidia, el conflicto, la "justicia social"...
Los incentivos a políticas responsables son nulos, y la capacidad para cambiarlo cada vez menores. El ciudadano es cada vez más dependiente de las dádivas del gobierno, dado la destrucción de la economía productiva (institucionalmente expoliada, parasitada y trabada), cada vez con menos oportunidades de generar riqueza, y el político cada vez se ve con más poder (todo pasa por sus manos).
Sin esta ayuda externa, el político se vería obligado a llevar a cabo políticas que generen riqueza (reducir trabas al intercambio, seguridad jurídica, instituciones que respetan la propiedad privada y los contratos...), que es precisamente lo que ha ocurrido en aquellos lugares que han tenido éxito (buen ejemplo de ello es analizar lo que ha ocurrido en el sudeste asiático y en África al respecto de la ayuda externa y la dispar evolución de sus economías).
La redistribución (coactiva, pues la cooperación social en libertad ya redistribuye de múltiples maneras, enriqueciendo a sus integrantes) NUNCA es la salida de los problemas, pero es demasiado tentador para el político y el político intromisivo, demagogo y populista.
M. Moguer informa en el siguiente artículo.
Artículo de ABC:
Mapa de la convergencia en Europa - C. GARCÍA
Andalucía vuelve a estar entre las regiones más pobres de Europa, según confirmó Bruselas la pasada semana. Por debajo incluso de algunos países del Este que entraron en la UE hace solo seis años con unas tasas de convergencia menores a las andaluzas. La comunidad, tras seis años en la categoría de «regiones en desarrollo» por una carambola de cifras, regresa al grupo de las zonas menos desarrolladas, al bajar su PIB por debajo del 75% de la media europea, como ya adelantó ABC de Sevilla el pasado otoño cuando advirtió del informe de la Comisión Europea sobre la falta de convergencia andaluza con Europa.
La Unión Europea divide sus regiones en tres categorías. Como se indica en el mapa que ilustra esta información, están las zonas que tienen un PIB por encima de la media europea. Son las que no tienen derecho a ayudas de convergencia. Regiones ricas. Luego están las regiones «en desarrollo», que tienen un PIB que está entre el 75 y el 90% de la media de la UE y tienen derecho a ayudas. Por último están las regiones más pobres. Su PIB no alcanza siquiera el 75% de la media europea. Ahí ha vuelto Andalucía.
La comunidad, que ha recibido desde 1986 más de 100.000 millones de euros en fondos de la Unión Europea, no ha conseguido ni con esa lluvia de dinero salir de la división de las regiones subdesarrolladas. A razón de 3.000 millones de euros al año de media, Andalucía se ha llevado en estos 30 años de Europa dinero de cuatro fondos: del Feder, del Fondo Social Europeo, del Feader y del Fondo de Cohesión.
Según la Junta de Andalucía, el Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) busca «fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones»; El Feader perseguía «la modernización y la diversificación de la economía andaluza, el apoyo a la competitividad de la agricultura y la mejora del medio ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos»); El Fondo Social Europeo es para «apoyar las medidas de prevención y lucha contra el desempleo, desarrollar los recursos humanos e impulsar la integración social en el mercado laboral»; y el Fondo de Cohesión, que pretende «contribuir a reforzar la cohesión económica y social de la comunidad».
Más dinero para Andalucía
A estas líneas de ayudas hay que sumarles «muchos otros fondos como los derivados de Horizonte 2020 (el instrumento PYME para ayudar a las pequeñas y medianas empresas), el EFSI del Plan Juncker que apoya a empresas andaluzas a crear empleo o el mecanismo conectar Europa (connecting Europe Facility)», puntualizan desde la Comisión Europea.
Andalucía, desde que España se incorporase a Europa -entonces Comunidad Económica Europea- ha sido una de las zonas prioritarias. Así, la comunidad perteneció a las regiones pobres durante 28 años. Desde 1986 y hasta 2014. Ese año, y coincidiendo con la llegada de un nuevo periodo de ayudas (2014-2020), la Unión Europea determinó que Andalucía había superado la barrera del 75% de PIB de la UE. ¿Cómo? Por una carambola.
Por un lado, por la burbuja inmobiliaria y los años de bonanza económica que se vivieron antes de 2008-2009, cuando estalla la macrocrisis económica. Por otro, por la incorporación de los nuevos países de la Europa del Este a la Unión Europea, que bajan la media del PIB de forma drástica.
Según confirman desde la Comisión Europea, el cálculo del PIB para clasificar a las distintas regiones se hizo con datos de 2007 a 2009. Justo antes de estallar la crisis. Con esas cifras hinchadísimas, Andalucía se acercaba al 75% de convergencia. Pero el empujón final para pasar la barrera que daba acceso al grupo de «regiones en desarrollo» fue la llegada al club de nuevos países. Países más pobres.
En 2004 se incorporan a la UE Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia. En 2007, Bulgaria y Rumanía. Así, el PIB medio de Europa baja enteros a toda velocidad, lo que hace que Andalucía, pese a no mejorar económicamente, suba en la lista de regiones, simplemente porque por debajo se le sitúan muchas.
El resultado es que Andalucía ha pasado seis años entre las regiones «en desarrollo». No porque haya mejorado su economía sino porque las circunstancias le ayudaron. Pero esa ayuda, señalan los expertos, era en realidad un regalo envenado. Al abandonar el grupo de regiones pobres sin ser más rica (en términos absolutos, sí lo era comparada con otros), perdió hasta un tercio de los fondos que hubiera recibido de permanecer en su grupo «natural».
Cuando el año pasado un informe de la Comisión Europea ya anunció que Andalucía estaba «estancada» en su crecimiento pese a los miles de millones que Europa estaba invirtiendo, la respuesta de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, fue acusar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de escatimar en financiación para la comunidad, lo que frenaba el proceso de convergencia andaluz. «Andalucía no puede converger con España y Europa si sigue castigada financieramente», afirmó.
Díaz, como luego hizo su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, decidió no darse por aludida ante la amenaza que hoy es una realidad: Andalucía vuelve al grupo de las regiones más pobres de Europa y, tras 30 años de ayudas gestionadas por gobiernos socialistas y 100.000 millones de euros, la comunidad ve cómo países del Este de Europa la adelantan en su desarrollo económico. Así las cosas, la situación se resume en que Andalucía sigue siendo igual de pobre que en 1986 a ojos de Europa. Pero que, gracias a eso, recibirá más fondos. Cuántos, dependerá de la negociación futura en el Parlamento Europeo. Pero sobre la mesa hay 340.000 millones para España en el periodo 2021-2027.
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