Artículo de El Confidencial:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Reuters)
“No hay peor tiranía que obligar a un hombre a pagar por lo que no quiere simplemente porque piensas que sería bueno para él”.
Robert A. Heinlein
El domingo 13 de enero, aprovechando la tranquilidad de la hora de la comida, el presidente del Gobierno nos recordó mediante un tuit que, por fin, volvía la justicia social a nuestro país. Que después de siete terribles años de pesares, de injusticia, de dolor, el cielo socialista se abría de nuevo para dejar pasar el sol.
Después de 7 años de injusticia social los españoles no entenderán que la oposición vote en contra de unos presupuestos sociales que no dejan a nadie atrás.
Pido a la oposición, también a @PPopular y @CiudadanosCs, que se abstengan o voten a favor de #PGE2019. #PGEparaUnPaísMejor
Un cielo que se abre para recuperar la inversión pública, las infraestructuras, la sanidad, la educación, los derechos sociales. Después del mayor ataque fiscal de la historia de la democracia, ideado por los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy y ejecutado con esmero por Cristóbal Montoro, el año 2019 empieza, sin embargo, con una muestra del fracaso palmario de dos políticas socialdemócratas que han recibido aplausos a partes iguales de políticos y medios.
Finlandia puso en vigor, en enero de 2017, un experimento social con amplio eco mediático. Consistía en implementar una primera versión, limitada, de la tan querida, por muchos, renta básica universal. Se entregarían alrededor de 560 euros mensuales a 2.000 desempleados con edades entre los 25 y los 58 años, sin necesidad de buscar trabajo, y con la garantía de que, de encontrarlo, no estarían obligados a devolver esa renta. Era la primera vez que la idea se implementaba por la Seguridad Social, y, ante el requerimiento de esta de prolongarlo, el Gobierno ha decidido cerrarlo. No se han publicado aún las razones. Estoy seguro de que Podemos, el PSOE y Ciudadanos, defensores en nuestro país de propuestas similares, estudiarán con interés las razones, y nos mantendrán oportunamente informados a los contribuyentes.
Más o menos por la misma fecha, y con la indudablemente preciosa intención de luchar contra la obesidad, el Gobierno municipal de Filadelfia, en la costa este de los EE.UU, impuso una tasa de 1,5 centavos de dólar por onza (más o menos, un dólar por cada botella de dos litros) a los refrescos carbonatados o 'sodas'. La lucha por la salud se ha saldado con un desplazamiento de los ciudadanos a las afueras de la ciudad a comprar refrescos y, lo que es aún más grave, estableciendo la mayor parte de la carga fiscal sobre quienes no pueden hacerlo por carecer de medios, esto es, los más necesitados.
En un reciente 'paper', Seiler, Tuchman y Yao observan un incremento de los precios de entre el 30% y el 40%, junto con una caída de la demanda del 42%, unas 52.000 onzas dentro de la zona de agresión fiscal; al mismo tiempo, en las tiendas de un radio de dos millas fuera de la zona cero, el incremento en las ventas fue de 62.000 onzas. “No hay evidencias de reducción de ingesta calórica”, señalan los autores. Sí las hay, en cambio, de destrucción de empleo. En un artículo del 'Wall Street Journal', se da cuenta del cierre de un supermercado, cercano a los límites de la ciudad, en el que las ventas cayeron un 23% desde la entrada en vigor del 'impuestazo' a los refrescos. La cadena de supermercados propietaria del local ha reducido 200 empleos directos, y el cierre ha afectado a otros 111 indirectos. La buena intención del planificador choca con la acción humana. Y eso es algo que muchos no acaban de entender.
¿Qué ocurrirá en España con el 'impuestazo' al diésel del Gobierno Sánchez? Ese impuesto bonito, verde, que, con la excusa de proteger el medio ambiente (¡quién puede estar en contra de preservar la naturaleza!), carga las cuentas familiares con 3,8 céntimos adicionales por litro, mientras deja fuera a los profesionales, es decir, a quienes más contaminan pero tienen la capacidad de paralizar el país.
Por cierto. Quizá sería conveniente recordar a nuestro presidente del Gobierno, doctor en Economía mientras no se demuestre lo contrario, que la terrible injusticia cometida por los gobiernos de Rajoy fue la respuesta, errónea en su ejecución pero acorde con la lógica socialdemócrata que empapó, siempre, todas sus decisiones económicas, a una crisis económica agravada por la negación de la misma de su antecesor, el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que llevó a la ruina a miles de familias españolas, dejando en el paro a casi uno de cada tres españoles en edad de trabajar, y elevando el déficit público hasta un 11% del PIB, esto es, alrededor de 100.000 millones de euros. La injusticia no ha sido otra que la de pensar que un clavo con otro sale. Esa es la lógica viciosa que han aplicado desde 2004 los dos partidos políticos que gobiernan este país.
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