Daniel Rodríguez Asensio analiza el nuevo saqueo del gobierno "de la gente" al ahorro de los españoles y las implicaciones del nuevo impuesto a las transacciones económicas.
Artículo de Libre Mercado:
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero | EFE
He de reconocerlo. Soy tan asquerosamente rico que hace unos días tuve la osadía de ir a la pescadería a hacer la compra semanal. Para colmo de vileza, se me ocurrió mirar el detalle el ticket de compra. Y ahí estaba. Como cada semana desde el 1 de julio del presente año: un impuesto de 5 céntimos por la bolsa de plástico que me entregaba mi pescadero.
Me van a disculpar el ataque de sorna. Es que el pasado viernes el Consejo de Ministros de "la gente", el de "solamente pagarán los ricos", aprobó dos nuevos impuestos. El primero es la tasa Google, que ya hemos comentado en esta columna. Y, por si esto fuera poco, han decidido innovar y poner en marcha el impuesto a las transacciones financieras. Un nuevo gravamen que no sólo reducirá nuestros ahorros, sino que también aumenta la carga fiscal del ciudadano medio. Es decir, un empobrecimiento en toda regla. ¡Qué menos que considerarse a uno mismo "rico" hasta que entre en vigor!
En breve, cuando usted haga una operación de compra de acciones de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros, le pasará algo parecido a lo que me pasa en la pescadería. En el extracto de su cuenta de valores verá el número de acciones adquiridas, la comisión cobrada… y un 0,02% del valor de la operación en concepto de impuestos.
Estamos ante una figura fiscal que afecta al 61 de las 122 empresas que conforman los mercados cotizados españoles y al 96% del volumen de negociación, según los datos del BME para diciembre de 2018. También, ahonda en la percepción de nuestro país como infierno fiscal sin argumento económico alguno. Como ya hemos comentado en esta columna, los bancos -especialmente los grandes- son los que mayor presión fiscal soportan, y están lejos de ser los responsables del aumento del endeudamiento durante la crisis. Lo que venden como un impuesto a la banca en realidad es una traba adicional al ahorro.
El impuesto a las transacciones financieras es la denostada Tasa Tobin, rechazada hace ya años en el ámbito europeo, pero con otro nombre. Este rechazo está más que justificado. Ya desde sus inicios, en la Suecia de 1984, esta tasa ha sido un sonado fracaso. La estimación inicial de ingresos fue de 1.500 millones de coronas suecas, y obtuvo de media 50, con un máximo de 80 millones. La razón fue una migración masiva de capitales hacia otros mercados.
Este fracaso no ha sido suficiente para erradicar la medida de raíz. Ya saben. Aquello de "no ha funcionado porque no estuvo bien ejecutada". En Europa, Reino Unido tiene implementada una tasa del 0,5%, Irlanda del 0,2% y Francia del 0,3%, entre otros. Podríamos repasar el detalle de los tres países, pero el ejemplo francés es suficiente. El impuesto nació en 2011 con un tipo del 0,1% y una recaudación esperada de 500 millones de euros. A día de hoy, el tipo se ha triplicado y la recaudación está por debajo de los 1.000 millones, según las estimaciones más optimistas.
Reducción de la rentabilidad
Nosotros queremos replicarlo. Algo que no ha funcionado en ningún lugar del mundo, que no ha sido aprobado a nivel europeo, y que está cercano a ser eliminado en los países en los que opera, nace en España. El efecto inmediato va a ser la reducción de la rentabilidad asociada a los valores afectados. Como consecuencia, los inversores profesionales migrarán hacia los mercados bursátiles de otros países o realizarán sus operaciones a través de mercados no regulados. Esto, en un entorno en el que el volumen negociado en la bolsa española se redujo un 9,8% en 2018 –tercer año a la baja– y un 33% del volumen negociado ya se está haciendo al margen del BME, es una invitación idónea para que sólo las familias negocien -y paguen- en este ámbito.
Esto conduce necesariamente hacia un incremento de la volatilidad por un descenso de liquidez. Para que usted lo entienda: si hay menos dinero capaz de invertir en los mercados en los que operan estas empresas, es más probable que su valor se desplome -o vuele- en períodos de tiempo muy cortos. A la misma conclusión llegaron Neil McCulloch y Thornton Matheson, en sendos estudios de 2010 y 2011, respectivamente.
O, lo que es lo mismo, van a ser las familias las que se queden en la bolsa operando con acciones de empresas que, automáticamente, van a valer menos. El impacto sobre la rentabilidad directa es doble: descenso del valor de sus ahorros vía menor valor de las compañías invertidas y descenso de la rentabilidad por el pago del impuesto.
Estamos ante un impuesto regresivo, que afecta indirectamente a fondos de pensiones y fondos de inversión, entre otros. Si juntamos la inversión en renta variable con estos dos grandes grupos, están en juego más del 40% de los ahorros de las familias españolas, según Inverco.
Y no sólo eso. Esta medida genera un elenco de desincentivos a la inversión y al ahorro, con una capacidad de recaudación muy limitada. La estimada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los presupuestos es de 850 millones de euros. Y, como todas las incluidas en la tabla de nuevos ingresos –la gran mentira de los presupuestos–, no se va a cumplir.
La capitalización bursátil de las empresas cotizadas en Irlanda asciende a 118.000 millones de euros, el tipo al que se gravan las transacciones es del 1% y la recaudación a duras penas supone los 400 millones de euros. En Reino Unido pasa algo parecido: con un tipo del 1%, la capitalización bursátil es 6 veces superior a la española y los ingresos apenas 3. Debemos tener en cuenta que ambos países llevan varios años con esta medida, y el efecto descenso del volumen ya está descontado.
A nosotros aún nos queda la travesía por el desierto. No esperen más de 400 millones de euros de recaudación extra... hasta próximas subidas, tal y como ha ocurrido en Francia. El ciudadano, por tanto, tendrá un tercer impacto: el agujero en el déficit, que habrá que subsanarlo con mayores impuestos a la clase media.
En definitiva, nos enfrentamos ante un empobrecimiento generalizado, una penalización del ahorro y la inversión, y la antesala de incrementos adicionales de impuestos en el futuro. Todo un éxito del Gobierno de "la gente" que nos llama ricos a todos mientras atraca nuestros bolsillos y cuentas corrientes.
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