La ideología de género y el adoctrinamiento del feminismo radical sigue imponiéndose en todos los espacios, si es necesario a la fuerza, y por supuesto acompañado de suculentas rentas para impartirlo a quienes viven de este activismo.
Pedro de Tena se hace eco en el siguiente artículo.
Pedro de Tena se hace eco en el siguiente artículo.
Artículo de Libertad Digital:
Los profesores recibirán clases de feminismo | Pixabay/CC/Alexas_Fotos
Este miércoles, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó, con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) –Podemos e IULV-CA votaron en contra–, la nueva Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. La nueva ley, que incluye como una de las medidas la subida conforme al IPC del complemento autonómico a las pensiones mínimas asistenciales y no contributivas, dota a la Junta de capacidad sancionadora contra la discriminación de la mujer y se propone la revisión de los textos escolares para impedirla.
Considerada por el PSOE como una ley que cambia la vida de la mujer y sitúa a Andalucía como un referente –"feminismo de salón" la ha calificado Podemos–, de manera inmediata se ha destacado la importancia de la capacidad sancionadora que se recoge en la norma y que se dote de más funciones al Instituto Andaluz de la Mujer, entre ellas la de sancionar.
El nuevo régimen sancionador permitirá a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad. La ley detalla el listado de infracciones y sus correspondientes medidas disciplinarias, desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de penas accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas.
Asimismo, habilita al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para investigar discriminaciones directas o indirectas por razón de género y para actuar a través de la negociación y de la remisión de informes a la Inspección de Trabajo.
Entre las infracciones graves y muy graves que incorpora la ley aprobada por el Parlamento se incluyen la realización de actos, campañas o anuncios que promuevan la discriminación a la mujer o inciten a la prostitución o a la violencia machista; el uso en centros docentes públicos de material que presente a las personas como superiores o inferiores en función de su sexo; la realización de campañas publicitarias que utilicen el cuerpo femenino como reclamo o fomenten la violencia o la prostitución; cualquier comportamiento realizado en función del sexo que atente contra la dignidad de una persona, o la transmisión de mensajes estereotipados de subordinación o de desigualdad en los medios de comunicación públicos.
La nueva ley hace que los centros escolares sean vehículos de transmisión del desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todos los centros docentes y detalla las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación, encargadas de velar por el cumplimiento de estos.
Además, se establece la formación obligatoria en igualdad tanto del profesorado en prácticas como del equipo directivo de los colegios e institutos públicos. Esto es, los profesores andaluces recibirán cursos especiales con contenidos feministas.
La revisión "feminista" de los libros escolares
Frases como "mi madre va a comprar el pan", detectado en los libros escolares que se utilizan en Andalucía y otras regiones españolas, son consideradas añejas y machistas por quienes van a ser encargados, probablemente, de la revisión de los textos vigentes. Dice El País que la nueva ley trata de que la igualdad de género no sea un mito en las aulas y revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos.
Para conseguirlo, una comisión de expertos revisará todos los libros de texto desde infantil a bachillerato, según la ley aprobada en el Parlamento andaluz. Hasta ahora, todo se dejaba a la voluntad del profesorado, pero eso se ha acabado en Andalucía. La comisión de expertos analizará los materiales curriculares y emitirá un informe anual para evaluar su implantación real. Pero, como es costumbre, todo dependerá de la diligencia de la Junta de Andalucía que dispone de un año para aplicar las medidas.
Esta revisión de los libros de texto es la medida estrella de la nueva norma, que dispone de 1.793 millones hasta 2021 pero su inmediata dotación depende de la aprobación de los Presupuestos andaluces para 2019 y estos son aún una incógnita ante el posible adelanto electoral.
Una de las expertas en el tema, Ana López-Navajas, en un trabajo de 2010, consideraba que los datos analizados señalaban sólo un 12% de presencia femenina en los textos escolares demostrando que la ausencia de las mujeres en los contenidos de secundaria es sistemática y abarca todas las asignaturas.
Y añadía que los actuales textos escolares "transmiten una visión de mundo donde la mujer apenas participa, que hace percibir como normal lo que es un elemento de marginación… que es una visión falseada por inexacta y carente de rigor". Esta visión de mundo "normaliza la marginación, patrones sociales que ayudan a perpetuar las desigualdades y que se encuentran en la base de todo un abanico de comportamientos entre los que destaca la violencia machista, pero donde no son menos graves las desigualdades laborales, las relaciones personales insatisfactorias o los techos de cristal".
Para Izquierda Unida y Podemos, la anterior ley de Igualdad de 2007 también tenía estas intenciones pero nunca se ha cumplido por culpa de la negligencia de la Junta de Andalucía.
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