viernes, 11 de enero de 2019

El Presupuesto y el mito del austericidio

Luís Garicano analiza el mito del "austericidio" llevado a cabo en España tras la crisis experimentada, la enorme irresponsabilidad política del gobierno del PSOE con sus medidas políticas y fiscales, y los presupuestos que pretende sacar adelante y la necesidad de reformas estructurales para corregir los graves desequilibrios internos, que permiten afrontar de manera mucho más capaz los riesgos y desequilibrios ante una nueva crisis y los riesgos macroeconómicos actuales. 

Estando de acuerdo en el diagnóstico y la necesidad de reformas en la línea que indica, sí estoy desde luego en desacuerdo en su rechazo de llevar a cabo recortes del gasto (más que necesarios a nivel estructural para corregir el enorme tamaño estatal y de gasto público llevado a cabo, y que en absoluto se resuelve solo, y él es más que consciente, solo por poner el ejemplo de las pensiones, si se pretende mantener el sistema de reparto -en mi opinión otra irresponsabilidad-), pues solo las reformas no son suficientes para sanear el grave problema de deuda pública y de falta de ahorro y de eficiencia en la asignación de recursos. 
Artículo de El Confidencial: 
Foto: Foto: Reuters.Foto: Reuters.
El debate presupuestario en España está dominado por una imagen falsa de lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Los españoles estamos convencidos de que los gobiernos han sido forzados por Bruselas a realizar profundísimos recortes. España ha sido víctima, según esta equivocada hipótesis, de un austericidio y para evitarlo hay que quitarse las ataduras con los nuevos Presupuestos.
La realidad es muy diferente. El ajuste en España ha sido más suave que en los demás países. Durante la crisis, la Comisión Europea abrió un procedimiento de déficit excesivo contra un total de 26 países —solo Estonia y Suecia se libraron—. ¿Cuántos países quedan en el procedimiento? Solo uno: España.
Veámoslo en los datos. Comparado con el momento inicial de la crisis, el Reino Unido tiene ahora un nivel de gasto público per cápita solo un 3% superior (vean lo que supone una verdadera austeridad en el gráfico), los EEUU un 13% superior y España un 15% superior (excluyendo intereses), de acuerdo con el cálculo hecho en una entrada reciente en el blog económico NadaEsGratis por los economistas José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri.
¿A qué partidas se ha dirigido este fuerte aumento del gasto? Aunque las recientes manifestaciones hagan difícil creerlo, en primer lugar, a las pensiones.  El pensionista medio tiene un poder de compra un cuarto (23%, para ser preciso) mayor a finales de 2018 que a finales de 2007. ¿Por qué? En gran parte porque las pensiones de los nuevos pensionistas son mucho más elevadas.
En segundo lugar, el aumento del gasto se dirigió a pagar por el desempleo, que en los cuatro años peores de la crisis alcanzó los 30.000 millones de euros.
En tercer lugar, se dirigió a mantener el gasto en sanidad y en educación. De acuerdo con los cálculos de Boscá, Doménech y Ferri, incluso en el momento peor de la crisis el gasto per cápita en sanidad y educación nunca fue menor que el de 2007, y ahora es un 8% superior.
En definitiva, pese a la brutal recesión que España sufrió, hemos conseguido aumentar el gasto en las principales partidas del Estado del bienestar.
Eso fue posible gracias a que España entró en la crisis con niveles relativamente bajos de deuda pública. Justo antes de la crisis, en 2007, los españoles teníamos una deuda pública per cápita de 12.000 euros —la deuda en total era de unos 525.000 millones de euros—.
Durante estos 11 años de crisis y recuperación, hemos acumulado más de 60.000 millones de euros de deuda pública cada año. Es como si hubiéramos inyectado a la economía española toda la recaudación del IRPF o del IVA —más de 1.300 euros por español al año—.
El resultado es que 11 años después la deuda se ha más que duplicado y ha alcanzado los 1,2 billones de euros. Los ahora 46 millones de españoles somos responsables de media de unos 26.000 euros de deuda pública. Es decir, a cada familia de cuatro personas le correspondería pagar, de media, unos 100.000 euros, más del doble de los 48.000 que debía en 2008.
De producirse una crisis ahora, la situación de partida sería muy diferente. Aunque todo apunta a una desaceleración relativamente suave, los riesgos de accidentes políticos en el horizonte para la economía mundial son enormes. Desde la guerra comercial entre EEUU y China, que ya ha tenido importantes efectos negativos en China y en varias industrias de EEUU, hasta el Brexit y el crecimiento global del nacionalismo y populismo, el riesgo de accidentes es grave.
En este contexto, la política económica tendrá muchas menos posibilidades de reaccionar. Los bancos centrales están comenzando a salir del ciclo más expansivo de su historia, y será difícil para ellos responder a una crisis con una bajada de los tipos suficiente—el BCE tendría que tener tipos negativos de alrededor del -3%, por ejemplo—.
Queda la política fiscal. Algunos países, los que tengan su propia moneda o tengan margen para endeudarse, podrán hacerlo. España, con un 100% de deuda sobre el PIB, tendrá una limitadísima capacidad de maniobra fiscal.
Esta limitada capacidad de maniobra se reduce aún más dado el déficit estructural de la Seguridad Social, que la AIReF cifraba ayer en un 1,5% del PIB al año, con las cotizaciones creciendo hasta 2025 al 3,8% anual (en línea al PIB nominal) y las pensiones creciendo al 4,2%.
En este preocupante contexto, es triste constatar que nada de lo que ha propuesto el Gobierno en el Presupuesto que ahora se plantea supone reducir estos desequilibrios. No se plantea ninguna reforma, ni hay medidas capaces de reducir la deuda o el déficit estructural del sistema de pensiones. Esto significa que, si se aproximara una nueva crisis, la economía española sería vulnerable y el Gobierno apenas tendría capacidad de respuesta.
Las medidas de los PGE propuestas para 2019 solo buscan recaudar más para gastar más, sin reducir el déficit estructural. El déficit no solo es una pesada mochila sobre los hombros de las familias, también es una bomba de relojería aguardando una crisis para estallar. El Gobierno pone en riesgo a todos los españoles con nuevos compromisos de gasto que harán más difícil el ajuste futuro —una vez aumentados, las prestaciones y subsidios son muy difíciles de reducir—.
La solución a estos desequilibrios no son los recortes. La consolidación fiscal necesaria pasa por hacer un programa de reformas que aumenten el empleo y la productividad de forma permanente. Necesitamos más personas trabajando. Sin embargo, todas las medidas propuestas por el Gobierno, empezando por las fuertes subidas de los costes laborales vía cotizaciones sociales y salarios mínimos, van en la dirección contraria: la de dificultar la contratación y aumentar el desequilibrio de gastos e ingresos.
El keynesianismo, bien aplicado en países como Suecia (cuyas reglas exigen un superávit del 1% medio a lo largo del ciclo), requiere hacer provisiones en los años buenos para poder revertirlas en los malos. Se trata de ahorrar durante las vacas gordas para poder comer cuando lleguen las vacas flacas. Para España, es el momento de hacer las reformas que nuestra economía requiere para crecer, crear empleo y reequilibrar las cuentas, no de anunciar nuevos programas de gasto financiados con ingresos de muy dudosa materialización, como hace el Gobierno. España debe prepararse para el futuro y eso pasa por que Sánchez abandone una acción política que solo nos traerá pan para hoy y hambre para mañana.

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