Manuel Llamas muestra la factura (para el contribuyente) y el desmpleo ocasionado de prohibir Uber y Cabify, si salen adelante las exigencias de los taxistas y la cesión al chantaje de los políticos cobardes, que debieran dimitir ipsofacto por la renuncia a la protección de los intereses de los ciudadanos viéndose sometidos (por culpa de los políticos) a monopolios impidiendo trabajar libremente y a decidir en su derecho a la libertad a otras personas.
Artículo de Libre Mercado:
Los taxistas protestan en Ifema | David Alonso Rincón
La guerra que protagoniza el taxi contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se está focalizando en Madrid y Barcelona, pero el conflicto se está extendiendo, poco a poco, a toda España. Hasta el momento, el gremio de taxistas ha cosechado un rotundo éxito de Cataluña, después de que la Generalidad acordara, entre otras medidas, exigir un período de precontratación de entre 15 minutos y 1 hora para poder solicitar un servicio a través de plataformas como Uber y Cabify. Estas nuevas restricciones expulsarán del mercado a los VTC, convirtiendo así a la Ciudad Condal en la única gran capital turística que mantiene intacto el monopolio del taxi.
En Madrid, por el contrario, se mantiene la tensión. Los taxistas continúan con sus jornadas de protestas, amenazando con colapsar la ciudad, mientras que la Comunidad de Madrid insiste en que no cederá al "chantaje". Pese a ello, el presidente autonómico, Ángel Garrido, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunciaron la semana pasada un principio de acuerdo que, a priori, obligaría a estos vehículos a guardar una distancia mínima de entre 300 y 500 metros del cliente que contrata sus servicios. Al taxi le parece insuficiente y demanda que los VTC abandonen la almendra central, lo cual retrasaría y encarecería enormemente la recogida de pasajeros.
En Valencia, por su parte, el taxi reclama al Gobierno autonómico que tan sólo puedan operar los VTC con servicios contratados con 12 horas antelación, además de no poder esperar a clientes a menos de 3 kilómetros de "zonas de influencia", como estaciones de tren, autobús, puertos, aeropuertos, centros comerciales y hospitales. Igualmente, en Andalucía, el gremio también ha empezado a movilizarse y esperan reunirse esta semana con la nueva consejera de Fomento de la Junta.
Todo el gremio demanda trabas similares a los VTC, con independencia de la comunidad o la ciudad en cuestión, incluyendo que los VTC tengan que volver a la central, ubicada normalmente a las afueras de las urbes, entre servicio y servicio. El objetivo, por tanto, es claro: acabar con la competencia imponiendo regulaciones que harían imposible la continuación de Uber y Cabify en España. Pero, ¿a qué coste?
El número de licencias VTC, contando las 5.000 que todavía están pendientes de ser concedidas por los tribunales de Justicia, supera las 17.000, según los datos facilitados por la patronal del sector, Unauto. La primera consecuencia de la prohibición sería una sustancial destrucción de empleo, ya que el sector ocupa a un total de 25.000 personas. De hecho, la previsible salida de Uber y Cabify de Cataluña ya se está traduciendo en despidos, puesto que las empresas de VTC "no están renovando contratos", tal y como avanzó a Libre Mercado el presidente de Unauto en Cataluña, Josep María Goñi.
Sin embargo, también tendría efectos perniciosos para el contribuyente. Los dueños de las licencias VTC van a recurrir ante la Justicia todos y cada uno de los decretos que prohíban su actividad por la puerta de atrás, al considerar que se trata de una "expropiación", de modo que reclamarán el correspondiente abono del justiprecio, así como posibles daños y perjuicios tanto a las Administraciones Públicas como a los responsables políticos. Y, dado que las licencias de VTC otorgadas entre 2009 y 2015, cuando este particular sector estuvo liberalizado, son legales, dan por hecho que la Justicia les acabará dando la razón.
La factura para las arcas públicas podría rondar un total de 4.000 millones de euros. En concreto, según un informe pericial elaborado por la consultora EY el pasado septiembre, el valor de expropiación nacional de las 17.549 licencias VTC oscilaría entre un mínimo de 2.472 millones y un máximo de 3.786 millones de euros.
El precio de expropiación de cada licencia VTC iría desde los 140.000 a los 216.000 euros, según este mismo informe.
Estas cantidades, en todo caso, coinciden con el negocio que generarían Uber y Cabify en los próximos cuatro años, según recoge la Memoria Económica del decreto ley que aprobó Fomento para delegar la regulación de este sector en CCAA y ayuntamientos. El Gobierno del PSOE otorgó un plazo de cuatro años a las administraciones territoriales para regular esta actividad, y, de este modo, tratar de compensar a los VTC mediante una indemnización en especie. Es decir, el propio Ejecutivo admite que la prohibición de los VTC requerirá una compensación próxima a los 4.000 millones, ya sea mediante el pago de un justiprecio o un plazo de cuatro años para que sigan explotando sus licencias.
En Cataluña, con algo más de 4.000 licencias VTC, la factura rozaría los 900 millones como máximo.
En el caso de Madrid, con cerca de 7.500 permisos, el desembolso podría superar los 1.600 millones.
En Valencia, con apenas 770 VTC, la compensación se situaría en 166 millones.
Mientras que en Andalucía, con unas 2.300 licencias, el desembolso alcanzaría los 500 millones.
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