Juan Rallo analiza la subida de la luz en los hogares españoles y la responsabilidad política en ella, pues es intencionado por los motivos explicados.
Artículo de El Confidencial:
La producción de energía eléctrica en España a lo largo del año 2017 ascendió a 252,7 millones de MWh, lo que, a un precio medio de 52,24 euros el MWh, supuso un coste total de 13.203 millones de euros. La electricidad, empero, no solo hay que generarla sino también transportarla y distribuirla hasta el usuario final: y, en este sentido, el coste del transporte y la distribución ascendió a 6.884 millones de euros.
A su vez, existen determinadas decisiones gubernamentales de política energética (como la retribución especial de las energías renovables o la amortización del déficit de tarifa) que se repercuten sobre el usuario final y que totalizaron 10.548 millones de euros en 2017. Es decir, el coste total de generar y distribuir electricidad dentro del marco regulatorio español fue el año pasado de 30.635 millones de euros. Añádanle a esta cifra el impuesto especial sobre la electricidad (6%) y el IVA (21%) y llegarán así a un coste agregado después de impuestos de 39.292 millones de euros.
Nótese, pues, cómo el precio de la generación de MWh en el mercado mayorista apenas supone el 32% de toda esta marabunta de costes. Pero ese 32% es ahora mismo el responsable del encarecimiento sostenido de la electricidad en España. No en vano, el precio medio del MWh en el mercado mayorista ascendió en agosto de 2017 a 47,6 euros frente a los 64,3 euros del presente ejercicio (o los 71 euros que estamos experimentando en estos primeros días de septiembre). Parte de este incremento se explica por el aumento global del precio de los combustibles fósiles, los cuales tienen una incidencia directa en la determinación del precio marginal del mercado mayorista. Sin embargo, otra parte importante (cerca de la mitad de esta subida) es consecuencia del deseo de los burócratas bruselenses por encarecer la factura eléctrica, al menos en el corto plazo.
Me explico: para poder operar, las centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles (responsables de alrededor de un tercio de la generación total de electricidad en nuestro país) necesitan adquirir en el mercado los llamados 'derechos de emisión de CO2'. Sin tales títulos, no están autorizadas a producir para el mercado mayorista, lo que dejaría a los consumidores sin un flujo de suministro suficiente como para atender la totalidad de su demanda. Pero, evidentemente, el precio de tales derechos de emisión se traslada directamente sobre el coste final de generar electricidad. En este sentido, suele estimarse que por cada euro de encarecimiento de los derechos de emisión, el precio de la electricidad en el mercado mayorista aumenta alrededor de 0,6 euros por MWh (la relación dista de ser exacta, pues depende de cuál sea en cada momento la tecnología que marque el precio marginal del mercado mayorista).
En agosto de 2017, el precio medio de los derechos de emisión de CO2 ascendió a 5,65 euros por tonelada; en agosto de 2018, fue de 18,88 euros por tonelada. Es decir, un aumento de 13,23 euros que, aproximadamente, explicaría una subida de unos ocho euros en el coste del MWh dentro del mercado mayorista: y dado que el incremento ha sido de 16,7 euros, la mitad de este encarecimiento sería atribuible al mayor coste de los derechos de emisión. Ahora bien, ¿por qué esta carrera alcista en el precio de tales títulos?
En esencia, porque Bruselas reducirá drásticamente su oferta a partir de 2019 (a través de un mecanismo denominado Reserva de Estabilidad de Mercado). Menor oferta de derechos de emisión de CO2 para una misma (o mayor) demanda implica un mayor precio de los mismos. No en vano, la media provisional de su precio en septiembre ya es de 20,19 euros por tonelada y se espera que en 2020 pueda alcanzar la marca de 30 euros por tonelada. ¿Y por qué Bruselas quiere estrangular la oferta de derechos de emisión para así encarecer su precio? Para luchar contra el cambio climático a través de una doble reacción de los ciudadanos: a corto plazo, un mayor precio del CO2 —y por tanto de la factura eléctrica— implicará un menor consumo de electricidad por parte de familias y empresas, lo que a su vez conllevará menores emisiones de CO2; a largo plazo, un mayor precio del CO2 implicará una desventaja competitiva para aquellas fuentes energéticas que emitan CO2, lo que incentivará a los inversores de la industria eléctrica a reemplazar progresivamente sus centrales fósiles por centrales no fósiles.
En definitiva, el grueso del encarecimiento de la electricidad que estamos viviendo es estructural y consecuencia de la política energética de Bruselas contra el cambio climático. Si quieren buscarse culpables, encuéntrense ahí: eso sí, no dejaría de ser un ejercicio de rematada hipocresía que quienes han convertido la lucha contra el cambio climático en una prioridad dentro de sus agendas políticas se rasguen ahora las vestiduras por esta subida de la electricidad que es, justamente, una de las formas de combatir a largo plazo el cambio climático. Tal vez deberían habernos explicado desde un comienzo que luchar contra el cambio climático no nos iba a salir gratis.
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