Hablábamos de incentivos en el anterior artículo, y este artículo es otro ejemplo de creación de incentivos para la corrupción y el clientelismo político...
Y a mayores incentivos y permisividad...
Artículo de Libre Mercado:
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, durante la presentación de los PGE 2019 | EFE
Los PGE presentados por el Gobierno para este 2019 siguen dando qué hablar. Según publica el portal web Civio, el proyecto incluye una disposición final para "eliminar el veto a firmar con un mismo empresario varios contratos menores que superen los umbrales máximos, una medida destinada a evitar fraccionamientos" y que fue aprobada hace un año.
Dicho veto impedía que se encadenasen contratos menores y frenaba su práctica fraudulenta, dificultando así la corrupción a pequeña escala en la contratación pública. Cabe destacar que este tipo de contratos solo necesitan la justificación de la necesidad del gasto, su aprobación y la factura, y no se les exige un concurso ni un proceso de adjudicación ni hacer público los detalles del contrato. De esta forma existía una gran opacidad por parte de ayuntamientos y empresas que se acogían a los contratos menores para adjudicar obras y servicios a dedo -con el siguiente riesgo de cobrar comisiones por detrás-.
El PSOE suprime ahora el apartado en el que se impedía llevar a cabo este tipo de contratos, concretamente, en la disposición final número 34ª . En este sentido, sólo quedaría la obligación de justificar en el expediente que no se están troceando contratos, pero no el veto a los contratos repetidos.
Para entender el trasfondo del asunto, con el artículo 118.3 en la mano, todavía en vigor, la web pone como ejemplo una entidad pública que haya concedido un contrato menor de 14.900 euros a una empresa: "Nunca más puede volver a contratarla usando ese procedimiento porque superaría, sumando ambos, el límite de 15.000 euros establecido por ley". Los Presupuestos volverían a permitirlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario