Acuerdo de Paris. Cara solución para un 1% del problema

Daniel Lacalle analiza el reciente acuerdo de París, y los errores en los que no hay que caer, y que se ha estado cayendo en Europa.

Artículo de El Confidencial:

EFE

“Time may change me but I can´t trace time”. David Bowie

Los medios de comunicación han celebrado como un evento histórico el acuerdo de París. Sin embargo, sea cual sea nuestra opinión sobre el riego del cambio climático, el acuerdo deja más preguntas que respuestas.

Una cumbre que ha consumido 300.000 toneladas de CO2 en aviones privados, delegaciones y consumo energético debería ser un evento histórico. Pero no queda claro. Veamos por qué.

El compromiso supone mantener el aumento de temperatura por debajo de 2 grados. Todos los científicos estiman que para llegar a esa cifra se necesita reducir las emisiones de CO2 en 6.000 Gt (gigatones). Si asumimos que se cumplen a la perfección los compromisos alcanzados, que cada país consigue reducir a rajatabla lo prometido, sin filtraciones de CO2 intra-estatales o por comercio marítimo… Se alcanzará sólo un 1% de la cifra necesaria para mantener el objetivo anunciado.

Es decir, la cumbre de París deja el 99% del “problema” a decisiones discrecionales de cada país. China, el mayor emisor de CO2 del mundo, probablemente no cumplirá ni su cuota ni -desde luego- el 99% discrecional sin caer en la mayor depresión económica de su historia.

Si medimos el acuerdo en contexto económico, la incidencia puede ser doblemente negativa, además de sólo afectar a un 1% del “problema”. Primero, un coste mínimo de $1 billón anual en menor crecimiento de PIB y mayores precios de la electricidad, gas y combustibles y segundo, el riesgo de mayor presión fiscal y tarifas a los ciudadanos. Por el lado positivo, inversión en redes, eficiencia y transición energética. Pero ojo con asumir efectos multiplicadores que no se han dado nunca.

Es típico de este tipo de cumbres ignorar el efecto en menor crecimiento y desarrollo a corto plazo de unos costes ciertos y cuantificables para llegar a un tratado que no soluciona prácticamente nada.

Si los líderes globales estuvieran realmente preocupados por el cambio climático las medidas que deberían haber tomado serían de oferta, aquellas que aceleran la transición competitiva, no la subvención, y la caída de precios a los consumidores. Ese error ya lo hemos vivido en la Unión Europea, que es menos del 12% de las emisiones de CO2 pero el 100% del coste y no solo no ha cambiado el patrón de crecimiento sino que sostiene sectores como el carbonero vía ayudas estatales.

Los estados parecen incapaces de saber cómo resolver la ecuación de descarbonizar la economía y a la vez mantener el crecimiento, empleo e industria. Fundamentalmente porque siempre lo analizan desde el dirigismo y la subvención, desde políticas de demanda, no desde la competencia y la eficiencia.

El tratado de París no va a evitar la transición, pero dejando el 99% del problema en incertidumbre y poniendo en riesgo el crecimiento económico por atacar el 1% vía dirigismo, puede conducir a que se sigan cometiendo los errores del pasado.

Las industrias más afectadas son, claramente, las más intensivas en capital y algunas de las que crean más empleo. Por lo tanto, para avanzar en un modelo descarbonizado no podemos partir de la base de que el coste es irrelevante y que ese billón de dólares anual de coste va a ser -de nuevo- sufragado por el consumidor vía tarifa o por el contribuyente vía mayores impuestos. La competencia generaría un efecto mucho más positivo. Y de hecho así ha ocurrido en EEUU, donde se han reducido más las emisiones de CO2 que en Europa desde 2009 y sin embargo las tarifas han bajado.

Avanzar hacia una economía más limpia y eficiente es deseable. De hecho, es inevitable. Pero no nos damos cuenta de que subvencionando y sosteniendo sectores ineficientes retrasamos dicho proceso y encima entorpecemos la actividad económica. Es un error si no contamos con la importancia de que ese proceso se haga desde la competencia entre industrias y tecnologías, haciendo que la eficiencia genere un coste menor para los ciudadanos y apoye el crecimiento económico. Porque si no, lo que ocurre es que la deslocalización de empresas y la pérdida de empleo e industria se convierte en un escollo, y el peso de las subvenciones y los fondos perdidos en gasto político, dan como resultado mayores impuestos y menor crecimiento.