martes, 11 de septiembre de 2018

Maestros con nueve vacantes disponibles se van al paro por el valenciano en zonas castellanohablantes

J.L. Fernández se hace eco de un grave incumplimiento de la ley de la Consellería de Educación por cuestiones lingüísticas. 
Artículo de ABC:
Profesores en una clase en un centro educativo valencianoProfesores en una clase en un centro educativo valenciano - ABC
Maestros con dos y hasta siete vacantes disponibles para ejercer este curso se han quedado fuera por no tener la capacitación lingüística en valenciano a pesar de que se encuentran en zonas de predominio castellanohablante, en la provincia de Alicante. Así lo denuncia UGT y anuncia «reclamaciones individualizadas» de muchos afectados, para que puedan volver a sus puestos.
En esencia, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de esta central denuncia que la Conselleria de Educación «incumple con el profesorado interino sin la capacitación en valenciano, vulnerando su propia normativa», aprobada en las Cortes Valencianas por consenso y unanimidad de todos los grupos parlamentarios, «incluyendo los que sostienen al gobierno del Botánico», el pasado 26 de junio de 2018.
Y lo hace la primera vez que tiene que aplicarla en las adjudicaciones de puestos de trabajo docente del pasado día 5 de septiembre de 2018. En concreto, UGT se refiere a la moratoria en la capacitación del valenciano, de la que quedan excluidos estos docentes, a su juicio sin ninguna justificación.
Menciona dos ejemplos paradigmáticos. «Como dice en las redes sociales Luis Vicente Mateo, alcalde de Benferri (Alicante) y maestro afectado por esta injusta decisión, el conseller “Marzà no cumple la orden 35/2018 de 22 de agosto que permitía a los maestros de primaria sin capacitación trabajar en zonas castellanohablantes dándole una moratoria de cuatro años para obtener la capacitación». Por eso, este dirigente local socialista añade en alusión a Marzà que «habrá que recordarle que los asuntos que se aprueban en las Cortes están para cumplirlos en un país democrático como es España».
No se trata, además, del único caso, «tras muchos años de servicios, solo es un lamentable ejemplo de como la Conselleria de Educación maltrata al profesorado interino, pero hay más». Mateo podría haber a dos puestos de trabajo en centros próximos a su pueblo, del que es alcalde. En localidades también de predominio lingüístico castellano, una afiliada a UGT, Maria Victoria, maestra también con muchos años de servicios profesionales y experiencia, se le ha impedido volver a trabajar en el sistema educativo público valenciano, cuando tenía disponibles hasta nueve puestos de trabajo, vacantes de curso completo, en centros escolares de localidades de predominio lingüístico castellano.

«Falsa interpretación»

«Así y a través de una falsa (no queremos pensar que sea maliciosa también) interpretación de la normativa y vulnerando además el contenido pactado en la PNL, la Consellería de Educación interpreta que como los maestros nunca han tenido moratoria, la moratoria de la Orden de 2013 no se les aplica y la nueva moratoria tampoco», explican desde UGT.
«Un absurdo legal y jurídico que perjudica gravemente los derechos y condiciones laborales de los maestros interinos sin capacitación, ya que así, los expulsa, de forma anticipada, definitivamente y sin remisión del sistema educativo valenciano», concluyen.
A su entender, se les debería aplicar la citada moratoria al igual que el resto de los cuerpos docentes afectados por la misma (profesorado de E. Secundaria y Técnicos de FP), si bien limitada a la posibilidad de optar a puestos de trabajo en localidades de predominio lingüístico castellano, tal y como se señala expresamente en la citada norma.
Con esta «mala praxis», advierten de que se amplían los motivos para recurrir, tanto en la via administrativa como en la via judicial, y anuncian que van a preparar con urgencia las reclamaciones individualizadas con el fin de que en lo sucesivo no vuelva a adoptarse este sistema «erróneo y contrario a la normativa», que también «parece malicioso y perverso».
El problema afecta, además, a profesionales «con muchos años de servicios, experiencia y edad, próximos a su jubilación que, como el conjunto del profesorado, se han sacrificado y dedicado toda su vida profesional por garantizar un sistema educativo valenciano de calidad, y que ahora reciben este pago: el despido».

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