José Carlos Rodríguez analiza la cuestión sobre el control de armas, debate en EEUU que cobra nuevamente actualidad, tras la publicación de un nuevo informe del Servicio de Investigación del Congreso sobre la evolución de matanzas públicas y otro del Crime Prevention Research Center sobre la cuestión de la incidencia de las zonas libres de armas.
Artículo del Instituto Juan de Mariana:
La matanza de San Bernardino ha despertado de nuevo el debate sobre el control de armas. Barack Obama ha dado el quinto discurso a favor del control en cuatro meses. Con la mala suerte de que parece que el debate ha sido al final otro, dado que a todas luces estamos hablando de un atentado terrorista motivado por el islamismo.
En cualquier caso, el debate está ahí, y hay cierta sensación de que el número de atentados públicos con armas son cada vez más en los Estados Unidos. Por suerte, el Servicio de Investigación del Congreso ha elaborado un informe que arroja bastante información sobre este desgraciado fenómeno.
El informe está bien elaborado, y cuenta con el aval de algunos autores que son también expertos en el tema. Con él podemos responder a algunas preguntas.
La primera es si estas matanzas públicas han aumentado, como parece, o no. Y sí lo han hecho. Define como asesinato masivo aquel en el que se mata a cuatro o más personas en un único sitio, en un único episodio. El informe cubre los quince años que van de 1999 a 2013, aunque también recoge datos de informes anteriores. Observando los datos año a año, parece haber un ligero aumento, pero no se ve con claridad hasta que, como hace el informe, no se agrupa por períodos de cinco años. Así, de 1999 a 2003 hubo de media 20,8 incidentes por año, 20,2 de 2004 a 2008 y 22,4 de 2009 a 2013. El número de víctimas mortales también ha aumentado: 95,8 de media por año en el primer lustro, 99,0 en el segundo y 116 en el tercero.
El informe distingue estas matanzas entre atentados masivos (mass public shootings), atentados familiares (familicide) y otros crímenes (other felony mass shootings). En estas tres categorías también ha habido cambio en los últimos años. Ha aumentado el número de atentados masivos (de 4,2 por año durante los dos primeros lustros analizados, 4,8 en el último). Lo mismo ocurre con los atentados familiares (7,6, 7,4 y 10,4), pero no con los relacionados con otros crímenes, que están decreciendo. Se observa, también, que decrece el número de días entre incidentes y, por tanto, que son cada vez más frecuentes.
El informe, sin embargo, no acaba de dar respuesta a alguna de las cuestiones más importantes. Los atentados masivos son prácticamente desconocidos antes de la década de los 70, aunque hay algún caso puntual anterior. Este hecho hace pensar que no es ni la libertad de armas ni su presencia la clave para entender por qué tienen lugar, aunque es legítimo plantearse si un mayor control, o una mayor libertad, contribuirán a mejorar la situación.
Hay otras explicaciones posibles, como los antecedentes o la salud mental. El informe recoge, con pinzas, que “según algunos informes (…) que algunos asesinatos en masa no tenían ninguna interacción con la comunidad de la salud mental, o ninguna, y no siempre tenían un historial de registros criminales”. Pero la incidencia es mayor en los asesinatos familiares y en los que están relacionados con otros crímenes. Recoge, de todos modos, que “la mayoría de los asesinos en masa se puede decir que sufren algún tipo de enfermedad mental, aunque sea temporal”, pero como muchos de ellos no tienen afecciones psicóticas o alucinatorias, no han pasado por ninguna institución de salud mental. En uno de cada diez incidentes se utilizaron armas que se consideran “de asalto”.
Otro informe, elaborado por el Crime Prevention Research Center, y publicado en octubre de 2014, atiende precisamente la cuestión de la incidencia de las zonas libres de armas (gun free zones). El informe está elaborado por John R. Lott y recoge y reinterpreta los datos ofrecidos por otro informe. Se refiere a los atentados masivos ocurridos desde 2009 hasta julio de 2014, y resulta que “sólo el 8 por ciento de los atentados masivos públicos han ocurrido en lugares en los que a los ciudadanos se les permitía defenderse”.
En el mismo informe, Lott recoge que para el 52 por ciento de los casos, la salud mental de los asesinos había sido objeto de algún tratamiento. “Esta tasa”, dice, “es extremadamente similar a la que halló el New York Times en su análisis de asesinatos masivos de 1949 a 1999”.
El control de armas sería enormemente costoso, no ya en términos económicos, sino por lo que se refiere a las libertades civiles. Además, ese control tendría efectos negativos sobre la incidencia del crimen, por muchos motivos que se han expuesto en los comentarios del Juan de Mariana. Y, como se puede entender de la incidencia de la mala salud mental, y el campo abierto de las zonas libres de armas, no tendría efectos positivos sobre la reducción de los asesinatos públicos.
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