Es sencillamente increíble cómo pueda ocurrir esto en un país mínimamente desarrollado (primero por permitirse algo así sin problema alguno) y que sus responsables no solo sean invalidados de por vida para la función pública, los contratados despedidos inmediatamente por la vía rápida tras la comprobación (nada de adquirir derechos y asentarlos para mantenerse en el cargo y/o recibir una fuerte indemnización o conseguir que no se les pueda ya despedir) y los responsables de tal contratación ilegal y corrupta encarcelados y con penas económicas para responder ante el robo y empobrecimiento (vía impuestos y deuda para pagar dichos mantenidos) llevado a cabo contra los ciudadanos.
La naturaleza humana funciona con incentivos (de múltiples tipos). Un buen sistema político
funciona bien si tiene buenos incentivos para ello. Como dice el célebre inversor Charles Munger (socio de Warren Buffett en la mejor empresa de inversión bursátil de la historia), si uno quiere predecir cómo va a comportarse la gente, solo tiene que observar sus incentivos. De esta manera, eliminando los incentivos perversos que llevan al robo, la corrupción y el despilfarro del dinero ajeno, la gestión pública mejorará drásticamente. Si no hay penalización alguna y se legitima y acepta tales comportamientos, el incentivo del ser humano será a actuar así, porque estará actuando en beneficio propio sin costes (se enriquece él, sus afines, compra votos, ayuda a mantenerse en el poder, seguirá obteniendo réditos económicos, un puesto o subvenciones aún abandonando el poder...
Y mientras no entendamos, interioricemos y exijamos esto en cualquier partido político, estaremos colaborando a ello y nunca cambiará NADA (es más, va a peor, pues triunfa el mensaje populista y falaz que otorga más poder y recursos al político).
Carmen Obregón informe en el siguiente artículo.
Artículo de El Economista:
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Foto: Efe.
Justo en la recta final del mandato de Susana Díaz, incluso habiendo perdido las elecciones del 2-D, la portavocía de la Junta admitía hace unos días la existencia de 26.971 personas que a lo largo de los años han sido contratadas a dedo dentro del Sector Instrumental -conocida también como la Administración paralela, compuesta de consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones; en suma, de 60 organismos-.
Pero la cifra -aunque escandalosa, porque nunca ha sido reconocida por la Junta de Andalucía gobernada durante 37 años por los socialistas- viene además a desmentir a la propia Administración regional, si se tiene en cuenta los datos del último Informe de Evaluación del Impacto de Género del Presupuesto de la Comunidad Andaluza de 2018 -con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda de la comunidad-, ya que en este texto se recoge que la plantilla de las entidades instrumentales es de 23.899 personas.
La naturaleza de la diferencia entre la primera cifra (23.899 contratados), y la segunda (26.971), está en la irrupción de manera espontánea y repentina de 3.072 nuevos puestos de trabajo en un año, cuyos costes asume la Junta, si bien éstos no aparecen en el capítulo I (gastos de personal) de los Presupuestos de 2018, con la que la opacidad de estas contrataciones y de sus correspondientes sueldos aumentan las sospechas de falta de transparencia que ha regido en las actuaciones tanto de Susana Díaz, en primera instancia, como de la ministra María Jesús Montero, bajo su responsabilidad fiscalizadora como consejera de Hacienda.
La rectificación a mayores de la Junta ha coincidido con la consciencia del equipo de Susana Díaz -del que formó parte la titular de Hacienda hasta junio de 2018- de la pérdida de poder. La cuestión es si esta última cifra, la revisada en enero de 2019, concretamente de 26.971 trabajadores, es la real y con ella se plantearon los gastos de personal en los Presupuestos de 2018, o bien la Junta ha escondido deliberadamente esta cantidad nada desdeñable, y solo en el último momento ha tenido que reconocerlo antes de que sean otros quienes afeen la información. Porque de ser así, estaríamos ante una contratación masiva de 3.072 personas sin control presupuestario alguno.
Lo cierto es que el oscurantismo que rodea al personal del Sector Instrumental ha sido siempre un clásico de la política socialista andaluza. Pero en los últimos meses, denuncian sindicatos, como el CSIF, y partidos, como Ciudadanos, la turbiedad ha ido in crescendo. La prueba es la falta de datos a los que se debe tener acceso en el portal de Transparencia de la Junta, de donde se ha ido cayendo información de manera sucesiva ante la demanda de la misma.
Hoy resulta imposible conocer cuáles son las retribuciones de todos y cuántos trabajan en los entes no pertenecientes al sector público, más allá de listados en bruto del número de trabajadores de los entes no instrumentales y de alguna que otra retribución a voleo y casi arbitrariamente.
Según el último informe expedido por la Junta, ya en 2019 -sin perder de vista que la admnistración regional andaluza está trabajando con los presupuestos prorrogados de 2018, luego los datos no deben variar ni un ápice-, es la Agencia de Medio Ambiente y de Agua de Andalucía con 4.868 trabajadores, seguidas de varias agencias públicas empresariales de carácter sanitario concertado, como las del Hospital del Alto Guadalquivir, de Poniente de Almería, del Bajo Guadalquivir, de Costa del Sol, las que más trabajadores tienen registrados (entre 1.875 y 1.189 personas). Relevantes son también los números que arroja el Servicio Público de Empleo (2.020 trabajadores), la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (1.538) o, Canal Sur Radio y Televisión (1.189 empleados).
La justificación de Díaz
Los actuales Presupuestos de la Junta de Andalucía, los prorrogados de 2018, elaborados por María Jesús Montero, estiman de forma consolidada 10.668.093 euros en total para gastos de personal, como constata el Capítulo I, desglosados en 5.904.741 para la Junta (Consejería, Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Parlamento, Consejerías, Fondo Andaluz de Garantía Agraria); 4.484.852 para 12 Agencias Administrativas y, 278.499.754 para las Agencias de Régimen Especial, con la Agencia Tributaria, el Servicio Andaluz de Empleo y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. El resto, el grueso del Sector Instrumental no aparece en este capítulo presupuestario. En la lógica de las Cuentas Públicas, estos entes se financian de transferencias de la Junta y de subvenciones. Ello se puede comprobar en el Informe Económico Financiero de los Presupuestos autonómicos de 2018. Pero de lo que no hay detalle es del gasto minucioso y concreto de personal
Como herencia para Moreno Bonilla, ya recuerda la Junta en este sentido -lo ha hecho recientemente en el informe en el que corrige el dato y habla de 26.971 trabajadores del Sector Instrumental-, que las entidades que no integran en el Sector Público, "dada la participación minoritaria de la Junta", "no se someterán al control y régimen jurídico propios". Eso sí, después de un análisis, el Gobierno de Díaz ha adquirido la representación mayoritaria con la consiguiente transformación de fundaciones, como la del Instituto de Hacienda Pública de Andalucía.
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